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viernes, 9 de diciembre de 2011

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El informe final de la CMR, presenta amplia evidencia de que las represas grandes no han logrado producir la electricidad ofrecida, suministrar el agua requerida ni prevenir los perjuicios por inundaciones en la medida predicha por sus promotores. Además, estas obras típicamente superan sus presupuestos de costos y de tiempo de construcción. Ademas producen graves daños ambientales y los daños ambientales se traducen en un impacto grave y repetido a los derechos humanos de las personas y comunidades afectadas. 
 
 
"No necesitamos vuestra electricidad. La electricidad no nos dará comida...
Necesitamos los bosques para cazar y recolectar.
No queremos vuestra presa"
Mujer kayapó a un funcionario brasileño, 1989
 
a) Discursos a favor y en contra de las represas
Lo que dicen los promotores de las represas (constructores, financistas, gobiernos) es que hay demandas de energía, las hidroeléctricas proporcionan energía más barata y no son contaminantes, generan desarrollo, empleo, facilitan la electrificación de las comunidades, energía para exportar en los mercados, va a traer proyectos, que va a sacar a la gente de la pobreza… y un montón de argumentos.

Los que se oponen a éstas (no necesariamente contrarios al desarrollo, como dicen los primeros) señalan los impactos adversos de las represas, como la carga del endeudamiento, el sobre-costo, el desplazamiento y empobrecimiento de personas, la destrucción de importantes ecosistemas y recursos pesqueros, y la inequitativa distribución de costes y beneficios. (2)

Esto ha generado enfrentamientos y conflictividad entre quienes les urge gastar su dinero en este tipo de proyectos y los que defienden sus derechos a la vida, tierras, territorios, recursos naturales y dignidad. Ante la creciente oposición a las represas grandes en el mundo, el Banco Mundial y la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), en mayo de 1998 establecieron la Comisión Mundial de Represas (WCD), cuyo mandato fue:

a) revisar la eficacia de las represas grandes para impulsar el desarrollo y evaluar las alternativas para desarrollar recursos hídricos y energéticos, y
b) desarrollar criterios, lineamientos y normas internacionalmente aceptables para la planificación, diseño, diagnóstico, construcción, operación, monitoreo y desmantelamiento de las represas.
Para cumplir con su mandato y fundamentar su informe y conclusiones, la Comisión Mundial de Represas realizó:
a) Estudios detallados de 8 embalses grandes en 5 continentes y documentos que evalúan los resultados de las represas en China, India y Rusia.
b) 17 revisiones temáticas sobre los aspectos sociales, ambientales, económicos y financieros; alternativas a las represas; diferentes enfoques hacia la planificación y diagnósticos de impacto ambiental.
c) Breves revisiones de 125 represas grandes en 56 países.
d) Cuatro audiencias públicas en diferentes regiones; y,
e) 950 presentaciones entregadas por individuos, grupos e instituciones interesados.
El informe de la CMR: “Represas y Desarrollo: Un Nuevo Marco para la Toma Decisiones”, de 412 páginas, salió en el mes noviembre del 2002.

b) ¿Cuáles fueron las principales conclusiones del informe de la Comisión Mundial de Represas (CMR)?
La CMR halló que, mientras que “las represas han hecho una contribución importante y significativa al desarrollo humano, y han sido considerables los beneficios derivados de ellas. En demasiados casos se ha pagado un precio inaceptable y a menudo innecesario para conseguir dichos beneficios, en especial en términos sociales y ambientales, por las personas desplazadas, por las comunidades aguas abajo, por los contribuyentes y por el medio ambiente natural” (3). Se considera inaceptable aplicar un enfoque de “estado de situación financiera” (de ganancias y pérdidas) para evaluar los costos y beneficios de las represas grandes, compensando las pérdidas de un grupo humano con las ganancias de otro –especialmente en vista de los compromisos vigentes con los derechos humanos y el desarrollo sostenible.

El informe final de la CMR, presenta amplia evidencia de que las represas grandes no han logrado producir la electricidad ofrecida, suministrar el agua requerida ni prevenir los perjuicios por inundaciones en la medida predicha por sus promotores. Además, estas obras típicamente superan sus presupuestos de costos y de tiempo de construcción. Adicionalmente, el informe demostró que:

1) Las represas grandes han obligado a abandonar sus hogares y tierras a 40-80 millones de personas, con impactos que incluyen extremos sufrimientos económicos, la desintegración de sus comunidades, y un incremento en sus problemas de salud mental y física. Las comunidades indígenas, tribales y campesinas han sufrido de manera desproporcionada. Las personas que viven río debajo de los embalses también han sufrido por enfermedades transmitidas por el agua y la pérdida de los recursos naturales de los cuales dependían para ganarse el sustento.
2) Las represas grandes causan grandes daños ambientales, incluyendo la extinción de muchos peces y otras especies acuáticas, tremendas pérdidas de bosques, humedales y tierras agrícolas.
3) Los beneficios de las represas grandes han sido principalmente para la gente rica, mientras que los pobres han tenido que soportar sus costos (4).

c) ¿Cuáles fueron las conclusiones del informe: Grandes Represas en América, ¿Peor el remedio que la enfermedad? de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA?
A través de los cinco estudios de casos (5), del análisis de experiencias a nivel mundial, y de estudios científicos, encontró que los impactos ambientales más frecuentes derivados de grandes represas se resumen en:

1. Empeoramiento de la calidad y salubridad de las aguas tanto río arriba como río abajo por la modificación artificial de las cuencas hidrográficas. Bloquear el flujo natural causa aumentos en la sedimentación, con acumulación de nutrientes y organismos que incitan la proliferación de algas, pudiendo cubrir la superficie del embalse e inutilizar su agua para el consumo doméstico e industrial. Los grandes embalses pueden también producir contaminación con sustancias o bacterias tóxicas que amenacen la salud pública.
2. Degradación de los ecosistemas acuáticos, de hecho, las grandes represas son la principal causa física de ésta degradación. Al menos 400,000 km2 de los ecosistemas ribereños más diversos del mundo, se han perdido al ser inundados para crear represas.
3. Impactos a la biodiversidad, por ejemplo afectaciones a especies de peces migratorios son muy graves por la construcción de grandes represas en sus hábitats, debido a que estas especies requieren una fuente de agua dulce fluida y no obstruida para poder procrear y desovar.
4. Impactos en el cambio climático por el aumento en la emisión de gases efecto invernadero causados por la descomposición de materia orgánica inundada por la obra. Asimismo, el cambio climático podría impactar la seguridad y productividad de las represas por cambios drásticos en precipitaciones y sequías.
5. Efectos sísmicos que las grandes represas y los embalses pueden producir por la alta presión del agua del embalse, lo cual puede lubricar las fallas tectónicas y reducir el rozamiento entre las superficies de las rocas subterráneas (6).


En cuanto a la violación del derecho internacional ambiental y de los derechos humanos, estos proyectos –represas- demuestran que los daños ambientales se traducen en un impacto grave y repetido a los derechos humanos de las personas y comunidades afectadas. Sigue demostrando el informe que estos proyectos desconocen las normas del derecho internacional ambiental y diversos estándares internacionales sobre la implementación y operación de represas y otras grandes construcciones que deben considerarse al promover un proyecto. El análisis desde el derecho internacional acerca de la situación de grandes represas en la región evidencia las siguientes violaciones más importantes:

1. Afectaciones a la salud, pérdida de fuentes de alimentación y formas de vida tradicionales. En la construcción de grandes represas se ha documentado la destrucción de ecosistemas estratégicos esenciales para la biodiversidad y para las poblaciones humanas, incluyendo bosques, humedales y zonas fértiles cultivables. Tales impactos pueden causar la acumulación de sedimentos tóxicos como los metales pesados en las aguas de los embalses y en aguas subterráneas, aumento de enfermedades transmitidas por agua e insectos, daños irreversibles de los ciclos de reproducción y migración de los peces, y la reducción del agua disponible para el riego. Por ende, las represas no sólo tienen un impacto ambiental directo, sino también afectan la calidad de vida, la salud, el acceso a fuentes de alimentación y las formas de vida tradicionales.
2. Desplazamientos forzados. Una grave consecuencia de la construcción de grandes represas es el desplazamiento forzado de personas y comunidades enteras, vulnerando seriamente sus derechos humanos, particularmente el derecho a la libre circulación, a la propiedad, a la vivienda y a la indemnización adecuada. Estos desplazamientos continúan ocurriendo sin la implementación de las medidas necesarias para evitar estas consecuencias, entre ellas la realización de estudios previos, procesos efectivos de consulta y participación pública oportuna y efectiva, y planes de indemnización y compensación adecuada.
3. Evaluaciones de impacto ambiental y social integrales. Otra de las faltas significativas de los proyectos de grandes represas que se implementan de una manera inadecuada es la falta de evaluaciones de impacto ambiental y social (EIA), requeridos de acuerdo con múltiples normas y estándares internacionales. Las EIA (7) integrales hacen parte de los principios de derecho ambiental internacional y están incluidos en tratados como el Convenio sobre la Biodiversidad. Estas evaluaciones son esenciales para identificar, analizar y posteriormente reducir o eliminar los posibles daños ambientales de un proyecto, y por ende, las afectaciones a los derechos humanos involucrados. Las EIA están vinculadas también con el derecho al acceso a la información, y la obligación de garantizar todos los derechos de forma universal.
4. Consulta y participación pública. Un requisito esencial que el desarrollo de estos proyectos debería cumplir es la implementación de procesos de consulta previos y efectivos, con las comunidades y poblaciones afectadas y demás interesados, para permitirles una participación real e informada. Así lo ordenan las normas y estándares internacionales, con el fin de garantizar los derechos humanos especialmente la participación pública, el acceso a la información, así como los demás derechos que pueden verse transgredidos por las grandes represas, según se ha mencionado. Además, garantizar la consulta y la participación es un requisito esencial para la protección del derecho a un ambiente sano y de otros derechos humanos que se pueden ver afectados por la degradación del ambiente. Sin embargo, esto no sucede para los proyectos analizados en la región, en los cuales no se permite a las comunidades afectadas la oportunidad de participar de una manera real y efectiva.
5. Acceso a la información. El acceso libre, adecuado y oportuno a la información pública es clave para garantizar la protección del ambiente y la participación de las personas afectadas en procesos de planeación y aprobación de las represas. Sin ello la participación no sería posible dado que es necesario que las personas interesadas estén conscientes de los riesgos y las consecuencias asociados con la represa para una efectiva protección de sus derechos. Además de ser un derecho humano, el acceso a la información en proyectos de grandes represas para las personas y comunidades afectadas es también requerido por múltiples estándares internacionales. Así, los Estados deben contar con procedimientos públicos y efectivos para acceder a la información sobre las licencias, concesiones y las evaluaciones realizadas, o las motivaciones por las cuales no se han realizado, y cualquier otro tipo de información relevante al proyecto.
6. Derechos de los pueblos indígenas y tribales: Frecuentemente la construcción de grandes represas implica afectaciones a comunidades de pueblos indígenas y afrodescendientes. Existen derechos y estándares internacionales específicos para proteger a estos pueblos y la relación cultural particular que gozan las comunidades con sus territorios tradicionales, incluyendo el derecho a ser consultados y a obtener su consentimiento de forma libre, previa e informada, para proyectos que pueden afectarlos (8). A pesar de esto, repetidamente se les niega a las comunidades la posibilidad de una consulta y participación adecuada, entre otros derechos. Por ello, es esencial recordar que los Estados tienen la obligación de respetar los derechos de éstas comunidades al implementar grandes represas, de conformidad con los estándares internacionales.
7. Criminalización de la protesta social. En algunos casos de grandes represas ha habido hostigamiento de las personas y comunidades que defiende sus derechos, incluyendo iniciación de procesos judiciales, uso de fuerza en protestas pacíficas y amenazas e incluso ataques a líderes y personas de las comunidades.
Estos hechos han sido examinados por diversos órganos de derecho internacional para casos de grandes represas y también en otros contextos, y se consideran criminalización de la protesta civil, que es contrario a los derechos humanos. El aumento de estos proyectos de infraestructura sin que se adecuen a los estándares internacionales implica un potencial agravamiento de esta situación, debido al aumento de nuevas comunidades afectadas en defensa de sus derechos y buscando la garantía de su participación pública efectiva.

d) ¿Qué recomiendan los informes de la Comisión Mundial de Represas y la de la Asociación Interamericana?
La CRM recomienda:

a) Ninguna represa debe construirse sin la “aceptación demostrada” de las personas afectadas, y sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y tribales afectados.
b) Deben desarrollarse diagnósticos completos y participativos de las necesidades hídricas y energéticas de las personas, así como de diferentes opciones para satisfacer dichas necesidades, antes de proceder con cualquier proyecto.
c) Deben priorizarse los esfuerzos por maximizar la eficiencia de los sistemas hídricos y energéticos existentes antes de construir proyectos nuevos.
d) Deben realizarse revisiones participativas periódicas de los embalses existentes para evaluar elementos como su seguridad, y la posibilidad de retirarlos de funcionamiento y regresar, en lo posible, a la situación vigente antes de su construcción.
e) Deben desarrollarse mecanismos para indemnizar, o compensar retroactivamente, a quienes hayan sido perjudicados por las represas existentes, y para restaurar los ecosistemas dañados.
El informe de la Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente, recomienda a los Estados:
a) Promover políticas públicas que motiven el uso eficiente de la energía y del agua, y que fomenten el desarrollo de energías alternativas verdaderamente limpias, que sean menos dañinas que las grandes represas;
b) Evaluar de manera integral los proyectos actuales y futuros que impliquen la construcción de grandes represas, para diagnosticar las alternativas posibles a la producción de energía interna y el manejo de los recursos hídricos;
c) Crear e implementar adecuadamente procedimientos que garanticen una participación pública oportuna, integral y efectiva a las comunidades y personas interesadas en todas las etapas de la planificación e implementación de los proyectos de grandes represas, particularmente en relación con poblaciones que serán desplazadas y comunidades indígenas, tribales y de campesinos;
d) Requerir en la legislación nacional que los estudios de impacto ambiental y social se adecuen a los estándares y normas internacionales sobre el tema, y que se realicen de una manera rigurosa por entidades independientes, que evalúen la totalidad de los impactos acumulativos y de largo plazo de los proyectos, incluyendo impactos al cambio climático, los ecosistemas y fuentes de alimentación locales, afectaciones sísmicas y alternativas posibles;
e) Respetar de conformidad con las recomendaciones de organismos de derecho internacional, los derechos humanos de las personas que defienden los derechos y el ambiente, que se puedan ver amenazados por proyectos de grandes represas, y reconocer la labor de estas personas;
f) Asegurar el acceso efectivo, libre y oportuno a la información, documentación y permisos relacionados con los proyectos de represas en cualquier etapa de planificación, construcción u operación, a cualquier persona, comunidad u organización interesada, proporcionando mecanismos de fácil acceso y distribución de la información;
g) Desarrollar proyectos energéticos que sean verdaderamente necesarios, con un enfoque de derechos humanos y de protección ambiental, y que consideren los beneficios y alternativas a corto, mediano y largo plazo;
h) Aplicar los estándares nacionales e internacionales vigentes y atender las recomendaciones de las instancias nacionales e internacionales respecto a proyectos nuevos y existentes e implementarlas de manera efectiva, particularmente acatando a las recomendaciones de la Comisión Mundial de Represas en esta materia (9).

www.ecoportal.net
Efrén Diego Domingo
Referencias:
(1) AIDA es una organización no gubernamental internacional con la misión de fortalecer la capacidad de las personas para garantizar su derecho individual y colectivo a un ambiente sano por medio del desarrollo, aplicación y cumplimiento efectivo de la legislación nacional e internacional.
(2) Efrén Diego Domingo: Las represas, sus lados oscuros y nuevas formas para tomar decisiones: http://www.ecosistemas.cl/...
(3) Represas y desarrollo: Un Nuevo marco para la toma de decisiones. El reporte final de la Comisión Mundial de Represas. Resumen Ejecutivo, pág. xxx.
(4) Aviva Imhof, Susanne Wong y Peter Bosshard. Guía Ciudadana sobre la Comisión Mundial de Represas, publicado por International Rivers Network / Red Internacional de Ríos, pág. 2, Berkeley, California, USA 2002-04-12. http://www.internationalrivers.org/...
(5) Yacyretá (Argentina y Paraguay), Río Madeira (entre Bolivia y Brasil), Baba (Ecuador), Chan-75 (Panamá) y La Parota (México)
(6) Resumen Ejecutivo del informe de AIDA en: http://www.aida-americas.org/...
(7) Para casos relacionados con pueblos y comunidades indígenas, los Estudios previos de impacto social y ambiental son de suma importancia. La Corte Interamericana, en su sentencia de interpretación del 12 de agosto de 2008, caso del pueblo Saramaka vs. Surinam, párrafos 40 y 41 explica “los EISAs sirven para evaluar el posible daño o impacto que un proyecto de desarrollo o inversión puede tener sobre la propiedad y comunidad en cuestión. El objetivo de los EISAs no es sólo tener alguna medida objetiva del posible impacto sobre la tierra y las personas, sino también, como se señaló en el párrafo 133 de la Sentencia, asegurar que los miembros del pueblo Saramaka tengan conocimiento de los posibles riesgos, incluidos los riesgos ambientales y la salubridad, a fin de que acepten el plan de desarrollo o inversión propuestos con conocimiento y de forma voluntaria”. Los EISAs deben realizarse conforme los estándares internacionales y buenas prácticas al respecto y deben respetar las tradiciones y cultura del pueblo Saramaka. (…) los EISAs deben ser asumidos por entidades independientes y técnicamente capacitados, bajo la supervisión del Estado. Uno de los factores que debiera tratar el estudio de impacto social y ambiental es el impacto acumulado que han generado los proyectos existentes y los que vayan a generar los proyectos que hayan sido propuestos. Lo mejor de esta sentencia es que es vinculante para todos los Estados americanos.
(8) El derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado a los pueblos y comunidades indígenas se encuentra reconocido en los artículos 6, 7 y 15 del Convenio 169 de la OIT y el artículo 19 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su sentencia de interpretación en el caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, con fecha 12 de agosto de 2008, párrafo 17, enfatizó: “cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que podrían afectar la integridad de las tierras y recursos naturales del pueblo Saramaka, el Estado tiene la obligación, no sólo de consultar a los Saramaka, sino también de obtener su consentimiento previo libre e informado, según sus costumbres y tradiciones”.
(9) Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. Grandes Represas en América ¿Peor el remedio que la enfermedad? Principales consecuencias ambientales y el los derechos humanos y posibles alternativas. Pág. 111, año 2009.

miércoles, 7 de diciembre de 2011

Minería: cavarnos la propia tumba

El estudio del economista estadounidense Thomas Michael Power, desmiente el discurso usado para justificar la actividad minera en los países en desarrollo y afirma que Estados Unidos, Canadá y Australia no se desarrollaron gracias a la minería sino debido a procesos institucionales, tecnológicos y empresariales más complejos donde la explotación minera no fue necesaria o suficiente para que se produjera. Una mirada sobre el impacto regional y local en esos países, negativo en lo económico y de mínima incidencia en las economías nacionales.
 
 
Introducción
La narración simplista es una forma peligrosa de definir políticas de desarrollo económico. Por eso cuando se promueve la actividad minera como camino obvio –incluso necesario- para los países en desarrollo y sus regiones deprimidas que buscan el crecimiento económico sostenido, el sector minero y sus aliados aplican un "razonamiento por analogía histórica" que tiene forma de cuento popular repetido muchas veces.

Esta analogía que frecuentemente se pretende hacer de la experiencia de desarrollo con la minería de países como Estados Unidos, Canadá y Australia es equivocada porque la minería aisladamente nunca fue un factor estimulante significativo para el desarrollo económico de ninguna de esos tres países.

Esto no quiere decir que la minería no cumplió un rol en el desarrollo de las economías de esas naciones. Sin embargo, este rol fue mucho más sofisticado y complicado que el que presentan las narraciones interesadas que plantean los técnicos y funcionarios ligados al sector minero:

• En esos países la minería estuvo relacionada a una transformación total de la organización empresarial y financiera, la educación y la investigación, la acumulación de capital humano y la expansión de la infraestructura y se vio fortalecida por instituciones políticas muy desarrolladas y estables que respetaban el cumplimiento de la ley, los mercados y la empresa privada.

• Los valores culturales promovían una visión emprendedora de la oportunidad económica mientras las políticas públicas alentaron una distribución amplia de la tierra y los recursos que redujo la desigualdad en el ingreso.

• Los tres países poseen territorios de gran extensión, con amplios mercados internos o externos limítrofes, protegidos por el alto costo del transporte y sus propias barreras comerciales, a la vez que –cuando el proceso de industrialización se puso en marcha- las tres naciones tenían altos ingresos. Eran países "pobres en mano de obra" pero "ricos en recursos naturales".

Casi ninguna de estas condiciones favorables es característica de los países en desarrollo, lo que hace que el "razonamiento por analogía histórica" sea inadecuado para evaluar estos países, siendo un planteo mecánico y demasiado simplista.

Las grandes inversiones en una industria específica (minería) para apoyar un sector determinado de la economía (las exportaciones) por sí mismas no estimularán el desarrollo económico sostenido. Se comprueba que mientras mayor es la dependencia de las naciones en desarrollo en las exportaciones basadas en recursos naturales, más lenta ha sido la tasa de crecimiento de su PBI per cápita.

Además, las inversiones que muchas corporaciones transnacionales quieren hacer en los países en desarrollo no apuntan la generación de oportunidades económicas variadas, una distribución más equitativa de los ingresos y la toma de decisiones democrática, ni se concentran en actividades económicas que promuevan el desarrollo del capital humano e institucional además de fortalecer la fuerza de trabajo y el medio ambiente.

Una propuesta indecente
La minería parece haber cumplido un rol importante en la historia del desarrollo y la consolidación industrial de Estados Unidos, Canadá y Australia logrando su crecimiento económico sostenido. Su historia sugiere que la minería tiende a atraer grandes inversiones y generar rentas considerables, que pueden financiar inversiones adicionales, estimular el desarrollo de la infraestructura de transportes, pagar salarios relativamente altos y apoyar el desarrollo de la industria manufacturera local para el procesamiento de los minerales.

Este razonamiento histórico propone que la minería puede ser potencialmente el "gran impulso" para que los países en desarrollo escapen a la "trampa de los bajos ingresos" que mantiene a muchos de ellos en la pobreza.

Pero la minería no sería un tema polémico si fuera "sólo una industria más" con aspectos negativos y positivos similares a la mayoría de las demás actividades económicas.
  • La minería hace uso intensivo de la tierra y de los recursos ambientales conduciendo muchas veces a una degradación ambiental significativa y duradera.
  • Debido a que los precios de las materias primas minerales tienden a ser volátiles, el ingreso y el empleo en la minería también pueden ser inestables.
  • Los proyectos mineros necesariamente merman o agotan los yacimientos minerales que explotan, con una vida útil limitada y habitualmente corta para cualquier proyecto.
  • La minería tiende a requerir uso intensivo de capitales, utiliza tecnologías que disminuyen las necesidades de mano de obra y los rápidos cambios tecnológicos han reducido sistemáticamente las oportunidades de empleo local.
  • También puede generar enormes excedentes sobre los costos y la lucha por el control y uso de esos remanentes puede ser improductiva e incluso violenta. Los altos salarios relativos y los excedentes relacionados a la minería también pueden exacerbar la desigualdad de ingresos, incrementando el conflicto social y la inestabilidad política.
Los proyectos mineros son presentados fuera del mundo desarrollado concentrándose en los supuestos beneficios potenciales para el desarrollo económico asociado a la propuesta minera, dándolos por descontado o como resultado de análisis muy informales.

El mito y la realidad
Las industrias basadas en los recursos naturales fueron importantes en diversas etapas del desarrollo económico de Estados Unidos, Canadá y Australia pero la industria minera no fue necesaria o suficiente para que se produjera. Después que los europeos arrebataron el control de Norteamérica y Australia a la población indígena radicalmente disminuida, no sorprende que en esa ocupación territorial se utilizara los recursos naturales. Si ese patrón inicial de actividades de colonización fue fundamental para el surgimiento de una economía moderna desarrollada exitosa es otro asunto. El hecho que un evento preceda a otro ni implica que le primero sea la causa del segundo.


Es muy interesante verificar que muchas de las naciones más prósperas del mundo no son ricas en recursos sino todo lo contrario. Territorios pobres en recursos naturales como Japón, Suiza, Irlanda, Hong Kong y Singapur son ejemplos obvios.

En la clasificación de países por la renta nacional por personal del Banco Mundial del año 2002, por lo menos la mitad de las 25 naciones más ricas son consideradas pobres en recursos naturales.

Es claro que el desarrollo basado en los recursos naturales no es necesario para un desarrollo exitoso y tampoco lo asegura. Las lecciones obtenidas del análisis detallado de muchos países son variadas y complejas y contradicen las conclusiones de aquéllos que usan la analogía histórica para abogar a favor de la minería en los países en desarrollo.

El análisis crítico de los datos de las economías de Estados Unidos, Canadá y Australia demuestran que cuando las economías de esos países iniciaban la industrialización y el camino del crecimiento económico sostenido, la minería y las exportaciones mineras no representaron una parte predominante de su economía. A lo sumo la minería logró picos circunstanciales de solo el 6,5% como máximo en la participación dentro de las economías de esos tres países. Esto contrasta de manera dramática con la situación de muchas naciones en desarrollo donde el componente de las exportaciones basadas en recursos naturales represente entre el 10 y 85% del PIB.

Los pueblos fantasmas existen
Yendo a un análisis del desempeño de las economías de regiones o localidades dependientes de la actividad minera en Estados Unidos, Canadá y Australia, debemos considerar sus extensiones geográficas lo cual hace que existan diversos recursos naturales en distintos puntos del territorio.

En Estados Unidos esto llevó a que las extracciones de hierro y carbón se hicieran en determinadas regiones pero la industria del acero se instaló en puntos distantes de las zonas de explotación. El cobre y sus variaciones en los costos de producción produjo un traslado de la explotación hacia otros regiones. Mientras que la extracción de oro y plata recorrió el oeste norteamericano de un yacimiento a otro.

En muchas naciones no desarrolladas no existe esa amplitud territorial y lleva a que las explotaciones se realicen en un país y su procesamiento en otros.

Todavía persiste en Canadá y Australia el patrón de impacto regional masivo debido al corto plazo de aprovechamiento de los yacimientos seguido por su abandono total. El "pueblo fantasma" apareció en el lenguaje estadounidense por el carácter de corto plazo de las explotaciones mineras.

Incluso cuando los yacimientos son tan grandes como para sostener las operaciones mineras durante varias décadas, el impacto económico local con frecuencia no es del todo positivo: los cambios tecnológicos y la inestabilidad de los precios de la materia prima y su interrelación con la mano de obra generaron altas tasas de desempleo, caída de los salarios y depresión de la economía local.

A pesar de la riqueza que la minería genera y de los salarios relativamente altos que se paga a los mineros, muchas comunidades mineras norteamericanas no son prósperas y regiones tradicionalmente mineras se han convertido en sinónimo de pobreza persistente. Últimamente algunos de estos lugares han comenzado a recuperarse como resultado de nuevas actividades económicas no relacionadas con la minería y una migración más flexible.

Una mirada atenta al comportamiento de los índices de crecimiento de los salarios y el ingreso per cápita en muchos condados mineros estadounidenses nos muestra que las remuneraciones crecen más lentamente entre un 30 y 50% que en otros condados.

Mientras que algo parecido sucede con el ingreso per cápita en los condados dependientes de la minería donde en el año 2000 una persona percibía u$s 9.500 menos por año que el ingreso promedio en otros condados.
Estos datos demuestran por qué en esos lugares su crecimiento poblacional fue negativo.

El desempleo es mayor en los condados mineros y los estudios demuestran que los altos salarios que paga la minería atraen a trabajadores que esperan obtener uno de esos puestos mientras que los obreros que pierden el empleo no abandonan la zona porque es improbable que encuentren un trabajo con un sueldo tan bueno.
Desde la perspectiva del desarrollo económico, sea cual fuera el impacto de la minería a nivel nacional en Estados Unidos, las actividades mineras no han activado el crecimiento sostenido en las regiones donde se llevaron a cabo. Los condados que actualmente dependen de la minería siguen rezagados en la economía nacional.

Esta experiencia regional contemporánea con la minería en una de las naciones más avanzadas del mundo es una advertencia importante para las naciones en desarrollo: la minería causa serios problemas económicos, llevando a mayor desigualdad regional, al desempleo y a la pobreza.

Conclusiones
Los defensores de la minería exageran el rol de ella en el desarrollo económico de Estados Unidos, Canadá y Australia. La minería cumplió un rol muy modesto en el proceso de industrialización y en la definición de sus patrones de crecimiento sostenido. Sólo un pequeño porcentaje del producto económico nacional provenía de la minería. En el proceso seguido por estos países la minería fue parte de un patrón complejo de desarrollo institucional, tecnológico y empresarial que abarcó también a la agricultura, la industria, el comercio y los servicios.

a. El razonamiento por "analogía histórica" exagera intencionalmente los pretendidos beneficios económicos de la minería ignorando las condiciones iniciales específicas y las características históricas seguidas por estos países. Tiende a ignorar los cambios en la economía mundial, la tecnología y la organización empresarial desde esos períodos históricos iniciales. También sobredimensionan la importancia de una sola actividad (la minería) en un sector específico (las exportaciones).

b. Como el proceso del desarrollo económico es muy complejo y abarca el desarrollo de instituciones políticas y sociales, valores culturales, infraestructura pública y capital humano junto con la protección efectiva del medio ambiente, las grandes inversiones en un solo proyecto (una mina) en un sector específico de la economía (las exportaciones) por sí mismas rara vez tendrán impacto sostenido significativo para el desarrollo.

c. Estados Unidos, Canadá y Australia eran ya economías desarrolladas de altos ingresos cuando empezaron la explotación industrial de sus recursos mineros a fines del siglo diecinueve y comienzos del veinte. La minería hizo uso intensivo de conocimientos, tecnología y organización empresarial. Las naciones en desarrollo carecen de estas condiciones.

d. Estados Unidos, Canadá y Australia son países con dimensiones continentales que les permitió desplazar las operaciones mineras de un lugar a otro, los perjuicios económicos a nivel local y regional fueron asimilados y compensados en una economía nacional de grandes dimensiones, además de que estos países no dependían de uno o unos cuantos productos minerales.


e. El impacto económico local de la minería en Estados Unidos, Canadá y Australia usualmente no fue positivo, ocasionó pobreza persistente o produjo pueblos fantasmas. En las últimas décadas, las comunidades dependientes de la minería en estos países desarrollados continúan rezagadas en relación a otras economías regionales y a nivel nacional.

f. Mientras más dependiente de la minería ha sido un país en desarrollo, más deficiente ha sido su desempeño económico. La minería no ha contribuido a sacarlas de la pobreza.

g. La inversiones mineras en los países en desarrollo no pueden estimular el crecimiento económico sostenido. Por el contrario, pueden aumentar el conflicto social, expandir la corrupción gubernamental y empresarial y desplazar la inversión en el capital humano.

h. Cuando la explotación minera ocurre en un contexto constituciones sociales, políticas y económicas subdesarrolladas, las altas rentas que genera hacen que se despilfarre la riqueza del recurso renovable mientras que se incrementa el conflicto social y produce daños casi irreparables en el medio ambiente. Esto puede volver a una nación en desarrollo más pobre de modo definitivo.
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Textos seleccionados y adaptados por la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel – Chubut – Argentina de "¿Excavando hacia el desarrollo? Una visión histórica de la minería y el desarrollo económico" de Thomas Michael Power, Catedrático y Director del Departamento de Economía de la Universidad de Montana. Publicado como investigación de especialista independiente en setiembre 2002. 15 de Noviembre de 2011 - http://www.noalamina.org/
Foto apaisada: Mina a cielo abierto de Diavik, Territorio del Norte-Oeste, Canadá.

Los verdaderos colores de la economía verde

Lejos de una reunión anodina de Naciones Unidas, Río+20, a realizarse en junio de 2012, se anuncia como un escenario de disputa, porque podría ser clave para un reordenamiento discursivo y geopolítico global, consolidando nuevos mercados financieros con la naturaleza y más control oligopólico de los recursos naturales, legitimando nuevas tecnologías de alto riesgo y creando las bases de una nueva estructura de gobernanza ambiental global que facilite el avance de una “economía verde” en clave empresarial.
 

A 20 años de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Cumbre de la Tierra o Eco'92) se realizará una nueva conferencia global, en junio 2012, en Río de Janeiro, Brasil. Río+20, como se le llama, ocurrirá en medio de las mayores crisis globales del siglo: devastación ambiental y erosión de la biodiversidad, crisis climática, crisis económica y financiera, crisis alimentaria, crisis de salud.

Aunque Río+20 debería revisar los compromisos asumidos, el estado de los problemas y estrategias reales para resolverlos, los temas en la agenda son economía verde y nuevas formas de gobernanza ambiental global. Si el término “desarrollo sustentable”, era ambiguo y se prestó a abundante manipulación, la sustitución por “economía verde” señala un enfoque aún más estrecho, que privilegia a quienes dominan los mercados.

Lejos de una reunión anodina de Naciones Unidas, Río+20 se anuncia como un escenario de disputa, porque podría ser clave para un reordenamiento discursivo y geopolítico global, consolidando nuevos mercados financieros con la naturaleza y más control oligopólico de los recursos naturales, legitimando nuevas tecnologías de alto riesgo y creando las bases de una nueva estructura de gobernanza ambiental global que facilite el avance de una “economía verde” en clave empresarial.

¿A qué se refiere la economía verde?
Para muchas personas y organizaciones, “economía verde” puede tener un significado positivo, asociado a producción agrícola orgánica, energías renovables, tecnologías limpias. En los movimientos existe una diversidad de propuestas de economías alternativas, socialmente justas, culturalmente apropiadas y ecológicamente sustentables. Sin embargo, la noción de “economía verde” que se está manejando desde los gobiernos va por un camino opuesto. Se trata básicamente de renovar el capitalismo frente a las crisis, aumentando las bases de explotación y privatización de la naturaleza.

Ya en la Eco'92 las trasnacionales empleaban maquillaje verde. Intentaban hacer una cortina de humo sobre su responsabilidad en la devastación ambiental, apoyando proyectos de conservación o “educación” ambiental, sellos verdes, etc. Pero sobre todo, afirmando que no había necesidad de cambiar el modelo de producción y consumo, ya que con tecnología para mayor eficiencia energética y otras, se podía llegar a soluciones de “ganar-ganar”, donde las empresas seguirían lucrando mientras mejoraban el ambiente con negocios “verdes”.

El planteo de la nueva economía verde sigue este camino, pero es más preocupante, tanto por la expansión de la mercantilización de la naturaleza y los ecosistemas –y el impacto en los pueblos que dependen de ellos–, como porque las nuevas tecnologías a las que se refieren ahora, explícitamente o no, –como nanotecnología, transgénicos, biología sintética, geoingeniería– implican enormes riesgos.

Oficialmente verde
El concepto “economía verde” es ambiguo y no hay consenso tampoco entre los gobiernos. Un antecedente recurrente en las discusiones oficiales hacia Río+20 es la Iniciativa sobre Economía Verde del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Allí se enmarca el “Nuevo acuerdo verde global”, planteado por ese organismo en 2008, del que se hicieron eco Obama y otros mandatarios, como una respuesta de “ganar-ganar” a las crisis. Plantea enfrentar la crisis financiera y climática redirigiendo las inversiones al “capital natural”, dando estímulos fiscales a empresas para energías “limpias” (como agrocombustibles), ampliar los mercados de carbono. Brasil, que ya tenía amplias inversiones en esos sectores y muchos recursos naturales para meter a los mercados, propuso que la economía verde fuera tema central de la conferencia Río+20, lo cual fue posteriormente aprobado por Naciones Unidas.

Dentro de la Iniciativa sobre Economía Verde, el PNUMA publicó en 2009 el informe del proyecto TEEB (La economía de los ecosistemas y la biodiversidad, por sus siglas en inglés) y en 2011, el extenso reporte “Hacia una economía verde”, dividido en tres secciones: inversiones en capital natural (agricultura, agua, bosques, pesca); inversión en eficiencia energética y uso de recursos (energías renovables, industria manufacturera, basura, construcción, transporte, turismo, ciudades) y transición a la economía verde (financiamiento y condiciones políticas favorables).

Significativamente, tanto el informe sobre economía verde como el TEEB, son coordinados por Pavan Sukhdev, un alto ejecutivo de la banca trasnacional. Reflejan su lógica de poner precio –aunque lo llamen valor– a toda la naturaleza y sus funciones. Sukhdev es ejecutivo del Deutsche Bank y trabajó anteriormente el tema de la valuación económica de la biodiversidad para el Foro Económico de Davos.

El proyecto TEEB surgió en 2007 a partir de una reunión del G8+5. Los cinco gobiernos “agregados” a las potencias globales, eran Brasil, China, India, México y Sudáfrica – todos gobiernos de países megadiversos interesados en comerciar con la biodiversidad de sus países. Con la crisis financiera, la mercantilización de la naturaleza que entraña TEEB, destaca como tabla de salvación frente al naufragio de los mercados especulativos. Sukhdev llama a la biodiversidad un nuevo “mercado multibillonario”.

Estos y otros planteos similares sobre economía verde se apoyan en tres grandes pilares:
a) una mayor mercantilización y privatización de la naturaleza y los ecosistemas, integrando sus funciones como “servicios” a los mercados financieros,
b) la promoción de nuevas tecnologías y la vasta expansión del uso de biomasa y
c) un marco de políticas que permitan y premien todo eso, es decir lo que los gobiernos y las sociedades deberíamos hacer para que las empresas puedan hacer ganancias con los dos anteriores.
 
Privatizando el aire
Un componente temprano del paquete propuesto por la economía verde es el pago por servicios ambientales (PSA) o servicios ecosistémicos. Incluyen el pago por servicios ambientales forestales, hidrológicos, paisajísticos y de bioprospección (biopiratería). Conllevan la redefinición de las funciones de la naturaleza y la biodiversidad como “servicios”, para poder mercantilizarlos. (1) Los PSA han significado muchos conflictos entre grupos indígenas, campesinos, dentro y entre comunidades, ya que promueven la competencia por quien llegue primero a comerciar bienes compartidos. Los esquemas de PSA requirieron inventar “dueños” (lugar que ocuparon ONG o grupos dentro de las comunidades) de las funciones ecosistémicas, de los conocimientos sobre biodiversidad, de los cuidados tradicionales del agua, cuencas y bosques, porque siempre han sido bienes comunes y colectivos que no se podían mercantilizar.

En muchos casos, los PSA comenzaron con préstamos del Banco Mundial –deuda pública a pagar por todos– con el objetivo expreso de crear mercados de servicios ambientales. A éstos siguieron mercados secundarios de servicios ambientales, altamente especulativos. Los PSA significaron que una transnacional –que quizá nunca estuvo en el lugar– pueda terminar decidiendo sobre el territorio, el agua o la biodiversidad de comunidades indígenas y campesinas de países del Sur.

Basados en esas experiencias, surgen los programas REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación evitada), cuya aprobación en el Convenio de Cambio Climático en diciembre 2010, abrió de un plumazo todos los bosques del planeta a los mercados financieros especulativos.

La hipótesis de REDD es que para parar la deforestación –factor grave de crisis climática– hay que compensar económicamente a los que deforestan. No evitar la deforestación, sino pagar a los que lo hacen. Por eso se llama deforestación “evitada”: primero hay que deforestar, para luego vender el dejar de hacerlo. Otro típico escenario de “ganar-ganar”. Quienes más se benefician de estos programas, son los que más bosque y selva hayan destruido. Y que podrán seguir haciéndolo, ya que REDD acepta que dejando un 10 por ciento del área que piensan deforestar, puedan recibir créditos de carbono o pagos por “deforestación evitada”.

Al programa original se agregaron compensaciones por “acrecentar los inventarios de carbono” y por “conservación” y “manejo sustentable del bosque”. En el primer caso, se trata de luego de deforestar, plantar monocultivos de árboles, otra fuente de lucro adicional, con fuertes impactos ambientales y sobre las comunidades. Pero lo más perverso de este mecanismo, es lo que llaman “conservación y manejo sustentable”, porque apunta directamente a despojar a las comunidades indígenas y forestales de sus derechos y territorios, ofreciéndoles pago por el aire de sus bosques.

Como REDD “se paga”, lo que se haga con el bosque y su capacidad de absorción de dióxido de carbono debe ser “verificable”, es decir, definido por agentes externos a las comunidades, que deben pagar caro a “expertos”, para que les digan qué pueden hacer o no en sus propios bosques y territorios. Las empresas altamente contaminantes y grandes emisores de gases de efecto invernadero compran la capacidad de absorción de carbono de los bosques, para seguir contaminando exactamente igual que antes, pero ahora con la justificación (no probada científicamente, pero muy lucrativa) de que en alguna parte del mundo habrá un bosque que absorberá sus emisiones. A su vez, los bonos de carbono obtenidos entran en un mercado secundario donde la misma empresa puede revenderlos a otros por un precio mayor, recuperar toda su inversión y además ganar dinero extra. El mayor volumen monetario de los mercados de carbono es en especulación secundaria, es decir la venta y re-venta de, literalmente, puro aire.

En general, todos los esquemas de comercio de carbono se dirigen a mercados especulativos, que es un mercado mucho mayor que los mercados primarios. Ahora está también en juego, en el Convenio de Cambio Climático, la inclusión de los suelos y la agricultura –que es base de la alimentación mundial– como un gran sumidero de carbono a meter en la especulación financiera.

Algunas organizaciones creen que estos programas son un reconocimiento a los aportes de comunidades indígenas y campesinas por cuidar el ambiente y frenar el cambio climático, y que por eso está bien que existan. La experiencia demuestra que los impactos sobre las comunidades de estos esquemas de mercantilización de la naturaleza y sus funciones, han sido mucho peores que cualquier pago que reciban algunos. Pero lo más grave, es la aceptación de que los ecosistemas, la naturaleza, la biodiversidad, los saberes, se transformen en mercancías al mejor postor, dejando a la arbitrariedad y afán de lucro de las empresas que decida si se reconoce un aporte esencial para la existencia de todos.

En lugar de un reconocimiento social auténtico del papel fundamental, histórico y presente, de las comunidades indígenas, campesinas y locales en el cuidado de la biodiversidad y la producción de alimentos diversos y sanos para la humanidad, que debería traducirse en el apoyo al ejercicio efectivo de sus derechos integrales –incluyendo derecho a la tierra y territorio, a las culturas y formas diversas de economía y política–, la economía verde privatiza y mercantiliza la naturaleza, sustituyendo los derechos por transacciones comerciales, y lo que deberían ser políticas públicas, por una competencia de mercado.

Tsunami tecnológico ¿verde?
El otro pilar fundamental de la economía verde se basa en el uso de nuevas tecnologías. La propuesta tecnológica es particularmente importante frente a las crisis, porque revitaliza la industria productiva con fuentes de ganancias extraordinarias y afirma la ilusión de que no es necesario revisar las causas de las crisis: todo se puede resolver con más tecnología.

Las patentes sobre tecnologías –también las necesarias para energías renovables, como eólica y solar– están en su casi totalidad en manos de grandes empresas, que defienden ferozmente sus monopolios y no están dispuestas a discutir la derogación de éstas, en ninguna economía, verde o de otro color. Menos aún si se trata justamente de aumentar sus mercados.

De todas formas, ni siquiera estas energías consideradas amigables con el ambiente son apropiadas en todas partes y mucho menos cuando se aplican como megaproyectos de trasnacionales, abusando de territorios indígenas. Además, implican a menudo el uso de materiales basados en nanotecnología, una industria ampliamente difundida, que pese a cientos de estudios que muestran toxicidad de nanopartículas y nanocompuestos en salud y ambiente, no están reguladas en ninguna parte del mundo, ni se conoce el verdadero costo energético en el ciclo de vida completo de los productos nanotecnológicos, ni la basura tóxica que generan, entre otros factores.

Otra nueva tecnología subyacente a propuestas de la economía verde es la biotecnología, que implica desde más cultivos transgénicos para agrocombustibles y “resistentes al clima”, hasta biología sintética, es decir la construcción en laboratorio de genes, pasos metábolicos o microbios sintéticos enteros, para producir nuevas sustancias industriales. Los usos más inmediatos refieren al procesamiento de celulosa, que antes no era viable por demasiado ineficiente y costosa. Con microbios producto de la biología sintética, es posible procesar cualquier fuente de carbohidratos –como celulosa– para hacer polímeros que se pueden convertir en combustibles, farmacéuticos, plásticos u otras sustancias industriales. De pronto, toda la naturaleza, todo lo que esté vivo o lo haya estado, es visto como “biomasa”, la nueva materia prima universal para procesar con biología sintética. La disputa industrial por acaparar cualquier fuente de biomasa natural o cultivada está en marcha y es una de las mayores amenazas nuevas a la naturaleza y los pueblos.(2)

También propuestas tecnológicas como la geoingeniería, es decir la manipulación deliberada del clima del planeta, convergen en la economía verde con algunas de sus tecnologías, como el uso masivo de biomasa para quemar y fertilizar el suelo como sumidero de carbono (biochar), las grandes plantaciones de monocultivos o la fertilización de los mares para absorber carbono.

Frente a los riesgos de estas nuevas tecnologías, el grupo ETC plantea establecer un mecanismo multilateral de evaluación previa ambiental, social, económica y cultural de las tecnologías, con participación real de la sociedad civil y los potenciales afectados, antes de que lleguen a los mercados. Tecnologías extremadamente peligrosas y con alto potencial bélico, como la geoingeniería, deben ser prohibidas.

En lugar de esta “economía verde”, lo que necesitamos es justicia social y ambiental. En todo el mundo los movimientos sociales tienen diversidad de propuestas para ello. Y además de propuestas, contundentes realidades, como que la producción campesina e indígena da de comer a la mayoría del planeta y ya está “enfriando” el planeta. www.ecoportal.net
 
Silvia Ribeiro es miembro del Grupo ETC. - Publicado en ALAI, Ecuador, 11 de octubre de 2011- http://etcblog.org
Referencias:
1. Ver “Aire no te vendas”, Camila Montecinos, Grain, 2005, http://www.grain.org/article/entries/1015-aire-no-te-vendas
2. Sobre la economía de la biomasa, ver artículo de Jim Thomas en http://etcblog.org/2011/10/12/cuidado-con-la-economia-de-la-biomasa/

martes, 6 de diciembre de 2011

3 países de América Latina están entre los más afectados por el cambio climático

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El índice de riesgo climático de la ONG alemana Germanwatch, entregó un informe en la pasada conferencia climática en Durban (Sudáfrica). Donde se estableció que Guatemala, Colombia y Honduras son los países de L.A que más ponen en peligro sus inmensos recursos naturales y agrícolas tras las inclemencias del clima.
En la XVII Cumbre sobre el cambio climático de la ONU, celebrada en Durban, se dieron a conocer los 10 países que más se ven afectados por los fenómenos meteorológicos en el mundo.

Pakistán, Guatemala, Colombia y Rusia, encabezan la lista. Luego les siguen Honduras, Omán, Polonia, Portugal, China y Tayikistán.

La organización alemana Germanwatch, preocupada de la  economía, política y medio ambiente del norte y su impactó en todo el mundo informó en un comunicado que  “Guatemala y Colombia ocuparon el segundo y tercer lugar en 2010 tras ser golpeadas por tormentas e inundaciones”. El informe señaló también los fuertes huracanes ocurridos en honduras.
Por otro lado, el director de la política climática de la OMG, Sven Harmelin, contó el dato no menor de que “Más de 1,500 personas murieron en Pakistán tras las inundaciones ocurridas en todo el país”.
Cabe señalar, que la ONG aclaró que, aunque no se pueden sacar conclusiones aún sobre el vínculo entre los resultados de la lista y el cambio climático, sí dan idea de la “vulnerabilidad” de los países ante los efectos del vilipendiado calentamiento global.

El cambio climático afecta  a todos los países del globo, pero son las regiones que viven de cultivos y animales la que más ven afectadas sus economías.

Es cuento repetido que los países del tercer mundo tengan que pagar por las irresponsabilidades del norte, donde aún hay naciones marginadas del protocolo de Kioto.
http://www.veoverde.com/2011/12/3-paises-de-america-latina-estan-entre-los-mas-afectados-por-el-cambio-climatico/ 

lunes, 5 de diciembre de 2011

El Río Bogotá: o nos adaptamos o nos vamos

Una explicación inquietante sobre la muerte del río, sobre la irresponsabilidad de la empresa de Acueducto, sobre los edificios costosos en el sitio que no era y sobre las malas ideas para descontaminarlo. El experto ambientalista propone otra salida: hay que dejar de luchar contra el agua y hacer de ella una aliada.

De poesía a basurero
En un principio, la relación de la civilización con los ríos fue mágica: objeto de reflexiones, de metáforas, de mitos fundacionales, de poesía... Por inteligencia práctica muchos asentamientos humanos se ubicaron en las márgenes de los ríos, fascinados por su dinámica de permanente movimiento. Pero con el tiempo, esta proximidad se tornó desastrosa.

El agua que veo hoy no es la misma de mañana; como dijo Heráclito: "nunca se baña uno en el mismo río". Una idea de devenir que se transformó en basurero: tengo algo que no me sirve, lo tiro al río y santo remedio. Se lo lleva. No lo vuelvo a ver: se hunde o se va aguas abajo, lejos de mí.

Los desechos siempre han sido un problema, un tema vedado. Algo que es mejor dejar ir. En tiempos pretéritos, esos desechos en su mayoría eran literalmente mierda: carga orgánica que en últimas se descomponía con oxígeno, liberaba metano y luego servía como alimento de las especies que estaban en el río. La carga de nuestros desechos era asimilada y el daño muy reducido. 


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Ríos muertos


Cualquier vestigio de equilibrio con los ríos se quebró a partir de la Revolución Industrial. Muchas empresas con la misma lógica de los asentamientos humanos se ubicaron a lo largo de los ríos y les impusieron la tarea de llevarse también sus desechos. Pero el río no responde de igual forma a las descargas de materia orgánica que a desechos de metales pesados, de líquidos lixiviados y de venenos derivados del petróleo. No los expulsa y es incapaz de transformarlos.

La devastación de los ríos no es un problema específicamente colombiano, claro está. Según datos del programa "Aguas y Ciudades" de Naciones Unidas, alrededor de 800 millones de personas residen cerca de ríos contaminados, en casuchas, sin servicios básicos ni saneamiento adecuados, expuestos a altos índices de contaminación por productos químicos y en alto riesgo de adquirir enfermedades contagiosas.

Se calcula que cada día llegan dos millones de toneladas de desperdicios a los ríos del mundo. El crecimiento de las ciudades no ha hecho sino empeorar la situación: a un ritmo de 2 habitantes nuevos cada segundo, no hay río que aguante. La mala gestión de los recursos hidrológicos y la contaminación del agua tienen un precio. En 2010, el Banco Mundial evaluó los costos de dañar nuestros ríos en e1 1 por ciento del PIB colombiano [1].

Muchos sistemas hídricos ya han muerto. Al Mississippi, que desemboca en el Golfo de México creando una zona hipóxica, anóxica (ausencia de oxigeno) lo mató la industria automotriz. Otros ya no alcanzan a desembocar en el mar. Así el Aral pasó a convertirse en un desierto, donde se pudren los vestigios de los barcos que alguna vez lo navegaron. El Nilo y el Amazonas en verano a veces parecen charquitos. 


Nuestro río

El río Bogotá está muerto también. Se acabó hace mucho tiempo. No queda sino el nombre y el lecho al que los bogotanos botan de todo: neveras, muebles, basura, materia orgánica, virus, bacterias, grasas, aceites y lodo. Pero si toda inundación es grave, inundarse con agua envenenada ya pasa a ser un problema de salud pública.

En su recorrido de 336 kilómetros, el río Bogotá recibe las aguas de los ríos Sisga, Neusa, Tibitóc, Tejar, Negro, Teusacá, Frío, Chicú, Salitre, Fucha, Tunjuelito, Siecha, Balsillas, (que a su vez recoge las aguas de los ríos Subachoque y Bojacá), Calandaima y Apulo.
En la parte más alta el río resiste. En el páramo de Guacheneque, donde nace cerca de Villapinzón, hasta Cota, el río conserva aguas con una concentración de 4,8 por ciento de oxigeno, que hace posible la vida: por allí todavía perviven el pez capitán, la mapucha y el cangrejo.

El drama del río comienza pocos kilómetros aguas abajo de su nacimiento, con las curtiembres de Villapinzón. Aguas putrefactas tocan ahora a las puertas de muchos habitantes de la Sabana. La solución está lejos, aunque recientemente ha venido avanzando un proceso liderado por una asociación comunitaria para el saneamiento básico y el aprovechamiento de residuos, con una visión más amplia del negocio. 


¿Quién mató al río?

El aumento desaforado de la población durante los últimos 200 años, la carga industrial y el flujo descontrolado de desechos llevaron el río al colapso. El pecado original es de los españoles: en su loca y cruel búsqueda de El Dorado se instalaron aquí, en una sabana a 2.600 metros sobre el nivel del mar.

Nadie que tuviera planes serios de quedarse hubiera fundado una ciudad entre el piedemonte y las lagunas, los lagos y los humedales, que antes habían dominado los Muiscas. Pero ellos sí. El villorrio que les sirvió de campamento para su tropelía, se fue volviendo ciudad sin querer y terminó siendo capital de la República, alejada de todo.

En retrospectiva, fue una pésima decisión, porque implicó la necesidad de desaguar la sabana y de construir sobre tierras inestables y arcillosas. Con ese objetivo se importaron especies exóticas, como los urapanes, las acacias y los pinos del Canadá, muy efectivas para absorber el agua. Lo cual fue un error: la sabiduría de las 300 especies nativas del bosque alto-andino cumplía a la perfección con esa labor de regular el ciclo hídrico.

Así se formaron los humedales, que son los brazos abiertos del río en tiempos de invierno. Si el agua viene sucia, el entramado de los humedales la purifica. En verano, dejan fluir el agua y se forman verdes praderas. A la Sabana de Bogotá hoy solo le quedan 700 hectáreas de humedales, cuando tenía 50 mil.

Los humedales son además magníficos hoteles para las aves migratorias, de las que en este país poco se habla: si acaso cuando un infortunado pero notable rector y caminante se pierde en Estados Unidos, buscando un ejemplar para fotografiarlo antes de su extinción. 


Culpable principal: el Acueducto

Todo este proceso contó con la activa participación de la Empresa de Acueducto de Bogotá, tal vez el principal depredador del río, al descargar directamente todas las aguas negras de la ciudad, sin el menor tratamiento. Desde los años 50, la empresa es consciente de pavorosos diagnósticos sobre la salud del río, sin que haya nunca buscado una solución integral para descontaminarlo.

En 1952, Franscisco Wiesner y sus ingenieros tenían claro que no bastaba con construir una red de acueducto y alcantarillado: era indispensable construir también un sistema de saneamiento básico. Pero mientras se decidían a echarlo a andar, la ciudad se expandió desordenadamente hacia el sur y el norte y en ese proceso se acabó con la vocación hídrica de la sabana.

Ya en los años 90 vino la multinacional francesa Suez-Lyonnaise des Eaux con su propuesta de un sistema integral de descontaminación del río que requería construir una planta de tratamiento en cada uno de los tres afluentes principales, los mayores tributarios de contaminación: el río Juan Amarillo (que trae la contaminación del norte de la ciudad), el río Fucha (que trae los desechos del centro) y el río Tunjuelito (que trae los del sur y los lixiviados de Doña Juana). La solución era técnicamente correcta, aunque incompleta pues olvidaba al río Soacha, el más contaminado por la actividad de canteras y de industrias de Cazucá.

Desafortunadamente solo se pudo construir una de las plantas, la del Salitre, cuya operación mensual cuesta unos 4.000 millones de pesos y solo alcanza a tratar la mitad del agua y luego la devuelve al río, para que se contamine de nuevo -estúpidamente- solo unos kilómetros aguas abajo. Los gerentes del Acueducto desde 1952 deberían pagar con su patrimonio los pasivos ambientales que han causado a la ciudad por sus malas decisiones y por su falta de visión. 


La memoria del agua

La pluviosidad de la zona es una circunstancia inevitable y un recurso maravilloso que debería aprovecharse en forma óptima para la agricultura. Pero no: se optó por construir campos de golf, urbanizaciones ‘estrato 8' y la joya de la corona: la Universidad de la Sabana.

El fenómeno de La Niña ha hecho que todos los riachuelos y quebradas de la región reciban más agua de la que pueden contener y necesariamente desembocan en el río madre: el Bogotá. Pero como el río ha sido encajonado entre jarillones, construidos para robarle su espacio natural de amortiguación, es apenas previsible que inunde los terrenos cercanos y aledaños, con las catastróficas consecuencias que sabemos.

Fortalecer los jarillones es desconocer la dinámica del río. Si el río recibe más agua, pues sencillamente necesita más espacio. Si no estamos dispuestos a vivir bajo esta lógica elemental, podríamos probar otras ideas estúpidas como entubarlo hasta al mar, pero eso sí, sabiendo que algún día toda esa basura se devolvería sobre las ciudades costeras en inmensas olas de suciedad. Algo parecido se hizo durante la administración Peñalosa con el río San Francisco: algún día su cauce enterrado va a venir con tanta agua y tanta fuerza que inundará el centro de la ciudad.

Porque al agua nada la detiene. Cualquiera que haya sufrido una humedad de su casa sabe a qué me refiero. El agua siempre vuelve por lo suyo. No hay jarillón que resista. Por eso sorprende la respuesta santanderista del rector de la prestigiosa universidad de la Sabana: amparándose en artículos, parágrafos, acuerdos, contratos, derechos adquiridos, todo para exculpar el gran error de construir semejante infraestructura a menos de 30 metros del río, sobre un humedal indispensable para la dinámica del mismo [2].

Debería dejarse asesorar de expertos holandeses, porque la única opción real es que la Universidad devuelva sus terrenos al río. O acepte tener un campus acuático: sería lindo, una especie de Venecia universitaria, con edificios que se adapten a las subidas del río y cómodas instalaciones que permitan a sus estudiantes llegar a clase en jet sky


La operación Diablo Rojo

Pero las respuestas oficiales no son más lúcidas. Quizá la idea más desafortunada fue anunciada con bombos y platillos por el gobernador de Cundinamarca, Andrés González, enfundando en casco, impermeable y botas Machita: la Operación Diablo Rojo.

Probablemente este nombre le fue sugerido por un frívolo creativo para reconocer oficialmente nuestra claudicación ante la muerte del río: ocho máquinas de draga trabajarán durante dos meses para extraer 400 mil metros cúbicos de sedimentos de las cuencas media y baja. 

¿Dónde pondrán esos residuos envenenados? Nadie sabe. El gobernador sugirió que se usen para reforzar los jarillones, pero no hay certeza de la viabilidad técnica de semejante barbaridad.

El dragado afecta la estructura de las corrientes, que a su paso forman meandros, islitas allí donde se concentra la sedimentación y curvas con las que va hidratando todo a su alrededor. Es decir, va inundando con mañita y de a pocos los territorios aledaños para que cuando llegue abajo no arrastre con todo. Pero esta operación de emergencia no cura el mal ni evita desastres futuros. Con recursos de Colombia Humanitaria se va a celebrar el entierro del río: una macabra broma semántica. 


Hay que ser más audaces

¿Habrá alguien capaz de promover una solución más audaz e ingeniosa? ¿Por qué no reconocer que la ciudad se construyó en un mal sitio y que la mejor idea sería desocupar aquellas zonas donde las tragedias son más recurrentes y graves?

La región debe pensar en dejar inundar la margen occidental del río, adaptarse a las crecientes del agua -como sabiamente lo hicieron los holandeses- y dejar de pelear infructuosamente contra ella. Porque vamos a perder: ya estaba aquí antes que nosotros y seguirá una vez nos extingamos. Pese a nuestras ínfulas trascendentes, no somos más que una anécdota en la historia de este planeta.

Si queremos seguir viviendo en la Sabana de Bogotá, tendremos que ganarnos ese derecho. Todas las soluciones son complejas, demoradas y cuestan plata, pero hay algunos principios que deben contemplarse para una relación armónica con nuestro río:

1. No se puede seguir contaminando.
2. No se puede seguir construyendo en los territorios del agua.
3. No se puede seguir creciendo como una mancha de aceite sobre la Sabana, hay que tomar en serio la densificación.
4. Hay que construir edificios certificados, que recirculan el agua y saquen el mejor provecho de ella.
5. Tenemos que reforestar: la mejor y la más barata de las opciones. Cuando llueve, los árboles absorben el agua. Pero como hemos tumbado todos los árboles, ya no ayudan a regular los caudales y vienen los deslizamientos, las avalanchas y las inundaciones.

En la parte alta de la cuenca del río Bogotá, durante los últimos siete años ya se han sembrado más de 19 mil ejemplares de especies locales. Nos hemos impuesto la meta de sembrar en los próximos años un millón y medio de nuevos árboles.

No es posible recuperar todo lo que se ha perdido, pero hay que comenzar con un programa de conservación que genere servicios ambientales, empleos verdes y alternativas de desarrollo limpio y sostenible. El bosque es el mejor aliado del río y a la larga, de nosotros mismos y de nuestros hijos.

¿Por qué no pensar en serio cómo y dónde refundar a Bogotá?

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* Director de la Fundación Al Verde Vivo, que lleva 17 años investigando la problemática del río Bogotá. Para conocer más acerca de las iniciativas que se adelantan para salvar este ecosistema, puede visitar
www.alverdevivo.org o en 

twitter1-1 @Alverdevivoorg


Fotos: Fundación Al Verde Vivo

http://razonpublica.com/index.php/regiones-temas-31/2077-el-rio-bogota-o-nos-adaptamos-o-nos-vamos.html

Fondo climático y Protocolo de Kyoto tiemblan en Durban


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Al finalizar la primera semana de negociaciones climáticas de la ONU, hay serias dudas sobre la adopción del Fondo Verde para el Clima y parece cada vez más improbable un tratado vinculante para reducir emisiones contaminantes que suceda al Protocolo de Kyoto.

Varios países sudamericanos, Estados Unidos, Arabia Saudita, Egipto, Nigeria y Venezuela manifestaron sus reservas sobre el Fondo Verde y expresaron la necesidad de revisar algunas de sus cláusulas.
La Unión Europea (UE), que continúa apoyando el borrador que daría nacimiento al Fondo, urgió a los países a no retrasar su avance, pero hasta ahora no tuvo éxito.

“Debería ser posible acordar el instrumento tal como figura en el proyecto. Es un buen acuerdo. Y en su formato actual atraerá financiamiento significativo”, dijo el negociador de la UE Tomasz Chruszczow.
“Sería contraproducente embarcarse en más debates técnicos”, agregó.

Organizaciones no gubernamentales y activistas coinciden en que reabrir el texto en negociación perjudicará seriamente las posibilidades de dejar listo el Fondo Verde antes de que finalice la 17 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 17), que se desarrolla hasta el 9 de este mes en Durban, Sudáfrica.

“Esto significaría que no haya ningún instrumento para canalizar dinero. Entendemos que algunas partes tienen preocupaciones, pero este texto representó un acuerdo político finamente equilibrado, y finalizarlo insumió meses”, se lamentó Tasneem Essop, jefe de estrategias climáticas internacionales en el Fondo Mundial para la Naturaleza.

Propuesto inicialmente en 2009 en Copenhague, el Fondo Verde para el Clima se aprobó en la COP 16, celebrada hace un año en Cancún, con el objetivo de asistir a las naciones pobres en la mitigación y adaptación al cambio climático.

Entonces, el Norte industrial se comprometió a aportar 30.000 millones de dólares en 2012 y 100.000 millones de dólares anuales para 2020.
Ahora, se espera que los delegados de más de 190 países reunidos en Durban den por concluido el proceso de puesta en marcha del Fondo Verde.

En un intento de lograr consenso, la presidenta de la COP 17, Maite Nkoana-Mashabane, dijo que dialogará con representantes de varios países en “debates transparentes e informales”.
Sin embargo, no hay un proceso o calendario definitivo para esas conversaciones. Partidarios del Fondo Verde retienen el aliento mientras esperan el informe de Nkoana-Mashabane.

Algunos expertos sugieren que, en vez de reiniciar las negociaciones, debería haber un texto adicional al borrador del documento que resuelva algunas de las preocupaciones más acuciantes, mientras que otros asuntos pueden ser abordados por la directiva del Fondo, una vez que se la elija.

Economía de la adaptación
Un financiamiento inmediato para la adaptación y la mitigación no solo ayudará a los países a enfrentar el cambio climático, sino que también tendrá un fuerte efecto económico.

El Banco Mundial y el Servicio Geológico de Estados Unidos estiman que las pérdidas económicas mundiales por catástrofes naturales en los años 90 se podrían haber reducido en 280.000 millones de dólares si se hubieran invertido apenas 40.000 millones de dólares en prevención de desastres.

Pero dos años después de comprometerse a movilizar recursos financieros para la adaptación y mitigación del cambio climático, los países industrializados todavía tienen que determinar de dónde vendrán los fondos públicos prometidos. En cambio, se han centrado en cómo movilizar al sector privado.

Si el Fondo tiene las arcas vacías, no tendrá razón de ser, advirtió Ilana Solomon, consejera de políticas en el capítulo estadounidense de ActionAid.
“Sabemos que estos tiempos son duros para la asistencia financiera y que los presupuestos son ajustados”, señaló, en referencia a la crisis de la eurozona, “pero la verdad es que los países ricos pueden aportar el dinero”.
Las dificultades para garantizar el financiamiento del Fondo Verde son alarmantes porque, aunque los países terminaran aportando la totalidad del presupuesto, eso no alcanzaría.

La Comisión Europea y el Banco Mundial estiman que se necesita por lo menos el doble de esa suma para la adaptación y la mitigación en los países en desarrollo. Otros expertos señalan que el mundo necesitará 5,7 billones de dólares para 2035 a fin de abordar los efectos del cambio climático.

“El costo de la inacción es mucho más alto que el de la acción”, dijo la consejera de políticas sobre cambio climático de la filial australiana de Oxfam Internacional, Kelly Dent.
Hasta ahora, los países no han acordado un solo mecanismo para atraer fondos públicos.

Kyoto: ¿una evasión?
En medio de los acalorados debates sobre el Fondo Verde, se agotan las posibilidades de que los países acuerden un segundo periodo de compromisos del Protocolo de Kyoto, que expirará a fines de 2012.

Más allá del bloque de países de la UE, ninguna otra nación industrializada apoya una extensión. Estados Unidos, Rusia y Japón expresaron su desinterés, mientras que Canadá generó protestas públicas esta semana cuando se supo que quiere abandonar el Protocolo, probablemente para evitar multas por no cumplir con sus objetivos de reducción de emisiones.

“No podemos dejar que la medida adoptada por Canadá nos distraiga del progreso muy real que puede lograrse con la UE y otros, como camino crucial hacia un régimen legalmente vinculante” para la reducción de emisiones, urgió Dent.

Incluso la UE cambió levemente de pisada. Ahora quiere que los principales emisores mundiales de gases de efecto invernadero acuerden para 2015 un pacto a implementarse como mucho en 2020, y a cambio ofrece ampliar sus objetivos de reducción de emisiones bajo el Protocolo de Kyoto.

La UE dice que espera salir del punto muerto en que están las conversaciones y hallar un común denominador con China y otras economías emergentes.

Pero los expertos en cambio climático creen que no se puede esperar hasta 2020 para fijar objetivos firmes de reducción de emisiones. “Necesitamos ambición para ampliar los objetivos de reducción de emisiones a partir de 2012″, dijo Dent.

Los países en desarrollo –especialmente en África, donde el cambio climático se sentirá con más crudeza– apuestan a que la UE pueda convencer a otras naciones industrializadas de comprometerse con un segundo período del Protocolo de Kyoto.

“Para nosotros hay mucho en juego”, dijo Raymond Lumbuenamo, coordinador regional para África central del Fondo Mundial para la Naturaleza.

“Ya experimentamos los impactos reales del cambio climático. Somos las víctimas de un cambio que no causamos. África no quiere ser el cementerio de este tratado”, agregó.

 Por Kristin Palitza | www.ipsnoticias.net
http://www.canalazul24.com/?p=9083 

Alerta Colombia: ¿Vendieron parte del Chocó?


La empresa "Colombia Hardwood" ha comenzado a tumbar árboles en Bahía Solano para exportar a China, las maderas más finas del Chocó: algarrobo, sande, cedro amargo, bálsamo, caimito, chanul y virola.

Esta empresa no es cualquiera. Es dueña de REM Forest Products, del billonario canadiense Frank Giustra, un corsario financiero que obtuvo una licencia de aprovechamiento forestal otorgada por Codechocó en 2006 (Resolución 2293) para explotar durante 15 años más de cinco millones de metros cúbicos de madera; unos US$1.500 millones. Esta compañía tienen a su vez vínculos financieros con Pacific Rubiales Energy, Medoro Resources, Alange Corp, Gran Colombia Gold. Es decir, se trata de un proyecto de envergadura: madera, oro y petróleo. La Prima-REM ha instalado en la playa de Huaca un campamento con una docena de empleados canadienses, otros tantos colombianos, 80 ciudadanos nativos de las comunidades negras e indígenas y dos helicópteros. La empresa se dispone a cortar su primer millón de metros cúbicos en 44.596 hectáreas, autorizado por la Ley 70 de 1993. Este territorio -inembargable, inalienable, se extiende entre Bahía Solano y Juradó, el Pacífico y la Serranía del Baudó, y ocupa una superficie de 67.327 hectáreas donde viven 18 comunidades, 1.329 familias y 5.846 personas. Es decir, el 70% de la superficie, será controlado por la empresa. La madera que se explotará en los próximos años costaría US$280 millones, de los cuales la compañía reconocerá al Consejo Comunitario el 10%.

Los directivos actuales hicieron el negocio, pese a que en 2005 se opuso la Ley Forestal -felizmente rechazada por la Corte Constitucional-, por considerar que con ella se "facilitarían transacciones y el aprovechamiento con ánimo de lucro de los bosques nativos plantados en las principales zonas del Pacífico y de la Amazonia". Codechocó dio el visto bueno y el Ministerio de Medio Ambiente aplaudió el logro. El Consejo Comunitario de Mecana, donde se ha construido el campamento de Prima Colombia Hardwood, considera amañada y tramposa la consulta y corrupta a cambio de miserables dádivas.

Para protestar contra la tala de una de las selvas más preciosas del planeta, se encadenó tres días a un árbol de Bahía Solano Juan Ceballos. Pero, a estas horas de grandes desfalcos y robos en las EPS, ¿a quién puede importarle la suerte de un ciudadano amarrado a un árbol sin haber sido secuestrado por la guerrilla?

Francisco Serna
Profesor Asociado
Museo Entomológico UNAB
(Universidad Nacional Agronomía Bogotá)
Grupo SIA (Sistemática Insectos Agronomía)
Facultad de Agronomía
Universidad Nacional de Colombia
Carrera 30, #45-03. Bogotá, Colombia.

http://armonicosdeconciencia.blogspot.com/2011/11/alerta-colombia-vendieron-parte-del.html#more

El protocolo de Kyoto: lecciones no aprendidas

En Durban, Sudáfrica, se está dando sepultura a un gran fracaso de la comunidad internacional frente a una auténtica amenaza global: el cambio climático. Los tres mayores emisores de CO2 —China, Estados Unidos y la India— no tienen la menor intención de asumir compromisos. El resto del mundo salta de conferencia en conferencia. Y la temperatura media del planeta sigue aumentando.

¿Y ahora qué?
 
La crónica sobre la conferencia de Durban, Sudáfrica —17ª Conferencia de las Partes (COP 17) del UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change), que se está celebrando entre el 28 de noviembre y el 12 de diciembre— es tan previsible que bien podría haberse escrito con anticipación.

No había que ser adivino para ello, pues en las llamadas inter-sesionales, y en lo que quedó —poco y flaco— de Copenhague y Cancún, ya estaban las señales de lo que muy probablemente ocurrirá allí: nada sustantivo. Y para decirlo con una palabra que ya es casi un lugar común: el triste final del Protocolo de Kyoto (PK).

Es realmente compleja la discusión sobre lo que debe seguir una vez haya terminado el primer período de compromiso de este acuerdo entre naciones (2012):
  • Unos opinan que debería prolongarse, luego de Durban, mediante un acuerdo que garantice un segundo período de compromiso de sus naciones firmantes.
  • Otros opinan que el Protocolo debería sustituirse por un acuerdo más ambicioso y efectivamente vinculante, que responda a la gravedad y a la velocidad del cambio climático y nos devuelva la esperanza casi perdida.
Todos parecen coincidir en que este nuevo acuerdo debería contemplar un nuevo régimen de compromisos que incorpore a los países que a pesar de estar clasificados como “en vías de desarrollo”, son hoy grandes potencias industriales, grandes centros poblados y por supuesto, grandes emisores de carbono.
 
Los más radicales creen que el Protocolo de Kyoto debe, sencillamente, recibir cristiana sepultura (o christiana, para aludir a Figueres) y estructurar un tipo de acuerdo basado en una nueva lógica, que incluya la posibilidad de acuerdos multilaterales y no necesariamente un gran acuerdo entre 192 países.

El exviceprimer ministro británico John Prescott ha entrado, sorpresivamente, a este club: ha llegado la hora de parar el Protocolo de Kyoto, declaró al Guardian (diciembre 2 de 2011). Esta opinión resulta de gran valor hoy, puesto que Prescott ha jugado un papel preeminente en todo el proceso, y muchos le reconocen un bien ganado prestigio.

Posiciones encontradas

Los bloques de países mantienen posiciones divergentes frente a Durban:
  • La Unión Europea es partidaria de mantener el régimen del PK, pero exige que Estados Unidos y las grandes economías se incorporen;
  • Rusia, Canadá y Japón no firmarán un segundo periodo de compromiso;
  • Los países que negocian bajo el grupo mal llamado G77+China — quedaría mejor llamado China+G77— con excepción de China, India, Singapur, Brasil y México, no tienen mayor posibilidad de incidir en uno u otro sentido, pero suman en el juego de la democracia climática.
  • Pero China sí incide, y no firmará nada, si no está Estados Unidos.
  • Estados Unidos no está en el Protocolo, lo cual no le impide “mangonear” desde la Convención. Lo viene haciendo con mejorada eficacia desde Bali, y todo parece indicar que en Durban sacará la mejor tajada.
¿Quiénes quedan? Medio Oriente y Africa. Azotados por hambrunas y crisis políticas, no parece que hayan incluido al PK como una de sus prioridades; al fin y al cabo ellos también son parte del G-77.
 
¿Qué es lo más probable que ocurra en Durban? Otra declaración de buenas intenciones que en la práctica posponga hasta 2020 la construcción de un acuerdo vinculante y efectivo. Esta declaración podría empezar así: “Las naciones aquí presenten reconocen la gravedad climática mundial y emprenderán acciones para frenar el avance hasta los 2°C… luego un pequeño bla bla bla, agregaría: “nos comprometemos a emprender acciones urgentes para reducir conjuntamente nuestro nivel de emisiones…”

El enviado de la UE Rung-Metzger, adelantándose quizás a la vergüenza de un acuerdo de esta naturaleza, dijo: “Si no hay un acuerdo efectivo, la gente perderá definitivamente la confianza en este circo viajero.” 

Lecciones no aprendidas

Más allá de lo que ocurra finalmente en Durban, vale la pena preguntarse por lo que nos deja Kyoto hasta hoy: lo que, como civilización global, podemos y debemos aprender de este proceso; y lo que es necesario desaprender.

En marcha hay acuerdos sobre adaptación y un Fondo Verde del Clima, que serán útiles para los países vulnerables si se cumplen las promesas y si los recursos se encauzan mediante trámites expeditos. Habrá que esperar. Y un mecanismo para la promoción de tecnologías de energías limpias relacionadas con la adaptación. Ídem.

Pero en cuanto a enfrentar la raíz del problema: los estilos de vida, la dependencia global de los combustibles fósiles, el diseño de una estrategia efectiva para frenar el avance del problema atendiendo los datos de la ciencia…nada.

De manera que la primera lección que nos deja el PK es que no fue posible ponernos de acuerdo sobre un asunto de suma urgencia y gran complejidad, que obligaba a ofrecer respuestas de tipo global. La institucionalidad del mundo representada por las Naciones Unidas ha demostrado debilidad e ineficacia.

Otras lecciones más simbólicas podrían ayudar a este diagnóstico: lecciones de lenguaje, lectura y aritmética.

2 grados de calentamiento

En una columna publicada recientemente en El Tiempo (28 de noviembre de 2011) Connie Hedegaard, Comisaria Europea de Acción por el Clima, escribió: “En Copenhague los dirigentes políticos se comprometieron a que la temperatura subiera más de 2°C” (ver facsímil).
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Según Freud, uno no comete lapsus sino actos ‘fallidos’. Pero éste de Connie no es ni lo uno ni lo otro. Es verdad, pues en la pasada Cumbre de Copenhague los dirigentes políticos se comprometieron a que la temperatura subiera más de 2°C. Y ésta, curiosamente, es la única de sus promesas que van a poder cumplir.


Ahí va el termómetro para arriba. Ya vamos en 0.77°C y, según cálculos de centros de ciencia, llegaremos a los 2°C antes de 2020.

Sopa de letras

Para Wittgenstein las palabras también son acciones, que denotan, según la forma de expresión lingüística “fines, deseos o vacíos concretos”. Este, que pudiéramos llamar el “lapsus Connie” ilustra bien lo que sucede en las Cumbres. Han inventado una jerigonza tal, hecha de siglas, convenciones, corchetes, signos y emblemas, que la posibilidad de que la sociedad entienda lo que allí sucede es casi nula. Pero esto, curiosamente, tampoco contribuye a que ellos se pongan de acuerdo.

Va un ejemplo ilustrativo sobre lo que incluye la conferencia de Durban:
  • La decimoséptima reunión de la Conferencia de las Partes (CP 17) de la CMNUCC
  • La séptima Conferencia de las Partes que sirve como Reunión de las Partes del PK (CP/RP 7).
  • La cuarta parte del décimo cuarto período de sesiones del Grupo de Trabajo Especial sobre Cooperación a Largo Plazo en el marco de la Convención (GTE-CLP 14);
  • La cuarta parte del decimosexto período de sesiones del Grupo de Trabajo Especial sobre Nuevos Compromisos de las Partes del Anexo I en el marco del PK (GTE-PK 16);
  • El trigésimo quinto período de sesiones de los Órganos Subsidiarios de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT 35).
  • Súmele a esto el GTE-PK y la CP/RP. Y las sesiones de OSE, OSACT, GTE-CLP y GTE-PK, para tratar, entre otros, asuntos como NAPPS, REDD, REDD+, MDL, CER, VER… (No vale la pena averiguar el significado de este enjambre de siglas…) ¿Se entiende lo de Connie? 
Lecciones de aritmética

El Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) se creó antes del PK y viene produciendo informes sobre el CC. Los del PK parece que no los leen o leen mal. Otros científicos suelen reunirse para alertar a la sociedad. 26 de ellos redactaron el “Diagnóstico Copenhague” (2009).

Allí advertían que si se quiere limitar el calentamiento a un máximo de 2°C por encima de los valores preindustriales, las emisiones deben tocar techo entre 2015 y 2020, y después descender rápidamente. Dijeron que las emisiones per cápita en las naciones ricas deben descender entre el 80 y 95 por ciento respecto del nivel del año 2000.

Si el PK leyera bien los informes de la ciencia, otra sería la suerte de sus cumbres. El PK quiere lograr en Durban una prolongación de su agonía teniendo en cuenta que:
  • China, el mayor emisor de dióxido de carbono (26-28 por ciento) no tiene compromisos de reducción según la lógica del PK.
  • Estados Unidos, competidor con China de esta medalla (25-27 por ciento), no está en el PK.
  • India, ahora el tercer emisor (24-25 por ciento), tampoco tiene compromisos de reducción. Rusia, Japón, ahí van.
Bastaría sumar estos tres datos para preguntarse cómo puede tener éxito un programa de reducción global del carbono sin la presencia del ¡75por ciento! Hace algunas semanas el periódico británico The Guardian publicó un estudio gráfico sobre las emisiones provenientes del consumo de energía en todo el mundo, elaborado sobre la base de un estudio de US EIA, sobre datos de 2009 y 2010.

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El estudio confirma que China es la mayor emisora, con un aumento del 13,3 por ciento en 2009 con respecto a 2008. Pero de 170 por ciento si tomamos a 2009 en comparación con el año 2000. Los datos de China indican la relación que existe entre economías emergentes y cambio climático. De manera que aquí podríamos empezar por sumar a India, Brasil, México, Indonesia, Rusia.

La reducción del 7 por ciento que refleja este estudio sobre las emisiones de Estados Unidos en el 2009 no está relacionada con planes de mitigación que este país haya emprendido de manera voluntaria, sino con los efectos de la crisis económica. Lo mismo ocurre con Europa en su conjunto (6,9 por ciento).

De manera que podríamos ensayar un ejercicio articulado de lenguaje, lectura y aritmética. Para desentrañar lo que esconden las ambigüedades, las falacias y las argucias, para quitarnos el velo que nos impide ver, y para sumar en el entendido que dos y dos no necesariamente son cuatro.

Finalmente, opino que el protocolo de Kyoto debería reemplazarse por un otro tipo de acuerdo, basado en un nuevo esquema que articule efectivamente la acción de los gobiernos con las demandas de las sociedades y que tenga en cuenta los escenarios de evolución de la crisis climática proyectados por la ciencia.
 
Este nuevo acuerdo debería incorporar una flexibilidad que el PK no contempló: la posibilidad de acuerdos multilaterales por fuera del esquema. Y debería estructurarse necesariamente sobre los despojos de Kyoto, procurando recuperar la maltrecha salud que hoy exhibe la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas.

* Profesor de cambio climático de la Universidad del Rosario y director general de Klimaforum Latinoamérica Network www.klnred.org
http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/2591-el-protocolo-de-kyoto-lecciones-no-aprendidas.html