Contra el querer y el interés de los isleños, la Agencia Nacional de Hidrocarburos sigue empeñada en sacar petróleo de entre los corales. Este empeño desconoce la realidad geográfica y ecológica del Archipiélago, sacrifica su desarrollo económico de mediano plazo y atenta contra el modo de vida de los pobladores, todo lo cual viola la Constitución e ignora los derechos de las comunidades.
Exploración andando y sin consulta
Los isleños nativos y raizales hemos tomado la decisión de declarar territorio libre de exploración de combustibles fósiles y minerales al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y de solicitar al Congreso y al Presidente de la República que reconozcan y respeten nuestra decisión.
La intención de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) de explotar hidrocarburos en el Archipiélago sigue en pie. Es decir, ya no es mera intención, la agencia afirma tener adjudicados por ahora dos de los 14 bloques en el Archipiélago [1] a la empresa española Repsol Exploration Colombia S. A., en consorcio con su filial Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. (YPF) y la Empresa Colombiana de Petróleos S. A. (Ecopetrol) [2].
Según el mapa adjunto, se estará operando en las Áreas Marinas Protegidas y dentro de la Reserva de Biósfera Seaflower [3], declarada por el Congreso de la República, reconocida por la UNESCO en el año 2000 e incorporada a la Red Mundial de Reservas de Biósfera a solicitud del gobierno nacional. Es el territorio ancestral de una minoría étnica y cultural.
Este proyecto ignora, a todas luces, las características de la biodiversidad costera y marina y el hecho de que, dado que se trata de un medio fluido, en el ambiente marino es aún más difícil aislar las áreas protegidas de las perturbaciones que se originan en su entorno [4].
Para la toma de esta decisión trascendental por parte de una agencia del gobierno central, no se tuvieron en cuenta la importancia ambiental y sociocultural del Archipiélago ni los compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano de preservarlo como Reserva de Biósfera y Áreas Marinas Protegidas. ¿Qué nos depararán los otros doce bloques Cayos 2, Cayos 3, Cayos 4, Cayos 6, Cayos 7, Cayos 8, Cayos 9, Cayos 10, Cayos 11, Cayos 12, Cayos 13 y Cayos 14?
En el portal de la ANH se reporta que en el año 2005 la empresa noruega Inseis realizó una primera fase de sísmica, sobre la cual no tenemos más información. Otra empresa noruega - PGS Geophysical A. S.- realizó una segunda fase exploratoria en el año 2008, sin llevar a cabo un proceso de consentimiento libre, previo e informado o en su defecto consulta previa, desconociendo el derecho constitucional a la autodeterminación y a la participación de la comunidad raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Es más, ninguna de las entidades gubernamentales que conocieron del trámite informó o comunicó a los habitantes insulares sobre el desarrollo de esta fase de exploración sísmica. La Dirección General Marítima (DIMAR) otorgó un permiso que contó con el concepto favorable del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) y de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina CORALINA. En esta ocasión, la sísmica tampoco dispuso de una licencia ambiental.
Patio de atrás de las islas
Desde la abolición de la esclavitud y como primeros habitantes del Archipiélago, los isleños de San Andrés, Providencia y Santa Catalina han usado el territorio marino-costero de forma sostenible para alcanzar cierto grado de autosuficiencia, siendo el mar una de sus escasas alternativas viables para el sustento.
El territorio de las islas se extiende hacia el mar. En otras palabras, el patio de atrás de las islas es el mar. El límite de las islas es el mar Caribe; allí ocurren las actividades humanas y así lo han entendido y puesto en práctica los isleños desde tiempos inmemoriales. Es la soberanía ejercida al estilo raizal por los isleños nativos y no debe pasar desapercibida para el gobierno y para los ciudadanos y ciudadanas colombianos del continente.
Los isleños son los "derechohabientes" y guardianes naturales del territorio marino-costero, cuyo protagonista principal es el sistema arrecifal más extenso y productivo del hemisferio occidental, comparable al bosque húmedo tropical en cuanto a biodiversidad y a servicios ambientales prestados a los isleños, al país y a la región. Constituye parte integral del patrimonio natural y cultural de la nación. Son las pluriselvas tropicales del mar.
La cultura, la identidad y la sociedad de los isleños no pueden ser entendidas sin hacer referencia al mar. Sin embargo, a raíz de la colombianización, se observó cómo la administración del territorio marino se desplazó de facto del poder local al poder central.
La fragilidad y sensibilidad ecológica del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, no lo hacen apto para la exploración y la explotación de combustibles fósiles, porque la vida misma de los habitantes del Archipiélago depende y seguirá dependiendo en el largo plazo del capital natural de las islas, parte importante del Mar Caribe, que cubre el 10 por ciento de la Región.
La espectacular barrera arrecifal de Providencia y Santa Catalina tiene una longitud aproximada de 32 kilómetros y cubre un área de 255 kilómetros cuadrados, hecho que la convierte en el tercer arrecife verdadero más grande del mundo. El complejo arrecifal de Providencia y Santa Catalina -indiscutiblemente una maravilla natural- es singularmente importante porque rodea la única isla volcánica alta en la terraza mesoamericana y su estado de conservación es bueno.
El valor del mar como potencial para contribuir al sostenimiento de la prosperidad y el bienestar de la economía nacional radica en la conservación de la biodiversidad y no en la exploración y explotación de combustibles fósiles, especialmente en el siglo XXI. El valor económico de las islas tiene relación directa con la conservación de los arrecifes, de las aguas y de la playa, depende de conservar las aguas claras y limpias, libres de toda contaminación.
Derecho a un modelo propio de desarrollo
El desarrollo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina está determinado por la interacción de un gran número de actores locales, por lo que intentar imponer de nuevo un modelo de arriba hacia abajo y sin el consentimiento libre, previo e informado de los isleños, resulta costoso y muy pocas veces exitoso, como lo demuestran las experiencias anteriores.
Exigimos el derecho a aplicar un modelo de desarrollo que se caracteriza por el uso de los recursos en tal forma que puedan ser satisfechas las necesidades económicas, sociales, estéticas y espirituales, a la vez que se mantienen la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de soporte de vida insular. Un modelo construido con la comunidad, haciéndola su protagonista y beneficiaria permanente y no víctima del desarrollo.
A esto nos comprometimos cuando el 18 de enero de 2001 firmamos un pacto social entre autoridades locales y nacionales, con la presencia del Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con el propósito de promover y establecer una relación equilibrada entre nuestro ambiente natural y la sociedad, reconociendo que somos la Reserva de Biósfera Seaflower.
Riesgos inaceptables
• El primer riesgo consiste en obstaculizar las actividades de uso ancestral, la incorporación de mayores restricciones de acceso y uso del territorio ancestral y la exclusión de isleños y nativos del proceso de toma de decisiones, violando abiertamente el Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los artículos 329 y 330 de la Constitución, y la Ley 21 de 1991 que garantizan la participación de las comunidades en la explotación de los recursos naturales en sus territorios.
Los isleños nativos y raizales hemos tomado la decisión de declarar territorio libre de exploración de combustibles fósiles y minerales al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y de solicitar al Congreso y al Presidente de la República que reconozcan y respeten nuestra decisión. La intención de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) de explotar hidrocarburos en el Archipiélago sigue en pie. Es decir, ya no es mera intención, la agencia afirma tener adjudicados por ahora dos de los 14 bloques en el Archipiélago [1] a la empresa española Repsol Exploration Colombia S. A., en consorcio con su filial Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. (YPF) y la Empresa Colombiana de Petróleos S. A. (Ecopetrol) [2].
Según el mapa adjunto, se estará operando en las Áreas Marinas Protegidas y dentro de la Reserva de Biósfera Seaflower [3], declarada por el Congreso de la República, reconocida por la UNESCO en el año 2000 e incorporada a la Red Mundial de Reservas de Biósfera a solicitud del gobierno nacional. Es el territorio ancestral de una minoría étnica y cultural.
Este proyecto ignora, a todas luces, las características de la biodiversidad costera y marina y el hecho de que, dado que se trata de un medio fluido, en el ambiente marino es aún más difícil aislar las áreas protegidas de las perturbaciones que se originan en su entorno [4].
Para la toma de esta decisión trascendental por parte de una agencia del gobierno central, no se tuvieron en cuenta la importancia ambiental y sociocultural del Archipiélago ni los compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano de preservarlo como Reserva de Biósfera y Áreas Marinas Protegidas. ¿Qué nos depararán los otros doce bloques Cayos 2, Cayos 3, Cayos 4, Cayos 6, Cayos 7, Cayos 8, Cayos 9, Cayos 10, Cayos 11, Cayos 12, Cayos 13 y Cayos 14?
En el portal de la ANH se reporta que en el año 2005 la empresa noruega Inseis realizó una primera fase de sísmica, sobre la cual no tenemos más información. Otra empresa noruega - PGS Geophysical A. S.- realizó una segunda fase exploratoria en el año 2008, sin llevar a cabo un proceso de consentimiento libre, previo e informado o en su defecto consulta previa, desconociendo el derecho constitucional a la autodeterminación y a la participación de la comunidad raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Es más, ninguna de las entidades gubernamentales que conocieron del trámite informó o comunicó a los habitantes insulares sobre el desarrollo de esta fase de exploración sísmica. La Dirección General Marítima (DIMAR) otorgó un permiso que contó con el concepto favorable del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) y de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina CORALINA. En esta ocasión, la sísmica tampoco dispuso de una licencia ambiental.
Patio de atrás de las islas
Desde la abolición de la esclavitud y como primeros habitantes del Archipiélago, los isleños de San Andrés, Providencia y Santa Catalina han usado el territorio marino-costero de forma sostenible para alcanzar cierto grado de autosuficiencia, siendo el mar una de sus escasas alternativas viables para el sustento.
El territorio de las islas se extiende hacia el mar. En otras palabras, el patio de atrás de las islas es el mar. El límite de las islas es el mar Caribe; allí ocurren las actividades humanas y así lo han entendido y puesto en práctica los isleños desde tiempos inmemoriales. Es la soberanía ejercida al estilo raizal por los isleños nativos y no debe pasar desapercibida para el gobierno y para los ciudadanos y ciudadanas colombianos del continente.
Los isleños son los "derechohabientes" y guardianes naturales del territorio marino-costero, cuyo protagonista principal es el sistema arrecifal más extenso y productivo del hemisferio occidental, comparable al bosque húmedo tropical en cuanto a biodiversidad y a servicios ambientales prestados a los isleños, al país y a la región. Constituye parte integral del patrimonio natural y cultural de la nación. Son las pluriselvas tropicales del mar.
La cultura, la identidad y la sociedad de los isleños no pueden ser entendidas sin hacer referencia al mar. Sin embargo, a raíz de la colombianización, se observó cómo la administración del territorio marino se desplazó de facto del poder local al poder central.
La fragilidad y sensibilidad ecológica del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, no lo hacen apto para la exploración y la explotación de combustibles fósiles, porque la vida misma de los habitantes del Archipiélago depende y seguirá dependiendo en el largo plazo del capital natural de las islas, parte importante del Mar Caribe, que cubre el 10 por ciento de la Región.
La espectacular barrera arrecifal de Providencia y Santa Catalina tiene una longitud aproximada de 32 kilómetros y cubre un área de 255 kilómetros cuadrados, hecho que la convierte en el tercer arrecife verdadero más grande del mundo. El complejo arrecifal de Providencia y Santa Catalina -indiscutiblemente una maravilla natural- es singularmente importante porque rodea la única isla volcánica alta en la terraza mesoamericana y su estado de conservación es bueno.
El valor del mar como potencial para contribuir al sostenimiento de la prosperidad y el bienestar de la economía nacional radica en la conservación de la biodiversidad y no en la exploración y explotación de combustibles fósiles, especialmente en el siglo XXI. El valor económico de las islas tiene relación directa con la conservación de los arrecifes, de las aguas y de la playa, depende de conservar las aguas claras y limpias, libres de toda contaminación.
Derecho a un modelo propio de desarrollo
El desarrollo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina está determinado por la interacción de un gran número de actores locales, por lo que intentar imponer de nuevo un modelo de arriba hacia abajo y sin el consentimiento libre, previo e informado de los isleños, resulta costoso y muy pocas veces exitoso, como lo demuestran las experiencias anteriores.
Exigimos el derecho a aplicar un modelo de desarrollo que se caracteriza por el uso de los recursos en tal forma que puedan ser satisfechas las necesidades económicas, sociales, estéticas y espirituales, a la vez que se mantienen la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de soporte de vida insular. Un modelo construido con la comunidad, haciéndola su protagonista y beneficiaria permanente y no víctima del desarrollo.
A esto nos comprometimos cuando el 18 de enero de 2001 firmamos un pacto social entre autoridades locales y nacionales, con la presencia del Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con el propósito de promover y establecer una relación equilibrada entre nuestro ambiente natural y la sociedad, reconociendo que somos la Reserva de Biósfera Seaflower.
Riesgos inaceptables
• El primer riesgo consiste en obstaculizar las actividades de uso ancestral, la incorporación de mayores restricciones de acceso y uso del territorio ancestral y la exclusión de isleños y nativos del proceso de toma de decisiones, violando abiertamente el Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los artículos 329 y 330 de la Constitución, y la Ley 21 de 1991 que garantizan la participación de las comunidades en la explotación de los recursos naturales en sus territorios.
- Un segundo riesgo es la introducción de factores generadores de más tensiones y conflictos en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
- Un tercer riesgo es la destrucción de áreas de especial importancia ecológica y de gran fragilidad por su condición de archipiélago oceánico pequeño. Las áreas emergidas son limitadas y esto conduce a una alta susceptibilidad frente a fenómenos naturales e intervenciones humanas, localización geográfica y aislamiento, típico de islas oceánicas pequeñas. El complejo arrecifal del territorio insular, el 77 por ciento de los arrecifes coralinos del país, proporciona refugio, alimento y sustento a un gran porcentaje de especies de peces, crustáceos y moluscos; de los arrecifes o de ecosistemas asociados provienen la mayoría de las capturas de especies marinas.
- Un cuarto riesgo que se presenta, aún sin derrames de hidrocarburos, son los daños severos e irreversibles a los recursos vivos, a la vida marina y a la salud pública, incluso desde las primeras y menos complejas fases de las actividades exploratorias.
A manera de ejemplo, los crustáceos incorporan a la cadena alimenticia los tóxicos de los lodos de perforación con contenidos diferenciados de arsénico, bario, cadmio, cromo, cobre, hierro, plomo, mercurio y cinc [5].
- Un quinto riesgo inminente es la destrucción o el debilitamiento de las barreras naturales de protección de las islas y la exposición de estas a desastres socio-ambientales a causa de eventos extremos, cada vez más frecuentes.
- Un sexto riesgo es la veloz dispersión de contaminantes hacia Jamaica, Centroamérica, Cuba, México y más allá, hasta Estados Unidos debido a la dinámica de las corrientes.
- Por último, se generaría un clima de baja responsabilidad con respecto al entorno natural con consecuencias devastadores para el ambiente y la gente insular, debido a que las entidades gubernamentales no tienen capacidad para ejercer un efectivo control sobre los impactos de esta actividad offshore, desarrollada por multinacionales que no tienen ninguna relación de territorialidad ni mucho menos de identidad cultural con los habitantes del Archipiélago, lo que pone en evidencia la falta de un marco regulatorio.
La pérdida del conjunto de estos valores tendría impactos graves sobre la biodiversidad y sobre el desarrollo sociocultural y económico de sus habitantes, además de afectar ecosistemas como los coralinos que son irremplazables para enfrentar o mitigar el cambio climático.
Incoherencias del gobierno nacional
El Archipiélago no es un lugar aislado y apartado, cuya única función sea la de definir la delimitación marítima de Colombia en el Caribe, aunque ni siquiera resulte útil para ese propósito en la concepción de territorio que subyace al proyecto petrolero.
Incoherencias del gobierno nacional
El Archipiélago no es un lugar aislado y apartado, cuya única función sea la de definir la delimitación marítima de Colombia en el Caribe, aunque ni siquiera resulte útil para ese propósito en la concepción de territorio que subyace al proyecto petrolero.
- De acuerdo con la respuesta que la ANH da a una solicitud de información del Grupo de Consulta Previa del Ministerio del Interior y Justicia, se afirma que "en la actualidad no existen bloques adjudicados en el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Los bloques adjudicados en aguas del mar Caribe en el proceso competitivo Open Round 2010, se ubican costa afuera."
En otras palabras, la ANH no reconoce la ubicación fronteriza del territorio insular, ni la sensibilidad geopolítica de esta región para el país. Mientras que las fronteras terrestres de Colombia son 5, las marinas son 9; el territorio insular es frontera de Colombia con Nicaragua, República Dominicana, Haití, Jamaica y Honduras.
Pero es precisamente la función de "puente natural" con las islas de las Antillas la que más interesa al isleño, porque allí están sus raíces históricas y etno-culturales y porque es la oportunidad para reducir su aislamiento y conectar al país con el resto del Gran Caribe;
Pero es precisamente la función de "puente natural" con las islas de las Antillas la que más interesa al isleño, porque allí están sus raíces históricas y etno-culturales y porque es la oportunidad para reducir su aislamiento y conectar al país con el resto del Gran Caribe;
- La gente de las islas pensaba haber entendido que la soberanía nacional podría descansar sobre el verdadero potencial del Archipiélago: el uso adecuado de sus recursos naturales y culturales. Por ese motivo apoyó activamente la creación de la reserva de biósfera y la incorporación de todo el territorio insular a la red mundial de reservas de biósfera, la creación de las áreas marinas protegidas y el inicio del trámite ante la UNESCO para que los arrecifes coralinos sean declarados patrimonio natural de la humanidad;
- El código de petróleos es anterior a la Constitución de 1991, por lo que no tiene en cuenta la diversidad cultural y biológica del país; hay otras normas más recientes que sin embargo dejan sin regular el desarrollo de la actividad petrolífera en el mar y la obligatoriedad de proteger a los arrecifes coralinos frente a actividades que causan impactos en el corto, mediano y largo plazo, y
- Los dos modelos de desarrollo están enfrentados, porque no son compatibles. El gobierno pretende implantar un modelo cortoplacista y extractivista, con objetivos claramente contrarios a los nuestros, que acelera la elevación del nivel del mar como consecuencia del cambio climático global; un modelo que amenaza las islas del Archipiélago y cuyos impactos podrían convertirlas en islas no habitables en poco tiempo o borrar del mapa porciones enteras de ellas.
En fin, declarar el territorio insular libre de exploración y explotación de combustibles fósiles es una oportunidad única para que Colombia despliegue su liderazgo en el Gran Caribe mediante programas de conservación marina, que incluyan protección contra la contaminación y la degradación ambiental y enfoquen las energías hacia convertir y consolidar el Archipiélago como la plataforma más significativa de uso y conservación de la diversidad marina, con todo su potencial multicultural.
* Microbióloga de la Universidad de los Andes; bióloga de la Universidad de Kiel, Alemania; magíster en Asuntos Regionales de la Universidad de Karlsruhe, Alemania. Directora de la Fundación Providence y miembro del Comité Técnico Asesor del Director General de la UNESCO para reservas de la biósfera.
Notas de pie de página
* Microbióloga de la Universidad de los Andes; bióloga de la Universidad de Kiel, Alemania; magíster en Asuntos Regionales de la Universidad de Karlsruhe, Alemania. Directora de la Fundación Providence y miembro del Comité Técnico Asesor del Director General de la UNESCO para reservas de la biósfera.
Notas de pie de página
[1] Ver ANH - Términos de Referencia. Proceso de selección de Ronda Colombia 2010. Seguir este link.
Los dos bloques cubren un área de 20.000 km2 de un total de 164.000 km2). El bloque Cayos 1 es objeto de un Contrato de Exploración y Producción (E&P). Tiene dos fases: la primera de 36 meses, cubrirá el 100 por ciento del área con análisis multiespectrales; en la fase 2, otros 36 meses, se hará un barrido de 708 Km de sísmica 3D y la perforación de un pozo exploratorio. El bloque Cayos 5 es objeto de un Contrato de Evaluación Técnica (TEA), en el cual se harán 2.154 Km de sísmica 2D o su equivalente en 3D (factor conversión 1.6) y 2.154 km de batimetría de alta resolución.
[2] Ver: ANH - Lista definitiva de bloques aprobados - Open Round Colombia 2010. Noviembre 4 de 2010. Seguir este link.
[3] Véase: Mow, June Marie. "La Reserva de Biósfera Seaflower: Una opción viable para las islas de San Andrés, Old Providence y Santa Catalina", Seguir este link.
[4] Kimball, Lee. "La Gobernanza Internacional del Océano." International Union for Conservation of Nature (IUCN). 2003.
[5] Continental Shelf Associates, Inc, 2007.
