Santos: ¿minería sostenible?

El pasado 17 de agosto, la Dirección de Evaluación de Políticas Públicas del DNP presentó oficialmente al Consejo Nacional de Planeación (CNP) una síntesis del informe del primer año de gobierno que el presidente Santos presentó al Congreso de la República.

 

Esto responde al mandato constitucional de informar desde el Gobierno nacional al CNP sobre los avances en la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo.

El informe presenta cifras muy positivas asociadas al crecimiento del PIB. Para el primer trimestre del 2011 creció un 5,1%, cifra muy superior al incremento en el mismo periodo del 2010, que fue de 1,9%, y al de los tres años precedentes, que presentaron un promedio de 2,7% de crecimiento anual. Los dos sectores que jalonaron el crecimiento del PIB al inicio de este año son minería y agricultura, que según el informe presentaron incrementos del 9,4% y 7,8%, respectivamente. Con el incremento acelerado en la inversión extranjera, hoy focalizada en petróleos, minas y canteras, es muy probable que los indicadores de crecimiento económico se mantengan e incluso se incrementen en los próximos años. ¡Pero ojo, esto no significa que estemos avanzando hacia el desarrollo sostenible! Sólo estamos basando el crecimiento económico de corto plazo en la extracción de recursos naturales no renovables, lo cual, por definición, es insostenible. La minería indefectiblemente lleva al agotamiento del stock de los recursos naturales que se están extrayendo. Estos recursos tienen un límite y, por lo tanto, no garantizan el bienestar económico y ambiental a largo plazo. El Gobierno no está presentando esta realidad a los colombianos.

El representante del DNP, en el informe al CNP, utilizó el inconcebible concepto de “minería sostenible”. ¿Cómo se le pudo ocurrir semejante barbaridad? La minería por definición no es sostenible; otra cosa muy distinta es que se puede adelantar una actividad minera de bajo o menor impacto ambiental, que conserve la parte renovable de los recursos naturales y donde el flujo de riquezas generadas por la explotación de los recursos naturales no renovables se invierta en otros sectores y actividades que puedan, a largo plazo, soportar un desarrollo sostenible e integral.

No confundamos a la gente. La extracción acelerada de recursos como el petróleo, el carbón y el oro, sin duda generará indicadores de crecimiento económico en los próximos años, pero eso no quiere decir que estemos avanzando en la senda del desarrollo sostenible. Más bien, la dinámica ambiental y la forma como está operando la administración pública nos señalan todo lo contrario. La manera como se ha favorecido el rápido y poco controlado desarrollo minero da lugar a un impacto ambiental negativo, que podría evitarse con una oportuna inversión para el desarrollo institucional, la supervisión y gestión responsable de las riquezas naturales.

Mientras la inversión para procesos extractivos crece aceleradamente (un 132% en el primer trimestre de este año con relación al mismo periodo del año pasado, inversión destinada en su mayoría a la explotación de petróleo, minas y canteras), la capacidad nacional de minimizar su impacto de contaminación y deterioro no mejora. Seguimos a la expectativa de la consolidación financiera y técnica del Sistema Nacional Ambiental, y de la creación con solidez y músculo político del prometido Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

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Hallan helecho cancerígeno en el Caribe

Hallan helecho cancerígeno en el Caribe

La mitad de los ríos de Latinoamérica, altamente impactados por la contaminación

En la región, gobiernos nacionales y locales, van y vienen, más o menos con las mismas promesas civilizadoras. Adornadas con las frases características según la ideología que profesan. Pero lo que no han podido disfrazar o maquillar con aires esperanzadores, son esas venas abiertas de la América Latina, que están cada vez más taponeadas por los desperdicios que a diario reciben. Allí, la realidad, supera toda ficción discursiva.
 
El grado de civilidad de una sociedad o nación, se mide por la capacidad de generar bienestar a sus ciudadanos, protección a la niñez, a las personas adultas y discapacitadas y armonía con su entorno, incluyendo respeto a las otras formas de vida no humana. Otro indicador, son las condiciones de sus ríos, la forma de cómo coexisten con esas arterias naturales del agua dulce.

En la región, gobiernos nacionales y locales, van y vienen, más o menos con las mismas promesas civilizadoras. Adornadas con las frases características según la ideología que profesan. Pero lo que no han podido disfrazar o maquillar con aires esperanzadores, son esas venas abiertas de la América Latina, que están cada vez más taponeadas por los desperdicios que a diario reciben. Allí, la realidad, supera toda ficción discursiva.

De los 100 ríos principales del subcontinente, la mitad están altamente impactados por la contaminación que en ellos se depositan. Su común denominador: receptores de aguas cloacales o servidas, agroquímicas, residuos químicos o petroquímicos, movilizadores de basura, cementerios flotantes de animales muertos, permanentes depósitos de cauchos vehiculares, chatarra, escombros, entre otros. Los que aun son utilizados como transporte fluvial, reciben la carga de los lastres o combustibles que los barcos o lanchas a diario expulsan. Y las posibilidades de regenerase o diluir con su caudal natural alguna de las sustancias que reciben, se imposibilita, debido a las múltiples represas que a lo largo de sus cursos son realizadas.

Siendo los más vulnerados, los ríos que cruzan las grandes urbes. Los mismos, terminan convirtiéndose en embauladas cloacas a cielo abierto de esos fashion lugares. Capitales supuestamente glamurosas, de imaginarias atmósferas “pacholí”, que ocultan su daño a la naturaleza, al saturar inmisericordemente sus ríos interiores.

Como cuesta creer que ciudades tan especiales como Buenos Aires, Córdoba, Santiago, Bogotá, Caracas, entre otras, son atravesadas por ríos históricos y estos hoy, se han convertido en una especie de hijos no deseados, innombrables e ignorados, donde el colectivo de cada una de esas ciudades, en una repentina amnesia parcial, prefieren olvidar su existencia, antes que actuar y hacer los esfuerzos requeridos, para recuperar esos importantes ríos y de igual manera, reivindicar su real imagen de sociedad.
Mientras todo esto ocurre, el mundo cada vez esta más lleno de sed y Latinoamérica con su mayor indiferencia, se tapa los ojos y oídos, ante el envenenamiento continuo de las pocas aguas dulces que aun disponemos.

Ríos severamente contaminados de América
México: Lerma, Rio Bravo, Suchiate
Argentina: Riachuelo, Reconquista, Suquia, Caracaña, Río de la Plata, Curaco, Colorado, Negro
Chile: Maipo, Biobío, Elqui, Loa
Colombia: Bogotá, Cauca, Magdalena
Brasil: Negro, San Francisco
Paraguay: Paraná, Paraguay
Venezuela: Guaire, Murillo
Perú: Ucayali
Costa Rica: Tarcoles, Virilla
EEUU: Mississippi, Grande, Tennessee, Ohio, Savannah, Delaware, Támesis, Rock, Amelia, Calcasieu, Ouachita, Mobile, Columbia, Genesee, Holston, Kansas, Brazos, Missouri, Hudson, Neches, Alabama, Wisconsin, Wabash, Blackwater, Cuyahoga, Patapsco, Kanawha, Susquehanna, Quinnipiac, Fenholloway, Cedar, Detroit, Androscoggin, Escatawpa, Pigeon, Cape Fear, Des Moines, Tombigbee, Willamette
Canadá: Red

www.ecoportal.net
Lenin Cardozo
http://lenincardozo.blogspot.com/

El millonario negocio de la contaminación

El mercado mundial de emisiones de carbono es del orden de los 424 mil millones de dólares.

El negocio de vender el derecho a que otros contaminen -por encima de los límites fijados por los acuerdos de Kioto- cuando su empresa contamina menos creció 2 por ciento en el 2010 y llegó a 131 millones de toneladas de CO2 (dióxido de carbono), lo que representa 424 millones de dólares. Un año atrás se vendieron 98 millones de toneladas, algo más de 415 millones de dólares.

Según el informe 'Mercados Voluntarios de Carbono 2011', publicado conjuntamente por Forest Trends' Ecosystem Marketplace y Bloomberg New Energy Finance, empresas de 45 países participaron en este mercado que busca reducir los efectos del cambio climático mediante mecanismos de mercado: que las empresas que no reducen sus emisiones de gases nocivos les paguen a las que sí lo hacen.
Las empresas colombianas -que pueden participar en el mercado cuando contaminan menos, mediante proyectos como, por ejemplo, la reforestación- manifiestan cada vez más interés. La figura más utilizada es la de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), con la que podrán venderle al mundo créditos de carbono. Es decir, las emisiones que sean capturadas por los árboles plantados durante los próximos 20 años.
Sin embargo, un MDL también se puede obtener con proyectos con energías renovables, con fuentes solares o eólicas, por ejemplo; mejoras tecnológicas en la generación de energía; captura de metano de vertederos de basura; mejoras básicas en fábricas contaminantes, entre otras.

Empresas como Colombina; la maderera Pizano; la planta de tratamiento de aguas residuales de Cañaveralejo, propiedad de Emcali; la Empresa de Acueducto de Bogotá, TransMilenio, Gas Natural, Incauca, Fedepalma, Cemex, entre otras, ya están en el negocio con 154 proyectos.
Como también 330 personas en Caldas, entre campesinos y dueños de fincas, que desde que se enteraron que sembrar árboles para vender al mundo el carbono que capturan daba plata.

Según el informe, el precio de la tonelada de carbono se fijó en 6 dólares el año pasado, luego de estar en 6,5 dólares en el 2009.

Ahora, según el reporte, las transacciones de los 'bonos verdes' se hacen por fuera del ámbito de los mercados organizados, es decir, a través de la venta libre.

Tras el cierre de la Bolsa del Clima de Chicago (CCX, por sus siglas en inglés), a finales de 2010, la mayoría de las transacciones en ese año (el 97 por ciento), por 127,9 millones de toneladas de CO2, se realizaron directamente entre bancos y clientes. Lo anterior representa un crecimiento del 34 por ciento, respecto al 2009.
Pese a la incertidumbre política y económica del mercado de carbono, por las dificultades para aprobar una ley en Estados Unidos de respuesta institucional al cambio climático, es la cifra más alta desde 2007, cuando empezó la publicación del reporte.

Las opciones de mitigación favoritas por los compradores fueron los bonos por proyectos para reducir los efectos de la deforestación y la degradación forestal en los países en desarrollo (29%). Le siguen los provenientes de programas de energías renovables (20%), principalmente de energía eólica, y de actividades de recuperación de metano en rellenos sanitarios (16%).

Hay 45 países en el mercado
Un indicador de la creciente expansión del mercado voluntario de carbono es que ya participan 45 países, seis más que en el año 2009, y que más de la mitad de los créditos transados (58%), tienen como destino la actividad de proyecto que da origen a las reducciones países en desarrollo.

PROYECTOS DE CARBONO
Colombia es el número 11 del mundo en proyectos
Colombia es el cuarto país de Latinoamérica en número de proyectos de Mecanismo de desarrollo limpio (MDL) registrados ante la ONU, y el número 11 del mundo. De los 154 proyectos con los que cuenta el país, 66 tienen aprobación nacional, 29 están registrados ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático CMNUCC, y 10 tienen Certificado de Reducción de Emisiones (CERs).
http://www.portafolio.co/economia/el-millonario-negocio-la-contaminacion 

Demasiado tarde para la sustentabilidad: necesitamos un cambio de sistema

El mayor desafío que enfrentamos no es cómo entendemos la sustentabilidad, sino más bien cómo entendemos el desarrollo. Cuando consideramos el estado del mundo y el fracaso sistemático del "desarrollo" en proveer de alimentos, vivienda, educación y cuidado a la mayoría invisible, la palabra deja de tener contenido moral o incluso práctico.

Al tratar de encontrar un equilibrio entre el presente y el futuro sin plantearse una reformulación fundamental del desarrollo, el enfoque de la sustentabilidad de la Comisión Bruntland, hoy, en retrospectiva, resulta ingenuo. No obstante, en aquel momento parecía esperanzador. Creo que simplemente subestimamos la voraz capacidad del capital de cooptar y desvirtuar las ideas para ponerlas al servicio de sus propios intereses. Y puede ser que el problema radique no tanto en el término "sustentable" en sí mismo, sino en la dudosa compañía que lo rodea. Consideremos lo absurdo de la promoción doctrinaria que hace el Banco Mundial de un “crecimiento sustentable” a través de políticas que básicamente autorizan a las grandes empresas a arrebatar y vender la riquezas naturales como si no hubiera un mañana. Como consecuencia, nos enfrentamos hoy a la posibilidad de que nuestros mañanas estén contados, o al menos los mañanas que se parezcan al hoy.
Pero a pesar de las buenas intenciones y los sinceros deseos de la Comisión Bruntland de encontrar un mejor equilibrio entre la sociedad y la naturaleza, la visión era esencialmente antropocéntrica, ya que su intención era encontrar la forma para hacer posible que la humanidad pudiera vivir digna y decentemente sin destruir el planeta. El desarrollo sustentable, un término profusamente mencionado en todo el Informe Bruntland, depende del crecimiento y la acumulación, aunque además incluye su redistribución y que ocurra dentro de límites “sustentables”.
De modo que quizá el mayor desafío que enfrentamos no sea cómo entendemos la sustentabilidad, sino más bien cómo entendemos el desarrollo. Cuando consideramos el estado del mundo y el fracaso sistemático del "desarrollo" en proveer de alimentos, vivienda, educación y cuidado a la mayoría invisible, la palabra deja de tener contenido moral o incluso práctico.
Del mismo modo, confrontados con el colapso de los ecosistemas, medioambientes tóxicos, el agotamiento de los suelos, el caos climático, la desaparición de especies, y la finitud de los combustibles fósiles, ¿tiene la sustentabilidad algún sentido, cuando es tan poco lo que queda para sostener? Deberíamos estar hablando más bien de regeneración y restauración de lo que se ha destruido, antes que de sustentabilidad.

La falta de imaginación es quizá nuestro mayor obstáculo: no la falta de imaginación para diseñar soluciones tecnocráticas complicadas para absorber los gases de efecto invernadero, construir formas de vida hechas a medida o nuevos instrumentos financieros para comerciar créditos de carbono. Ya hay demasiada imaginación humana abocada a “solucionar” problemas de manera equivocada. Lo que hace falta es imaginación para pensar cómo vivir de modo diferente, cómo desarmar las estructuras de poder que obstruyen el cambio, y cómo repensar el "desarrollo".
Las visiones del futuro que se basan en un progreso lineal hacia la modernidad y la felicidad no son más que ilusiones. Los Pueblos Indígenas y otros pueblos que viven con la Naturaleza ya lo saben. La sustentabilidad es circular, compleja, tiene que ver con armonía, relaciones y ritmos. No es un ejercicio contable cuyo propósito sea racionar la forma en que usamos los recursos del planeta.
Los Pueblos indígenas andinos hablan de la última crisis –la “crisis civilizatoria”- que nos obliga a volver a imaginar qué significa el “vivir bien” o “buen vivir”. El Presidente de Bolivia Evo Morales lo describe como “pensar no sólo en términos de ingreso per cápita, sino de identidad cultural, comunidad y armonía, entre nosotros, y con nuestra Madre Tierra".
Hermosas palabras, pero ¿cómo se pueden hacer realidad?
El Estado Plurinacional de Bolivia ha vuelto a escribir su Constitución. Ha vuelto a nacionalizar recursos claves, está desarrollando nuevas formas de gobierno y Evo Morales es el primer presidente indígena de la Américas. No obstante, los obstáculos a vencer son tremendos. Bolivia sigue profundamente sumergida en una división internacional del trabajo que se remonta al colonialismo del siglo XVI, y que la relega al papel de proveedor de mano de obra barata, tierra y recursos al resto del mundo. Los pueblos de Bolivia reclaman empleo, vivienda, tierras, salud, educación, agua potable y oportunidades de futuro. Estas mismas comunidades también defienden activamente la Naturaleza y los Derechos de la Madre Tierra, bloqueándoles el camino a las compañías mineras, defendiendo los bosques, deteniendo la extracción de petróleo. El Banco Mundial quizás quisiera hacernos creer que estos hechos contradictorios pueden amalgamarse en algo denominado "desarrollo sustentable". Pero en la medida que Bolivia siga atrapada en el sistema mundial donde el poder y los intereses económicos se imponen sobre todo, no habrá ni sustentabilidad ni desarrollo, sólo pobreza y desposesión. Y así termina el vivir bien o el buen vivir.
Los desafíos que enfrenta la sustentabilidad son muchos, pero a continuación presento los tres que quiero subrayar como conclusión.
En primer lugar, nuestra forma de entender el “desarrollo” simplemente es equivocada. No es posible seguir pensando a la sociedad como algo independiente de la naturaleza, ni a la economía separada de la base material de la producción (naturaleza). El crecimiento tal como lo conocemos ya no es posible.
En segundo lugar, el planeta está demasiado degradado y frágil para hablar de sustentabilidad. Debemos comenzar a hablar de regeneración y restauración.
En tercer lugar, el orden político y económico internacional se alza como obstáculo a los derechos de los pueblos y la Madre Tierra, y es necesario transformarlo. Más vale pronto que tarde.
La mayor esperanza de que el sistema cambie radica en el movimiento en constante crecimiento por justicia climática y ambiental. Este movimiento reúne a activistas de la justicia social y ambiental de maneras novedosas para enfrentar a las ortodoxias del desarrollo. Levanta las voces de las comunidades que luchan y resisten en el frente de batalla de las crisis ecológica y social, y está generando nuevas ideas sobre cómo volver a alinear la relación entre naturaleza y sociedad, informado por visiones del mundo que ya llevan demasiado tiempo subordinadas a las nociones occidentales del progreso. Los Pueblos indígenas hablan de crisis civilizatoria y de los Derechos de la Madre Tierra. Debemos escuchar y aprender. www.ecoportal.net
Nicola Bullard es actualmente la directora de Focus on the Global South y editora de Enfoque sobre Comercio. Este artículo apareció por primera vez en Development, Volumen 54, número 2, junio de 2011, “Challenges to Sustainability”, http://www.palgrave-journals.com/(...)
http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Desarrollo_Sustentable/Demasiado_tarde_para_la_sustentabilidad_necesitamos_un_cambio_de_sistema 

Mitos y realidades de la minería transnacional

La minería de gran escala se ha convertido en una de las principales actividades económicas del mundo. En buena medida se localiza en países en vías de desarrollo, cuya legislación es supremamente favorable para los intereses privados de las transnacionales de la exploración, explotación y exportación. En el presente artículo, Jennifer Moore, autora de múltiples estudios sobre el tema y quien cuenta con una experiencia de varios años monitoreando el problema, analiza –a la luz de algunos mitos que se tejen sobre la gran minería– los perjuicios causados y los abusos cometidos en la gran minería transnacional en América Latina.

Por Jennifer Moore
Periodista canadiense de prensa y radio radicada en Ecuador. Sus documentales radiales se han difundido por la radio pública de Canadá, la CBC y The Green Planet Monitor, además de varias producciones de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Universitarias de Canadá. Sus artículos se han publicado en upsidedownworld.org, dominionpaper.ca, rabble.ca y otros.
El artículo está presentado en subtítulos en los que podés pulsar y leer individualmente cada mito/realidad, más abajo de ellos incluímos el artículo completo.

Desarrollo
Mito #1: Empleo y crecimiento económico local.La gran minería genera oportunidades económicas y laborales para la población local
Mito #2: La minería invierte enormes recursos necesarios para el desarrollo.
Mito #3: Los beneficios de la minería se quedan en los países donde se extraen los minerales, y las empresas contribuyen con impuestos para el desarrollo del país.
Medio ambiente
Mito #4: La minería puede ser limpia, no contamina el ambiente, y se puede hacer sin riesgos ambientales. Hay una solución técnica para cada problema ambiental.
Derechos Colectivos
Mito #5: Las empresas de exploración vienen sólo a averiguar si hay metales. Si encuentran algo, es la comunidad local la que decide cómo proceder.
Mito #6: Ningún proyecto minero se hace sin consentimiento previo de las comunidades.
Mito #7: La minería fortalece el tejido social, y reduce la migración y descomposición de las comunidades indígenas.
Transparencia
Mito #8: Las empresas transnacionales garantizan transparencia
Mito #9: Cada país es autónomo y soberano en sus relaciones con empresas mineras transnacionales. Las empresas mineras transnacionales respetan el marco legal de los países donde operan.
Mito #10: Las empresas transnacionales se comportan con responsabilidad social.
Necesidad
Mito #11: El desarrollo minero es progreso y la producción campesina es retraso. Sin minas, no hay futuro, no hay machetes ni bicicletas.


Mitos y realidades de la minería transnacional
Por Jennifer Moore *
Desarrollo
Mito #1: Empleo y crecimiento económico local
– La gran minería genera oportunidades económicas y laborales para la población local.

Los proyectos mineros a gran escala generan una demanda intensiva de trabajo en las fases iniciales, lo que crea la ilusión de trabajo permanente. Generalmente el peor trabajo queda para los vecinos del lugar y los puestos mejor pagados y más altos son para gente de afuera.
Ejemplo: Durante la fase de construcción de la mina San Martín en Honduras en el año 2000, hubo más de 1.000 puestos de trabajo. Ahora que la mina está en la última fase de operación (cierre), hay 76 personas trabajando.(1)

La minería metálica industrial emplea 2,75 millones de personas, lo cual representa 0,09% de los puestos de trabajo a nivel mundial; la minería de pequeña escala emplea 13 millones. Según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, entre 1995 y 2000 la tercera parte de los trabajadores mineros en los 25 países de mayor producción de minerales perdieron su trabajo. La razón principal: la introducción de nueva tecnología que desplaza la mano de obra.(2)

Además, la rentabilidad de esta actividad económica es cíclica y depende principalmente de los precios de metales en el mercado internacional. Las poblaciones locales pierden el control de las principales variables de su economía, la cual pasa a responder a intereses anónimos y especulativos. Según Derechos en Acción, la duración de una mina en promedio es de 10 a 15 años.(3)

Adicionalmente, la minería impone primarización de la economía, lo que impide agregar valor y desarrollo económico. Earthworks ha observado: "Al inicio de la operación de una mina, la actividad económica local crece notablemente. Hay nuevas vías y nuevas viviendas construidas para los mineros; también se establecen pequeños negocios para atender la mina y sus trabajadores. Pero aquellas economías frecuentemente se debilitan por el fenómeno llamado company town, es decir: hay poca actividad económica independiente de la mina. Este nivel de dependencia no genera estabilidad económica a largo plazo."(4)

Mito #2: La minería invierte enormes recursos necesarios para el desarrollo.
Las empresas mineras hacen grandes inversiones en instalaciones necesarias para la extracción de metales. Pero en carreteras y otra infraestructura, que pueden beneficiar a la población, las empresas hacen los gastos mínimos y utilizan recursos del Estado para construir su infraestructura.

Ejemplo: República Dominicana, donde Goldcorp y Barrick Gold proponen reabrir la mina de oro Pueblo Viejo. Entre 1979 y 1999 la mina funcionaba bajo la empresa estatal Rosario Dominicana S.A. Ahora 100 familias viven en extrema pobreza sin acceso al agua potable en sus alrededores. Por un acuerdo entre las empresas y el Estado dominicano, el gobierno es responsable de ubicar el agua necesaria para las nuevas operaciones, reubicar alrededor de 1000 pobladores, remediar los pasivos ambientales de la operación anterior y adquirir los derechos necesarios de tierras. El solo arreglo de los pasivos ambientales tiene un valor estimado de US $100 millones.(5)

Otro ejemplo ocurre en Argentina donde Barrick Gold, que explota la mina Veladero, descuenta del pago de regalías a la provincia de San Juan todas sus acciones de "responsabilidad social empresaria" y diversos aportes de dinero a instituciones locales. Es decir que la política de relaciones comunitarias de la empresa la paga el propio Estado provincial.

Mito #3: Los beneficios de la minería se quedan en los países donde se extraen los minerales, y las empresas contribuyen con impuestos para el desarrollo del país.
Con mucha frecuencia la minería deja a su paso descomposición social, desplazamiento, pobreza, contaminación y destrucción ambiental permanente. Los beneficios se van para el Norte, a las empresas y a sus inversionistas. Por eso, se habla de la "la maldición de los recursos naturales".

Ejemplo: En el caso de Chile, conocido como país minero, según César Padilla del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), hay un marco legal que favorece a las transnacionales y 70% de la producción de cobre está en manos extranjeras. En cuanto a la tributación, constata que sólo 3 de 47 mineras extranjeras de cobre arrojan pequeñas utilidades y el resto "a través de resquicios legales, manipulan sus balances para presentar pérdidas"; por eso no pagan impuestos.(6)
Medio ambiente

Mito #4: La minería puede ser limpia, no contamina el ambiente, y se puede hacer sin riesgos ambientales. Hay una solución técnica para cada problema ambiental.
Las tecnologías que permiten la explotación de yacimientos son altamente contaminantes y destructivas. La minería demanda enormes cantidades de agua, que contamina permanentemente con químicos como el cianuro. El drenaje ácidoa, y otras formas de contaminación, son efectos comprobados y a veces comienzan después de que se retiró la empresa y se cerró la mina. En promedio se extrae un 0,51% de cobre de la roca (antes en Estados Unidos, a comienzos del siglo XX, era 2,5%) y 0,0001% en el caso del oro. Por cada onza de oro producida, se genera un promedio de 79 toneladas de desechos.
El fenómeno del drenaje ácido puede durar cientos o miles de años, y puede ser particularmente grave cuando la explotación minera está ubicada en zonas de nacimientos de agua o en cabeceras de cuencas. Adicionalmente se estima que, en el caso del cobre por ejemplo, se utilizan entre 10.000 y 30.000 litros de agua por día. (7) Muchos Estados otorgan el uso y/o control sobre el agua con las concesiones mineras sin costo para las empresas.

Ejemplo: En El Salvador hay 29 proyectos de minería metálica radicados en la región montañosa del norte. Los ríos que abastecen el país vienen de aquí, y sólo el Río Lempa, por ejemplo, sirve a más de 50% de la población de la capital, San Salvador.

En la provincia de Cabañas, en donde se encuentra el Proyecto El Dorado, una mina de oro y plata de una superficie de 144 kilómetros cuadrados en fase de exploración por Pacific Rim Mining Corp., muchos habitantes se preocupan porque la mina propone consumir 30.000 litros de agua diarios durante su existencia, dependiendo de la misma fuente de agua que abastece a la población local sólo una vez cada semana.

Actualmente el proyecto está suspendido debido a la oposición que ha generado, hasta que el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales presente un nuevo estudio sobre el proyecto, el cual estudiará el Parlamento de El Salvador. Un Estudio de Impacto Ambiental de dicho proyecto realizado por el ingeniero hidrológico, Robert Moran de EEUU, concluyó que ni la población ni el Parlamento tenían suficiente información sobre los posibles impactos sociales y ambientales del proyecto. Agregó que un gran porcentaje de proyectos similares ha generado pasivos ambientales negativos a través del mundo y muchas veces aparecen después que la mina se cierra.

Bosques amenazados: Según Earthworks, 39% de los bosques en peligro están amenazados por la minería de gran escala. Además, una cuarta parte de los sitios catalogados como Patrimonio Global por su valor natural, están amenazados por proyectos mineros o de hidrocarburos futuros. Asimismo más de un cuarto de las minas activas y los sitios de exploración se superpone con o están a 10 kilómetros de parques, reservas y otros áreas protegidas estrictamente, según el criterio de la UICN.(8)

En cuanto al aire, la fundición de metales contribuye con el 13% de las emisiones de dióxido de azufre a nivel mundial, y consume entre el 7 y 10 por ciento de la producción de energía, principalmente en base a carbón y petróleo.

Derechos Colectivos
Mito #5: Las empresas de exploración vienen sólo a averiguar si hay metales. Si encuentran algo, es la comunidad local la que decide cómo proceder.
Si una empresa de exploración (frecuentemente llamado junior) encuentra algo, muchas veces se vende el proyecto a una empresa más grande, con mayores recursos y capacidad operativa, que lo pueda extraer. En 2006, tales empresas contribuyeron con más del 50% de la exploración minera de minerales no ferrosos en el mundo, mostrando un crecimiento de 600% en sus inversiones desde 2002 (9), lo cual pertenece al período reciente de boomen el mercado de metales.

Ejemplo: En Guatemala la mina Marlin fue descubierta por Francisco Gold y desarrollada por Glamis Gold, ahora propiedad de Goldcorp Inc., a través de su subsidiaria Montana Exploradora de Guatemala.
Los compromisos que las empresas de exploración hacen con las comunidades no son vinculantes, ni siquiera en los casos donde hay diálogo con las compañías grandes, las cuales también frecuentemente venden sus proyectos.

Ejemplo: En Ecuador hay más de veinte empresas juniors, algunas que ya tienen "alianzas estratégicas" con empresas grandes o que ya han vendido su proyecto a una empresa más grande. Ascendant Copper Corporation (ahora se llama Copper Mesa) tiene una alianza estratégica con Río Tinto que garantiza a la minera inglesa comprar hasta 70% de interés en un proyecto de Ascendant. Río Tinto realizó exploraciones en algunos lugares del Ecuador en los años 90, pero salió del país por razones también "estratégicas". Esta empresa comparte información con las empresas junior.

Recientemente, Aurelian Resources, que descubrió uno de los mayores depósitos de oro mundiales en el sur de la Amazonía ecuatoriana, vendió su proyecto (llamado Fruta del Norte) a Kinross Gold.

La gran minería está compuesta por carteles y consorcios que se encubren unos a otros, y hay monopolio y concentración entre los más grandes. En octubre de 2007, Latin American Newsletter destacó "una pirámide divina de la minería", refiriéndose precisamente a este fenómeno de las juniors y las empresas mineras más grandes. Basado en una entrevista con el director de Ascendant Copper Corporation (ahora Copper Mesa Corporation, la cual ha sido suspendida debido a la oposición en contra de su proyecto cuprífero en la zona de Intag, al noroeste de Ecuador). Steve Vaughn, quien lleva muchos años en la industria minera, explica que hay cuatro o cinco compañías mineras en la cumbre de la pirámide, luego hay unas medianas, y después cientos de pequeñas. Estas últimas "están encargadas de manejar los procesos antes de entrar en operación, o sea de limpiar el camino antes de que lleguen las grandes". El autor, Luís Ángel Saavedra, concluye que las pequeñas protegen a las más grandes de la posibilidad de llevarlas a juicio.(10)

Mito #6: Ningún proyecto minero se hace sin consentimiento previo de las comunidades.
Hay innumerables estrategias de engaño, cooptación y coerción social; son estrategias acumuladas por una larga historia de explotación. A pesar de existir recomendaciones durante los últimos años pidiendo que se reconozca el consentimiento de las comunidades para resolver tales conflictos, no hay prácticas ni reglamentos establecidos. Cuando las comunidades intentan realizar sus propias consultas populares, enfrentan mucha presión. Además, existen estándares internacionales sobre la reubicación forzada, que muchas veces dejan sin alternativa a las comunidades.
Ejemplo: En tres municipalidades de la parte alto andina de Piura, Perú, a través de una consulta popular en septiembre de 2007, el 94% de los pobladores dijeron "no" a la actividad minera. Antes del evento, el gobierno central hizo todo lo posible para evitar la consulta y el ejercicio democrático. Dos semanas después, el gobierno declaró 20 proyectos mineros como prioridad nacional, dentro de los cuales estaba el proyecto minero de Río Blanco Copper (antes Minera Majaz, de la inglesa Monterrico Metals, hoy en manos de un consorcio chino), al que refería la consulta. Ahora hay más de 300 moradores de la zona que han participado en el frente contra la minería y quienes están enjuiciados. El gobierno peruano ha decretado una nueva legislación para implementar el Tratado de Libre Comercio con EEUU, legislación que puede negar el derecho a consultar a las comunidades campesinas y pueblos indígenas en particular.

Ejemplo: En la ciudad patagónica de Esquel, en Argentina, más del 80 por ciento de la población rechazó el proyecto de explotación de oro Cordón Esquel, que proponía la empresa canadiense Meridian Gold (absorbida este año por Yamana Gold), en una consulta popular realizada el 23 de marzo de 2003. Luego de esto, la empresa declaró el proyecto "en pausa" y aseguró públicamente que no avanzaría hasta "responder a todas las dudas de la comunidad". Meses después la Asamblea Local de Vecinos local difundió las grabaciones de una reunión secreta, realizada en un lujoso hotel de Buenos Aires, donde la empresa –con el apoyo de una consultora en comunicación y la organización Business For Social Responsability (BSR) de Estados Unidos– desarrollaba estrategias para "dar vuelta a la comunidad" y desarticular la oposición social al proyecto. Seis vecinos de Esquel y dos periodistas fueron llevados a juicio por la empresa después de la difusión de esas grabaciones.

Nota de la redacción: Finalmente la justicia sobreseyó a los vecinos y a los periodistas de Esquel que fueron denunciados por la minera.

Mito #7: La minería fortalece el tejido social, y reduce la migración y descomposición de las comunidades indígenas.
Todo lo contrario. Al no respetar los derechos para decidir sobre el uso de su territorio y su derecho a la autodeterminación, en muchas circunstancias las empresas aplican otras estrategias para ingresar en los territorios ancestrales, los cuales actualmente se ven muy afectados por la expansión minera.
Contratos directos y dádivas u ofertas a comunidades particulares pueden desestabilizar las organizaciones indígenas por interferir en sus procesos de comunicación, planificación y manejo de recursos naturales. Estas actividades afectan a las comunidades étnicas fuertemente, las dividen y promueven el conflicto social para tener acceso a los minerales. Se estima que alrededor de la mitad del oro explotado entre 1995 y 2015 se va a extraer de territorios de los pueblos indígenas.(11)

Ejemplo: La mina de oro más grande en América Central de la empresa canadiense Goldcorp, llamada "Marlin", se encuentra en Guatemala en las municipalidades de San Miguel Ixtahuacán y Sipakapa en el oeste del país. Se ha convertido en un problema nacional por no consultar con los pueblos. En el municipio de Sipakapa se ha iniciado una serie de consultas populares convocadas por los pueblos mismos, las cuales han resultado en un fuerte rechazo de la actividad minera. Sin embargo, los resultados de las consultas no han sido aceptados y los pueblos sufren amenazas permanentes y otras afectaciones por la explotación de la mina. Actualmente han apelado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Interamericana por una decisión sobre las consultas.

En los pocos casos, según Derechos en Acción, en que pueblos indígenas en Canadá han negociado acuerdos sobre los impactos y beneficios con empresas mineras, el éxito ha sido "limitado". Las negociaciones son duras y, mientras algunos grupos indígenas han ganado algo de empleo, capacitación y dinero, todavía tales acuerdos ofrecen mínima protección ambiental y "es improbable que vayan a contribuir a economías sustentables después de que la mina cierre."

Agregan que las comunidades afectadas por la minería reportan mayor uso de drogas y alcohol, carencia de viviendas y más violencia contra la mujer.(12)

Transparencia
Mito #8: Las empresas transnacionales garantizan transparencia
El financiamiento de las empresas mineras, especialmente de muchas juniors, utiliza prácticas no transparentes que muchas veces son monitoreadas muy débilmente en cuanto a los impactos ambientales y sociales de sus proyectos. Además, estas empresas tienen estructuras empresariales muy complicadas, diseñadas para evitar el riesgo judicial.

Ejemplo: La Bolsa de Valores de Toronto (TSX) – La Bolsa de Valores de Toronto ha emergido como fuente importante de fondos para la exploración minera. Alrededor del 57% de las empresas mineras cotizan sus acciones en la Bolsa de Valores de Toronto y, según sus propios informes, en los primeros seis meses de 2007 facilitó 48% de los financiamientos mineros mundiales, más que cualquier otra bolsa de valores en el mundo.(13) Está especializada en financiar proyectos en lugares riesgosos, o sea en donde hay conflicto o mucha oposición.

La TSX procura la mayoría de fondos mediante "colocaciones privadas": "ofertas de valores a un número limitado de inversionistas grandes, principalmente los que se llaman 'inversionistas institucionales' –bancos, fondos mutuos y fondos de pensiones–, que se caracterizan por un menor grado de transparencia, lo cual a su vez implica: 1) una amplia distribución de las acciones mineras en la población canadiense (se estima que 49% de los canadienses tienen acciones en la minería) y 2) resulta difícil trazar los orígenes de los fondos que se destinan a la actividad minera."(14)

La Corporación de Desarrollo de Exportaciones de Canadá (EDC) también es poco transparente. Ella es "una institución financiera para los exportadores e inversionistas canadienses en el extranjero, que en 2006 dio $66 billones [miles de millones] en ayuda a empresas canadienses, de los cuales $30 billones se invirtieron en el sector de recursos naturales. Hasta 2007, no ha estado sujeta a la legislación de acceso a la información".(15)

Respecto a las estructuras de estas empresas, las empresas juniors –que han aumentado mucho su participación en la exploración minera– pueden brindar seguridad a las empresas más grandes que van a desarrollar las minas. Incluso, por su propia constitución, estas empresas pueden evitar el riesgo judicial.
Ejemplo: Ascendant Copper Corporation (ahora Copper Mesa) ha enfrentado una fuerte oposicióncomunitaria a su proyecto en el noroeste de Ecuador, en la zona de Intag. Ha sido implicada en violaciones de los derechos humanos y denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2007 por el intento de un grupo de más de 50 guardias fuertemente armados y principalmente ex militares que trataron de ingresar por la fuerza a las concesiones mineras de Ascendant en Intag.

Pero en su sitio web la compañía reconoce que por su estructura empresarial se hace muy difícil llevar a juicio a los miembros de su directiva: "Todos los directores de Ascendant y prácticamente todas sus acciones y las de la corporación están radicados fuera de Canadá. Puede ser imposible que quienes compran seguridades... puedan notificar sobre directores que viven fuera del país en un juicio en Canadá..." Mientras la empresa se incorpora en la provincia de British Columbia, Canadá, su sede está en Colorado, EEUU. También Ascendant Copper Corporation tiene subsidiarias radicadas y/o que cotizan en las bolsas de valores del Caribe con sus operaciones principales en Ecuador.

Mito #9: Cada país es autónomo y soberano en sus relaciones con empresas mineras transnacionales. Las empresas mineras transnacionales respetan el marco legal de los países donde operan.
Muy frecuentemente no existen mecanismos, voluntad ni recursos para aplicar los mandatos legales. Además, muchas veces las mismas empresas mineras y/o sus promotores imponen un marco legal a través de gobiernos amigos.

Ejemplo: En el caso de Ecuador, donde hasta ahora no ha empezado a producir el proyecto de la minería metálica, en el año 2000 se implementaron reformas profundas a la ley minera después de un proyecto financiado por el Banco Mundial y con el apoyo de las embajadas de Inglaterra y Suecia. Las reformas derogaron las regalías de producción debidas al Estado, aumentando el plazo de duración de las concesiones mineras a treinta años renovables, y negaron al Estado la opción de revocar concesiones mineras por afectaciones ambientales o sociales.

Ahora que el país está nuevamente reformando su ley minera para reinstituir el rol del Estado en el control y manejo del sector, las empresas canadienses que dominan la inversión en Ecuador han participado extensivamente en el desarrollo del nuevo texto.

Las empresas también gozan de gran protección por medio de los tratados internacionales que protegen las inversiones (TBI), los cuales se han usado para imponer proyectos mineros cuando se ha presentado una gran resistencia. Las empresas pueden tener una ventaja grande frente a los gobiernos de países en desarrollo cuando van a los tribunales de arbitraje internacional como el Centro Internacional de Arreglo de Disputas de Inversiones (CIADI) por el costo de los procesos y por el hecho de que no hay mecanismo para que las comunidades afectadas puedan participar.

Ejemplo: Goldcorp, a través de su subsidiaria Glamis Imperial Corporation, está utilizando el NAFTA para derogar una ley de California que apoya los reclamos del la tribu Quechan, de la reserva de Fort Yuma, que se oponen a la incursión del Proyecto Minero Imperial en sus tierras sagradas.(16)

Mito #10: Las empresas transnacionales se comportan con responsabilidad social.
Si el marco legal es desfavorable o hay una fuerte oposición a un proyecto minero, la corrupción, la violencia, la criminalización y la desestabilización de organizaciones pueden imponerse. Las empresas mineras son las transnacionales con mayor experiencia en el testaferrato.

Ejemplo: Según un informe de la Defensoría del Pueblo de Perú sobre el Proyecto Río Blanco en el noreste del departamento de Piura, la presencia de la minera en las tierras de las comunidades campesinas se considera ilegal en razón de que no ha sido aprobada por dos tercios de las asambleas de las comunidades campesinas en donde la empresa tiene sus concesiones mineras. Además las comunidades se expresaron fuertemente en contra del proyecto minero durante una consulta popular en septiembre de 2007. Sin embargo, con el apoyo del gobierno del Presidente Alan García la compañía suscribió un acuerdo de estabilidad jurídica y está buscando por cualquier manera abrir su mina, la cual pueda ser el inicio de un gran distrito minero por los dos lados de la frontera Perú - Ecuador.

Un informe del Observatorio de Conflictos Mineros en Perú de agosto de 2008, observa que hay alrededor de 300 personas criminalizadas en Piura por su posición en contra de la minería. En un caso muy notable, 35 están enfrentando acusaciones de terrorismo. Las acusaciones fueron presentadas ante la Fiscalía por un grupo sobre el cual existen sospechas de ser montado o apoyado por la compañía. Un informe elaborado por un grupo de abogados de EEUU e Inglaterra ha concluido que aquel caso no podría ser presentado en una corte de estos dos países desarrollados aún si el Estado sigue con el caso en el que viola los derechos humanos de las personas involucradas.

Necesidad
Mito #11: El desarrollo minero es progreso y la producción campesina es retraso. Sin minas, no hay futuro, no hay machetes ni bicicletas.
La cuestión minera es de gran importancia pública por la destrucción que implica y por las diferencias fundamentales en las visiones sobre el desarrollo. Las comunidades deberían tener su derecho de autodeterminación, de participación en decisiones que afecten su medioambiente, la salud, la autonomía alimentaria, etc., aspectos todos que puedan ser impactados por la minería.

El mercado de los metales en gran parte es impulsado por usos desvinculados a la vida de las comunidades. En el caso del oro, se utilizó en un 85% para joyería. El níquel, cobalto y tungsteno son considerados minerales estratégicos porque son utilizados por la industria militar. "La actividad minera de gran escala es posible sólo porque está legitimada y premiada por un marco legal colonial, el cual establece una serie de beneficios e incentivos tributarios para las empresas mineras que discrimina contra las actividades económicas productivas y sostenibles, que son las que verdaderamente dirigen nuestras economías regionales."(17) (Tercer Encuentro de Comunidades Afectadas por la Minería en Argentina. Agosto 14 de 2005. "Vienen por oro, vienen por todo."(18))

El desarrollo minero literalmente transforma de manera radical el manejo del territorio, la biodiversidad, el agua, la generación de energía y la sociedad. Asimismo fomenta la dependencia debido a las relaciones clientelistas que mantiene y/o sostiene la minería de gran escala, las cuales en muchos casos utiliza para inhibir el potencial de construir organizaciones, procesos locales y formas de desarrollo autodeterminadas. De hecho, según algunos investigadores, se observa que un resultado de los procesos de lucha en contra la minería ha sido el surgimiento de organizaciones locales, redes de apoyo y otras formas de sostenimiento que están más cercanas a la realidad de la localidad y la gente.(19)

Y cuando tengan que imponer la minería, ¿podría constituir desarrollo? Los investigadores Anthony Bebbington de Inglaterra y María Luisa Burneo de Perú al definir desarrollo se orientan por el economista ganador del Premio Nobel, Amartya Sen, diciendo que "el desarrollo no se define por el crecimiento económico, sino por la expansión de libertades y de capacidades humanas. Sen diría, entonces, que si en un proceso de cambio social no hay mejora en la expresión de la ciudadanía, no se puede hablar de un avance en el desarrollo...un crecimiento económico sin desarrollo... puede, más bien, generar conflictos sociales."
César Padilla concluye que la resistencia de las comunidades afectadas a lo largo de América Latina es parte de un proceso transformado por sí mismo, el cual busca otro modelo de desarrollo "que limite la minería así como la mayoría de las industrias extractivas".(20)

Resistencia
Las empresas mineras y las ONG se van después de que se cierra la mina. Los que sufren las consecuencias son las comunidades que quedan viviendo cerca a una mina abandonada. Debido a que los principales afectados por la minería transnacional son comunidades locales, la estrategia de resistencia debe enfocarse hacia ellas.

Hay una riqueza de experiencias de resistencia, que deben evaluarse, articularse y acumularse.
Generalmente, las comunidades y los movimientos sociales no tienen información suficiente y apropiada para actuar en consecuencia. Hay una desarticulación entre quienes tienen conocimientos sobre la minería y quienes viven en comunidades concesionadas o afectadas.

La minería es uno de los mejores ejemplos para poner en evidencia los efectos negativos del modelo económico, así como la ocupación y despojo de los territorios y sus impactos, por lo cual sirve para movilizar en resistencia a la población general (norte, sur, ambientalistas, sindicatos, académicos, estudiantes, inversionistas).

Estrategias posibles para la resistencia

• Encuentro, intercambio y articulación entre comunidades afectadas, involucradas y en resistencia.

• Apoyo y acompañamiento de intelectuales y analistas comprometidos con la resistencia y con el conocimiento del sector, y profundizar el desarrollo de saberes que respalden la movilización y la resistencia.

• Estrategias de comunicación, concientización y movilización (ejemplo: formación de un banco de materiales informativos sobre la minería).

• Montar una estrategia de denuncias sobre la acumulación de capital y los abusos efectuados por las empresas mineras.

• Establecer un equipo técnico-operativo de toda la estrategia y una estructura política-organizativa que funcione coordinada pero autónomamente. Establecer un consejo asesor que tenga un equilibrio entre procesos comunitarios y analistas comprometidos.

* Periodista canadiense de prensa y radio radicada en Ecuador. Sus documentales radiales se han difundido por la radio pública de Canadá, la CBC y The Green Planet Monitor, además de varias producciones de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Universitarias de Canadá. Sus artículos se han publicado en upsidedownworld.org, dominionpaper.ca, rabble.ca y otros.
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Notas
1 Goldcorp Inc. (March 25. 2008). Annual information form for the financial year ended December 31, 2007. Retrieved April 5, 2008 from www.sec.com
2 Earthworks & Oxfam America. 2007. Dirty Metals Report: Mining, Communities and the Environment, p25.
3 Rights Action. (April 2008). INVESTING IN CONFLICT Public Money, Private Gain: Goldcorp in the Americas, p6.
4 Earthworks & Oxfam America. 2007. Dirty Metals Report: Mining, Communities and the Environment, p18.
5 Rights Action. (April 2008). INVESTING IN CONFLICT Public Money, Private Gain: Goldcorp in the Americas, p19.
6 César Padilla Ormeño, Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL, 2007). "Minería en Chile: Conflictos Ambientales Emergentes, El Camino de la Recuperación de Derechos", p 5-6.
a El drenaje ácido se produce cuando la roca se expone al aire y al agua con el resultado de la producción de ácidos. El drenaje ácido puede movilizar metales pesados como cobre, plomo, arsénico, zinc, selenio o mercurio hacia aguas superficiales o subterráneas.
7 DECOIN. Ecuador, ¿País Minero? Por un país libre de minería metálica a gran escala. Intag, Ecuador. 2007; www.decoin.org
8 Earthworks/Oxfam America. (2004) Dirty Metals Report: Mining, Communities and the Environment, p18.
9 Jason Goulden, Corporate Exploration Strategies. World Exploration Trends: A Special Report fron Metals Economics Group for the PDAC International Convestion 2007.www.metalseconomics.com
10 Luis Angel Saavedra. Mining territory in dispute. Ecuador, El 4 Octubre 2007.
http://www.latinamericapress.org/article.asp?lanCode=1&artCode=5329; Adquirido 10 de Enero 2008.
11 Earthworks/Oxfam America (2004). Dirty Metals Report: Mining, Communities and the Environment, p21.
12 Rights Action. (April 2008). INVESTING IN CONFLICT Public Money, Private Gain: Goldcorp in the Americas, p6-7.
13 TSX Group sitio web. TSX Mining Presentation: TSX Stock Exchange and TSX Venture Exchange, "A Global Resource for Capital". www.tsx.com
14 Timothy David Clark, York University Toronto. La Minería Canadiense en el Mundo. Presentación durante el foro Comunidades, Minería y Desarrollo. Quito, Noviembre 2007.
15 Ibid.
16 Rights Action. (April 2008). INVESTING IN CONFLICT Public Money, Private Gain: Goldcorp in the Americas, p2.
17 III Meeting of Communities Affected by Mining in Argentina. (August 14. 2005). Declaration of Andalgalá. Retrieved February 28, 2008 from www.minesandcommunities.org/Action/press714.htm
18 Javier Rodríguez Pardo, Movimiento Antinuclear del Chubut, Red Nacional de Acción Ecologista de Argentina, Unión de Asambleas Ciudadanas. Las Invasiones Mineras Quinientos Anos Después, por la conferencia Comunidades, Minería, Desarrollo. FLACSO-Quito, Noviembre 2007.
19 Anthony Bebbington, Universidad de Manchester. Los conflictos mineros, su dinámica, actores y participación de las comunidades. Presentado por la conferencia Comunidades, Minería y Desarrollo, FLACSO-Quito, Noviembre 2007. Rights Action. (April 2008). INVESTING IN CONFLICT Public Money, Private Gain: Goldcorp in the Americas, p3.
20 César Padilla, OCMAL. ¿Agua o minería? El dilema ante las extractivas. América en Movimiento No. 427, p18-23. alainet.org
http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-general/mitos-y-realidades-de-la-mineria-transnacional 

¿Si producimos alimento para 12 mil millones de personas por qué todavía existe el hambre?

A pesar de que en el planeta se produce mucho más alimento que el que requieren sus 7 mil millones de habitantes, el 15% de la población mundial sigue padeciendo hambre.

De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), actualmente se produce en el planeta alimento necesario para satisfacer las necesidades de 12 mil millones de personas. Y si consideramos que la población mundial se integra por aproximadamente 7,000 millones de habitantes, resulta casi inexplicable que alrededor del 15% de esta población siga padeciendo hambre. Pero como afirma acertadamente Esther Vivas en su editorial para el diario español El País, «El hambre no es una fatalidad inevitable que afecta a determinados países. Las causas del hambre son políticas. ¿Quiénes controlan los recursos naturales (tierra, agua, semillas) que permiten la producción de comida? ¿A quiénes benefician las políticas agrícolas y alimentarias? Hoy, los alimentos se han convertido en una mercancía y su función principal, alimentarnos, ha quedado en un segundo plano».

Tras analizar brevemente el escenario alimentario del planeta podemos confirmar que lamentablemente está controlado por un reducido grupo de corporaciones trasnacionales que crecen, procesan y distribuyen un considerable porcentaje del alimento que se consume en el mundo, y que fijan sus precios a partir de un criterio simple: estrategias de mercado orientadas a generar mayores dividendos sin tomar en cuenta el impacto que estas tienen para la población mundial, en especial para los habitantes de los países económicamente más vulnerables.

 

Sumado a lo anterior, existen fenómenos específicos que privan diariamente a millones de personas de satisfacer las necesidades básicas en torno a su alimentación (buena parte de las cuales radica en África). Por un lado, miles de campesinos alrededor del mundo han perdido sus tierras ante compañías trasnacionales que las adquieren para cultivar alimentos a bajo costo y posteriormente comercializarlos en países en donde la demanda se corresponde con un poder adquisitivo suficiente para cumplir con sus expectativas mercantiles. Por otro, los precios de los alimentos básicos generalmente se determinan, al menos en un plano masivo, en bolsas de valores como la de Chicago, Londres o París. Y si a esto agregamos que actualmente la gran mayoría de la compra-venta de estas mercancías no implica un intercambio real, sino que es de carácter especulativo (a decir de Mike Masters, del hedge fund Masters Capital Management, el 75% de la inversión en el sector agrícola es de carácter especulativo), entonces tenemos consecuencias como el incremento en los precios de productos que forman la canasta básica de diversas poblaciones: «En Somalia, el precio del maíz y el sorgo rojo aumentó un 106% y un 180% respectivamente en tan solo un año. En Etiopía, el coste del trigo subió un 85% con relación al año anterior. Y en Kenia, el maíz alcanzó un valor 55% superior al de 2010».

Aparentemente estas son las causas responsables del nefasto fenómeno denunciado desde el propio título de este artículo. Se calcula que desde hace cinco décadas la producción de alimentos se ha triplicado, mientras que la población solo se ha duplicado. Pero esto no es suficiente siquiera para acercarnos a resolver una problemática que mientras siga vigente jamás podremos aspirar, como sociedad mundial, a una condición mínima de dignidad para la raza humana como un conjunto unificado.

¿Por qué si producimos alimento para 12 mil millones de personas todavía existe el hambre? El relator de la ONU para el Derecho a la alimentación, Olivier de Schutter, tiene una respuesta tan cruda como precisa: porque «el hambre es un problema político. Es una cuestión de justicia social y políticas de redistribución”.

http://pijamasurf.com/2011/07/%C2%BFsi-producimos-alimento-para-12-mil-millones-de-personas-por-que-todavia-existe-el-hambre/ 

La locomotora de Santos se enfrenta a los mamos y a la Sierra

En pocos días se cumplirá un año de la posesión de Juan Manuel Santos, cuando éste subió a un resguardo de la Sierra Nevada llamado Seiyua y los cuatro pueblos indígenas le entregaron un collar de cuatro piedras. “Una representa la tierra que debemos cuidar, otra representa el agua que es la fuente de vida, otra representa la naturaleza con la que debemos estar en armonía. La cuarta representa el gobierno, que debe respetar el orden de la naturaleza y la voluntad del creador”, dijo en su discurso el Presidente. Un año después parece que las cuatro piedras están guardadas en un cajón. 

Los cabildos indígenas han venido denunciando tres megaproyectos que rodean la Sierra y que ellos consideran que amenazan el agua, la tierra y, sobre todo, sus tradiciones y el respeto a sus pueblos como autoridades del ‘corazón del mundo’. 

Y ahora que los indígenas están mucho más organizados que hace unos años, cuando el conflicto estaba en su apogeo y estaban escondidos en el pico de la Sierra o desplazados en las cabeceras municipales, creen que llegó la hora de debatir si la locomotora del desarrollo podrá andar por encima de ellos y del medio ambiente en La Guajira.

Uno de los grandes proyectos que tiene preocupados a los cuatro cabildos es la construcción de Puerto Brisa, un puerto multipropósito que empezó a construirse en 2006 en el municipio de Dibulla, a medio camino entre Santa Marta y Riohacha, en las faldas de la Sierra. Este caso se volvió emblemático para el futuro de los proyectos de la Sierra y el futuro de La Guajira dependerá de cómo se resuelva el pulso entre los indígenas y las empresas

Domingueka

Domingueka (arriba), representantes del pueblo Kankuamo (centro) y el gobernador de la Guajira (abajo).

  El viernes de la semana antepasada, a tres horas y media de Santa Marta y a dos de Mingueo, corregimiento de Dibulla, se celebró en un resguardo llamado Domingueka, la primera reunión entre los cuatro cabildos de la Sierra con representantes del Ministerio del Interior y del Ambiente y con el Vicepresidente de Puerto Brisa. El objetivo era planear cómo se iba a hacer la consulta previa que ordenó la Corte Constitucional cuando frenó el proyecto del puerto hace exactamente un año.

Domingueka es un caserío de unas 20 casas indígenas de bahareque y palma construídas alrededor de la maloka principal, donde se llevó a cabo la reunión. Sentados en sillas Rímax, de un lado estaban los mamos de la Sierra y los cabildos con sus poporos, y del otro los blancos. Alrededor de la maloka estaban los jóvenes indígenas, pendientes de los mayores. La jornada empezó a las siete de la mañana, pero la discusión en forma sólo empezó hacia el mediodía.

Los kankuamos y el Gobernador de la Guajira Jorge Pérez llegaron tarde. El gobernador llegó en su camioneta con el Vicepresidente de Puerto Brisa. Que ambos llegaran juntos no pareció sorprender a nadie sino que, por el contrario, ratificó el temor que tienen muchos indígenas de que el Gobernador esté ya del lado de la empresa.

“Nosotros no nos oponemos al desarrollo, pero creemos que hay que tener en cuenta la diversidad étnica también”, dijo al comienzo de la reunión el Cabildo Gobernador Kogui José Santos. Lo que piden son los estudios, ambientales, sociales y de ingeniería que han consultado los ministerios y a los que ellos no han tenido acceso. Uno de los cabildos les recuerda que el convenio 169 de la OIT ordena que la consulta previa sea informada. Y ellos información no tienen.

“Pero ni el Gobernador sabe de qué se trata este proyecto, a nosotros solo nos ha hablado de desarrollo pero sin detalles”, dijo el Cabildo Kogui antes de que el Gobernador interviniera en la reunión. Su intervención fue corta. Habló diez minutos en los que saludó a cada uno de los cabildos y funcionarios de gobierno e insistió en que espera que indígenas y empresa puedan ponerse de acuerdo. Pocos minutos después se fue del resguardo.

Su propósito era ‘dar su bendición’ al proceso de preconsulta que deben programar ambas partes, porque ponerse de acuerdo en las fechas y los horarios no es tarea fácil. Ya eran las cuatro de la tarde, y todavía no había hablado la empresa Puerto Brisa. Faltaba todavía determinar cómo harían la consulta previa. Toda la discusión seguía en revisar conceptos, resoluciones o sentencias como si fueran las reglas de juego en la discusión. Luego del almuerzo de carne, plátano y arroz ofrecido por los indígenas, continuó la reunión.
Mientras todos almorzaban, en la Maloka se quedó mambeando Arregocés Comchacala, quien fue Cabildo gobernador Kogui. “Entre norma y norma, esto es mucho estrés para los pueblos”, dice. Y abre su mochila para que jóvenes que pasan a saludarlo metan unas hojas de coca a cambio de las que él pone en las la mochilas de ellos, una forma de saludo.

Afuera llueve pero dentro de la Maloka no hace frío porque hay dos pequeñas fogatas prendidas. Arregocés cuenta que la noche anterior los cabildos se quedaron hasta las tres de la mañana fijando su posición. Algunos, de hecho,  sienten que con solo discutir el proyecto traicionan a los mamos que pidieron oponerse desde un principio a la construcción del puerto. Otros creen que hay que hacer primero la consulta previa, para que luego la Corte no diga que hubo falta de voluntad.

Arregocés fue Cabildo Gobernador por 25 años y se sabe todas las normas: las de antes de la Constitución del 91 y las más recientes y se dedicó en los noventas a que campesinos y terratenientes respetaran el territorio indígena de la Sierra Nevada. Y aunque las leyes y el enemigo para él pudieron cambiar de cara, las únicas leyes que no han cambiado son las de su pueblo.

“Vamos a seguir dando la pelea, a La Sierra le toca estar unida, estos proyectos no pueden dividir al pueblo por la plata. Porque cada cosa que van haciendo la hacen sobre los sitios sagrados”, dice.
Cuando arranca de nuevo la reunión llega una sorpresa. La vocera del Ministerio del Interior, Paula Bernal, pide disculpas públicas por “el Ministerio haber notificado la no presencia de comunidades indígenas en 2005”. La frase fue rápida, pero no pasó desapercibida. Los cuatro cabildos y el representante de la Defensoría del Pueblo pidieron que las disculpas quedaran registradas en el acta de la reunión. La disculpa ellos la merecían desde hace unos años.

Los indígenas recordaron que en 1998 y 1999 el Ministerio de Ambiente no otorgó la licencia a Prodeco S. A. ni a la empresa de carbones el Cerrejón cuando éstas quisieron construir un puerto en esa zona. Y no lo hizo porque, en esos años, la Dirección de Etnias sí ordenó la consulta y en ella quedó claro que en la zona dónde querían construir el puerto está Jukulwa, cerro sagrado de los pueblos indígenas. Así que se frenó.
“Al cortar el cerro se pierde la cadena de comunicación espiritual de la Sierra. La Sierra tiene una conexión con otros países, una conexión espiritual”, explicó a La Silla Comchacala.

Además de que es un sitio dónde los indígenas hacen pagamentos, es también la principal fuente que tienen de caracuchas, conchas de mar que luego son tostadas y cuyas cenizas se introduce en el poporo -calabacín vacío- para mambear. Ninguno de los cuatro pueblos indígenas vive en Dibulla, ni tienen resguardo en Jukulwa.  Pero por la importancia espiritual que tiene para ellos el cerro, le habían puesto freno a la construcción. Hasta que llegó Puerto Brisa, la única que sí obtuvo la licencia por el ‘error’ del Ministerio y que ya cortó el cerro sagrado en dos.

A la seis de la tarde llegó por fin la intervención del Vicepresidente de Puerto Brisa, quien se había mantenido en silencio durante toda la reunión. “No tenemos problema con que lo que está en los Ministerios sobre la empresa sea conocido por el público, pero no la información que tiene reserva”, dijo.

Sacó una hoja de su morral y leyó un comunicado oficial de la empresa para la reunión: dice que respetan a las comunidades indígenas, que quieren cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional y que esta los incluye a ellos como miembros de la consulta multicultural. Y termina, “pero no vamos a salir completamente de acuerdo”.
Sobre las implicaciones culturales del puerto no habla. Se queda en que ya tienen la licencia ambiental pero que aun así la Corte ordenó discutir los impactos del proyecto. Y por eso están allí. Pero lo de la licencia y el impacto ambiental tampoco es tan fácil de digerir para los indígenas.

En 1999, tanto el Instituto Humboldt, como Invemar concluyeron que la zona donde se va a construir el puerto era un humedal y por esto inicialmente ni Prodeco ni Cerrejón pudieron construir sus puertos. “Se encuentran ecosistemas de manglar de características únicas en el Caribe Colombiano”, dice la resolución 0621 del Ministerio de Medio Ambiente que negó la licencia a finales de los noventas basándose en los estudios de ambos organismos ambientales.

Además argumentaron que las tortugas marinas, los caimanes y los patos migratorios se verían amenazados. En el mismo sentido se pronunciaron los dos institutos cuando Puerto Brisa propuso construir el puerto en 2001 y solo Corpoguajira, la CAR en este departamento, dio su concepto favorable. Luego lo hizo el Ministerio de Medio Ambiente, bajo la dirección de la ex Ministra Sandra Suárez, en contravía de lo que habían dicho sus antecesores.

“Por no cuidar el medio ambiente es que hay una ola invernal, es que el país está inundado”, dijo uno de los cabildos cuando comenzaron a sonar truenos lejanos. Un par de risas se escucharon entre las gotas de lluvia, como si fuera imposible creer que las inundaciones tuvieran relación con los megaproyectos de la Sierra.
“Yo veo en los ministerios un desconocimiento de los pueblos indígenas”, dijo a La Silla Vacía Andrea Becerra, abogada de los indígenas e investigadora del Ilsa, Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo. Ella ha acompañado a los cuatro pueblos desde el 2005 ante el Tribunal Superior de Bogotá, ante la Corte Suprema y finalmente ante la Corte Constitucional para reclamar su derecho a la consulta previa.

Los cabildos le tienen confianza. Se acercan para preguntarle algún concepto y ella se acerca a ellos para recomendarles qué decir antes de intervenir. Y aunque no mambea, reconoce la importancia que tiene esta tradición en las comunidades. “Su arma es el poporo”, explica. Y no se necesita mucho tiempo con ellos para ver la importancia de este ritual: toda la mañana, tarde y noche, los cabildos discutieron y escucharon a cada uno de los que intervinieron en la reunión, sin dejar de mambear.

A medida que fue anocheciendo, los cabildos tuvieron la oportunidad de reclamarle a la empresa por todo aquello que no les fue consultado y debió serlo.

Aunque Puerto Brisa todavía no ha comenzado a construir sobre el mar y solo se han adelantado obras en tierra, apenas se levante la suspensión impuesta por la Corte, el mar es la última fase que le queda. Y queda algo más: aunque inicialmente no iban a exportar carbón -o al menos eso decía su licencia ambiental inicial- Puerto Brisa presentó una modificación de su licencia al Ministerio de Ambiente en 2010 pidiendo que se les permitiera manejar este mineral también en el puerto. Y se les permitió, de nuevo, sin consulta previa. La Dian también declaró ese mismo año en una resolución que declaró a casi 300 hectáreas de las 1.300 que componen el puerto como zona franca. La minera Cemex y multinacionales chinas están interesadas en la zona franca, según dijo el ingeniero ambiental de Puerto Brisa a La Silla Vacía.

“La zona franca no es de Puerto Brisa, es de un aliado”, dijo a los indígenas el representante de la empresa Javier Méndez cuando se le pidió que explicara ese asunto. Pero algo distinto dijo el ingeniero ambiental de la empresa a La Silla Vacía: “son los mismos dueños”.

A las once de la noche quedó definido: no habría consulta previa hasta que Puerto Brisa no entregara toda la documentación disponible sobre los impactos del puerto a las comunidades. Igualmente debían hacerlo el Ministerio del Interior y el Ministerio de Ambiente. ¿Qué pueden encontrar?

Mingueo

Para llegar a Puerto Brisa hay que pasar por un retén militar, instalado desde hace más de cinco años para controlar el contrabando en la vía principal que conecta a Riohacha y Santa Marta.
La entrada al puerto está restrigida al público y para pasar es necesario mostrar la cédula, carnet de EPS, otro carnet con fotografía y llegar con cita previa. Al entrar, solo se ve una carretera destapada que va hacia el mar, en medio de una planicie. “Esto es todo lo que hay”, dice Olainer Martínez, ingeniero ambiental de Puerto Brisa. Hay un poco más de lo que dice. Pero para verlo hay que caminar hasta la Costa. Es cierto que es poco lo construido aún, sobre todo para lo que falta.

La Zona Franca (arriba), macrocilindros chinos (medio), y la maquina de construcción para el puerto (abajo).

El puerto va a ser construido para que empresas de carbón del Cesar y del Magdalena puedan exportar por allí y no desde el puerto de Santa Marta, que queda más lejos y que no goza de los beneficios tributarios de la zona franca recién constituida.
Olainer sabe que un puerto como este gastaría 600 litros de agua por segundo, pero argumenta que la empresa piensa construir dos plantas de tratamiento para recuperar el agua.

El carbón necesita ser regado antes de ser transportado, para disminuir la contaminación en el aire con el polvillo que genera.
“Se estima que 246 tractomulas diarias van a pasar por la carretera que lleva a Puerto Brisas”, dijo a La Silla una de las ambientalistas que estudia el transporte del carbón.

Aunque todavía no hay carbón en el puerto, ya están listas las placas de cemento para construirlo y también está instalada una máquina que conectará tierra y mar y que las va a ir poniendo una tras otra. Además de las placas, en la zona designada como Zona Franca hay casi 100 macrotubos de acero. “Son tubos de una empresa China, más fuertes de los que se consiguen en Colombia. Ya los importaron porque la Zona Franca sí puede funcionar”, dice Olainer.

El argumento más fuerte que tiene Puerto Brisas para construir el puerto es el del desarrollo: dice que se disminuirían los fletes en un 35 por ciento para que los empresarios puedan competir a bajos precios en el mercado internacional y tienen la posibilidad de atender buques de gran calado; Puerto Brisas también calcula que generará 1.800 empleos directos y 16 mil indirectos durante su fase de construcción para Mingueo, donde fuera de uno que otro hotel y algunas fincas ganaderas hay pocas fuentes de empleo. Y bajo la promesa del trabajo, es que el corregimiento ha comenzado a oponerse a las comunidades indígenas que exigen la consulta.

“Toda actividad genera un impacto”, dijo Olainer a La Silla Vacía sobre las consecuencias medio ambientales. Pero para él, el impacto es solo ambiental, no cultural, porque en la zona no viven indígenas y por eso la decisión de la Corte le parece absurda.

Aun así, en medio del cerro ahora cortado en dos por el camino que hizo Puerto Brisa, está la máquina lista para construir el puerto. Jukulwa es una montaña pequeña, sin árboles y con poco pasto. Pero tenía algo extra para los indígenas, que es invisible a los ojos del desarrollo: es sagrado.  

El mar frente al puerto sigue virgen: no hay tubos enterrados aún, ni siquiera alguna señal del futuro puerto. El horizonte está limpio. Olainer admite que un segundo puerto carbonífero si podría terminar cambiándole totalmente la cara a este paisaje. Y el segundo megaproyecto que tiene a los indígenas en vilo es precisamente el nuevo puerto que quiere construir la multinacional MPX.

Dibulla

Antes de que terminara la reunión en Domingueka, delegados del Ministerio del Interior se acercaron a los cabildos en medio de la oscuridad para anunciarles que pronto estarían convocando a una consulta previa para discutir otro proyecto: el puerto de MPX.

Esta multinacional brasileña ya cuenta con 521 hectáreas en Dibulla y quiere exportar hasta 20 millones de toneladas de carbón al año. Y aunque todavía están preparando la solicitud de licencia ambiental que van a presentar, los empresarios han comenzado a moverse entre las comunidades indígenas y de Dibulla, donde piensan construir.

Dibulla es un pueblo al que se llega por una carretera rodeada de manglares, que tiene solo 22 mil habitantes y donde es posible ver al mismo tiempo las montañas de la Sierra y el horizonte del mar cuando se llega a la playa. No vive del comercio, porque no tiene acceso fácil a la vía principal. No vive del turismo, aunque se están construyendo algunos hoteles cerca. Dibulla vive de la pesca tradicional. Allí, MPX ya no se enfrenta con las tradiciones indígenas, sino con la de los pesqueros
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Una de las playas de Dibulla.

“El puerto nos va a afectar porque está en el sitio dónde nos va bien, donde está la fauna, el pargo, los langostinos. Vamos a perder el sustento”, dijo a La Silla Vacía uno de los pescadores del pueblo que prefirió no dar su nombre. Su casa queda frente a la playa y además de pescar puso un restaurante donde la oferta para almorzar no termina: langostinos, langostas, pargo, sierra, atún, mojarra. “Cualquier marisco lo tengo o lo consigo”, dice.
Ahora está preocupado porque se le acabarán los dos negocios -el restaurante y la pesca- y no tiene un plan B de sustento. “Las empresas quieren que los pescadores hagan cooperativas, eso han ofrecido. No nos han ofrecido algún tipo de indemnización, que es lo que yo quisiera porque pescar ahora va a ser imposible”, dijo.

John Padilla, líder de los pescadores en este pueblo, estima que son 400 los pescadores en Dibulla y que no hay casa en el pueblo que no dependa de uno. Padilla es quien ha alzado la voz en las dos reuniones que ha convocado MPX en el pueblo.

“La última vez nos dijeron 'hagan lo que hagan, el puerto va porque va'”, cuenta él. “Y, aunque no nos han prohibido pescar, el puerto va a estar donde hay arrecifes naturales, donde más se captura”. La diferencia con los indígenas, es que los pescadores no tienen cómo parar la construcción: no están organizados, la consulta previa con ellos no es obligación constitucional y no cuentan con el respaldo del gobierno local.
Como lo informó el diario El Heraldo hace dos semanas, funcionarios de Corpoguajira y concejales de Dibulla fueron invitados por la minera MPX a Brasil. Según Folha de Sao Paulo, en cada invitado la compañía gastó 5 mil dólares.

Uno de los concejales que fue es Fenris Freile, del Partido Liberal, que insiste en que ese viaje solo consistía en conocer los proyectos de Brasil en los que las comunidades locales y los megaproyectos no se enfrentan más en la tensión entre desarrollo y tradición. “La comunidad y las empresas trabajan unidas, porque la mano de obra es local”, le dice a Padilla. Y el pescador, le responde que MPX no quiso contratar a su hijo como buzo ahora que están haciendo exploraciones marítimas. “Ya los traen de Santa Marta”, le respondió.
Para Padilla es claro que MPX hará todo lo que pueda para construir el puerto y los pescadores tienen todas las de perder. “Si MPX ya tiene licencia para explorar carbón, ¿cómo no les van a dar licencia para tener por dónde sacarlo?”.

Cañaverales

La pelea contra MPX no es solo en Dibulla, es también en Cañaverales, un pueblo al otro lado de la Sierra donde la multinacional piensa explotar carbón.

MPX tiene 65 mil hectáreas para explotar en la Guajira y tiene planeado arrancar operaciones en este semestre. La explotación que tiene planeada es a cielo abierto, es decir que por medio de explosivos fragmentan material estéril, que es luego removido con excavadoras y camiones. El resultado: un cráter donde queda al descubierto la capa geológica donde está el carbón. Por la alta contaminación en el aire que provoca, MPX se ha comprometido con programas sociales en Cañaverales.

La multinacional ha firmado acuerdos con las alcaldías en los que se compromete a ayudar a disminuir la pobreza extrema y a trabajar por la primera infancia en los centros poblados de los municipios bajo su influencia. También tiene una alianza con el Sena Regional Guajira para capacitar jóvenes del área de influencia del proyecto y para apoyar proyectos de emprendimiento.

Pero las promesas sociales se han quedado cortas. Por ahora MPX ha sido denunciado porque sus camiones han empeorado las vías en la zona y se dice que -aparte de organizar una jornada para que los jóvenes obtengan su tarjeta militar- es poco lo que han hecho en lo social. Y tampoco están compensando con lo ambiental. Por medio de una acción popular, Cañaverales pidió al Ministerio de Medio Ambiente que no le otorgue la licencia ambiental de explotación a la multinacional minera, porque ésta planea explotar tan solo a 790 metros de este corregimiento. La contaminación en el aire sería mortal.

Aunque la acción popular dice que los habitantes están sobre todo preocupados por la exposición a las partículas que expide la explotación de carbón a cielo abierto, hay un tema aún más grave: el agua.
En 2009, la fundación ambientalista Biocolombia hizo un estudio para Corpoguajira en el que establecía qué zonas del corregimiento debían declararse zonas protegidas para garantizar el acceso al agua de sus habitantes. Cañaverales se surte de un manantial que lleva su mismo nombre. “Una parte, el extremo noroccidental, se cruza con el área de donde MPX propone hacer el tajo, el hueco donde van a hacer la exploración”, dijo a La Silla Vacía uno de los investigadores. “Se corre el riesgo muy grande de que el manantial pueda desaparecer”.

El informe fue entregado a CorpoGuajira en octubre del año pasado y ahora ellos son quienes tienen que adelantar el trámite para la declaratoria de esa zona como área protegida. Pero por ahora no lo han hecho. La Silla Vacía intentó contactar por teléfono al director de esta Corporación, así como al Viceministro de Medio Ambiente Carlos Castaño, pero ninguno contestó las llamadas.

Mientras Corpoguajira se pronuncia, el clima se está calentando en Cañaverales. El 21 de mayo, 270 familias cerraron la vía de San Juan del Cesar, Fonseca y Conejo desde las 6 de la mañana. “La protesta es porque los entes del Estado, no solo departamental y municipal, han hecho caso omiso al llamado que nosotros les hemos hecho para que socialicen junto con la empresa. Aquí la empresa MPX vino de Brasil a Cañaverales y entró como Pedro por su casa, sin presencia de los entes del Estado. Por eso nosotros nos sentimos desplazados”, dijo entonces Ramón Rosellón, habitante de Cañaverales, al Diario del Norte, el principal periódico de la Guajira.

¿Lograrán los indígenas que las multinacionales no caminen como Pedro por su casa? Después de la reunión en Domingueka, los cabildos pasaron la madrugada discutiendo que Puerto Brisa era apenas la punta del iceberg.

Ellos aún no se han reunido para discutir cómo piensan enfrentar las amenzas ambientales que implican los otros macroproyectos. Aunque Cañaverales no está en territorio indígena, el agua del que se surte viene de la Sierra y ese sí les concierne. Al igual que el agua que utilizará Puerto Brisa con el río Cañas, o el puerto de MPX con el río Ancho. Alrededor de una fogata y con la luna llena como foco de luz, los cuatro cabildos decidieron que tendrán que mantenerse unidos, para que no pase con el agua de estos ríos lo que pasó con el río Ranchería cuando se construyó la Represa de El Cercado en San Juan del Cesar.

La Ranchería

Pedro Loperema es líder del pueblo Wiwa y se dedica a enseñar a los más jóvenes sobre el riesgo que corre el agua desde que llegaron los megaproyectos. Viajó a Bogotá hace dos semanas a buscar recursos destinados a un taller de derechos humanos para los jóvenes de 14 comunidades Wiwas. “Al final del taller, se les hará un recorrido por la línea negra dónde están los lugares sagrados alrededor de los proyectos. A los estudiantes les hablamos de las amenazas al territorio, y luego queremos que vean los hechos”, cuenta Loperema.

Cuando él cuenta la historia de los megaproyectos, comienza siempre por la historia de los derechos humanos. Los Wiwas eran los que vivían en parte más baja de la Sierra Nevada, en la cuenca media del río Ranchería. Y fue el pueblo indígena más afectado cuando el conflicto reinó en la zona. La guerrilla llegó a finales de los ochentas (primero el EPL, luego las Farc y el ELN). En 2001 se instalaron los paramilitares, el comando 45 de las AUC del Bloque Norte se tomó la zona dónde vivía su pueblo. Cuando cuenta esta historia, va recordando el nombre de cada uno de los líderes wiwas asesinados y la fecha exacta en la que murieron.

¿Qué tienen que ver ellos con los megaproyectos?
“Pues que mientras que el pueblo Wiwa estaba amenazado, los interesados en construir la represa de la Ranchería se movilizaban por ahí, como si nada”, dice.

“La empresa UTG -Unión Temporal Guajira- tenía que consultar a los pueblos indígenas, pero a los líderes los estaban matando. La multinacional dividió entonces a las comunidades, dijo que solo consultaría a los que tenían influencia en la zona”.

Pero cuando se trata de consulta previa en la Sierra Nevada, la autoridad de consulta es el Consejo Territorial Cabildo o CTC, que reúne a los cuatro pueblos. “Porque todos se ven afectados, cambiar el curso del río es como mochar un brazo a toda la Sierra Nevada”. El curso fue afectado, la represa se construyó, y ahora se ven las consecuencias ambientales de la decisión.

Cuando arrancó el proceso de construcción en 2006, no se retiró la biomasa. Es decir, en vez de retirar los árboles y vegetación que estaba en la zona, la inundaron con agua. Esto implica que se necesita un proceso de oxigenación muy costoso para que el agua no se pudra y no se propaguen enfermedades. Y este proceso no se ha llevado a cabo. Por eso, en el corregimiento de Caracolí, ya van varios casos de muertes por dengue por la contaminación en el agua.

Durante la ola invernal a finales del año pasado, la represa se llenó y terminó afectando -por inundaciones y enfermedades- a 16 comunidades indígenas Wayúus. Pero a pesar de los daños ambientales, el Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo dijo que el gobierno está comprometido con construir una segunda fase del proyecto y sólo se ha quejado por el enorme costo que implica.

“Cuando se llenó la represa, eso no fue culpa del fenómeno de la Niña, fue por estar dañando los lugares sagrados”, piensa Loperema, al igual que lo hicieron los cuatro cabildos en la reunión en Domingueka y al igual que todos los líderes de la Sierra Nevada. La culpa del invierno tiene nombre, tiene NIT y tiene plata.
La pregunta es si Santos recordará las cuatro piedras que le regalaron los mamos de la Sierra y si será capaz de poner a andar su locomotora minera en la Guajira sin pasar por encima de las consultas, de las tradiciones, de los pescadores y de los ríos. Por ahora, parece que las hubiera usado solo el día de su discurso frente a las cámaras de televisión.

La carretera destapada de Puerto Brisa, en el lugar que cortó en dos el cerro Jukulwa

http://www.lasillavacia.com/historia/la-locomotora-de-santos-se-enfrenta-los-mamos-y-la-sierra-26120

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