Según los pronósticos, se esperaba una fuerte ola invernal en los últimos meses del año como consecuencia del ‘Fenómeno de la Niña’. Pero, ¿es normal vernos con “el agua al cuello” por las graves inundaciones en los sectores urbano y rural?
La respuesta más común es: son eventos naturales y recurrentes que se producen como resultado de intensas y continuas precipitaciones que, al sobrepasar la capacidad de retención del suelo y de los cauces, se desbordan y anegan barrios y llanuras en terrenos aledaños a los cursos de agua.
Esta apreciación oculta la responsabilidad de los seres humanos, cuya actividad predispone las condiciones para que la situación se agrave. Veamos algunos factores evidentes y que poco se comentan:
El suelo alterado no permite el almacenamiento temporal de las aguas lluvias; en Bogotá, el 70 por ciento del área urbana se ha impermeabilizado bajo capas de concreto y asfalto. Dicha impermeabilización aumenta el tránsito de aguas de escorrentía, los procesos de infiltración se reducen ostensiblemente y se maximizan los volúmenes de agua a transportar por la red de alcantarillado pluvial y combinado, y por los canales.
Bogotá pasó de tener 4’750.000 habitantes en 1990 a 7’363.782 en 2010 según el DANE, con todas las implicaciones en cuanto al aumento de vertimientos, residuos y escombros. De estos últimos, muchos terminan en la red de alcantarillado, los canales y las quebradas de la ciudad, provocando taponamientos y agravando el efecto de grandes volúmenes de agua en redes de drenaje; por ejemplo, la red de la cuenca El Salitre, que recibe las aguas residuales de 2´200.000 personas (30 por ciento de la población de la capital) asentadas al norte de la ciudad, conduce a la planta El Salitre la no despreciable cantidad de 700 toneladas de residuos, además de los que quedan depositados al interior de los canales de conducción.
Otro factor importante es la invasión de zonas necesarias para el amortiguamiento de las crecientes. Bogotá se ha expandido históricamente sobre zonas de riesgo, como las rondas y las zonas de protección ambiental de los cuerpos de agua que la surcan; esta situación ocasiona que, en épocas de máximas lluvias, los ríos y quebradas recobren sus cauces naturales y sus zonas de amortiguamiento, recordándonos que están allí antes que nosotros, que la naturaleza regresa por lo suyo. Por ejemplo, 1.253 barrios con 347.727 construcciones urbanas se ubican dentro del valle aluvial del río Bogotá de un total de 5.809 barrios en la ciudad, lo que representa una proporción del 22 por ciento.
Las inundaciones en el sector rural tienen causas similares. No es de extrañar que las zonas hoy inundadas lo sean, porque se rellenaron los humedales, se invadieron las zonas de amortiguación o las rondas de los ríos y quebradas, se desviaron los cauces naturales o se construyeron cauces artificiales. A ello se suma la deforestación extrema de las cuencas. Allí también la naturaleza no olvida: regresa y reclama.
Frente a este panorama se concluye entonces que buena parte del problema de las inundaciones no es tan solo el resultado de un fenómeno natural, también lo es de actividades antrópicas que no respetan la naturaleza, que no toman en cuenta las limitaciones que imponen las estructuras ecológicas.
En consecuencia, si queremos que la dramática y trágica situación que se está sufriendo no se repita, se deben modificar sustancialmente los comportamientos colectivos e individuales. No debemos salirnos del problema achacándole la situación al ‘Fenómeno de la Niña’ –tranquilizando la conciencia– ni mucho menos al cambio climático. Gran responsabilidad le cabe a la sociedad, por la irresponsabilidad de no considerar las limitaciones ambientales.
Las acciones deben empezar por los ciudadanos con el buen uso del alcantarillado público para disminuir los riesgos de inundaciones –lo que supone no botar residuos sólidos y escombros a las calles y proteger y respetar las zonas de ronda–; y por parte de las autoridades, evitar que se cambie la dinámica de los ríos, canalizándolos y construyendo jarillones por doquier, recuperar las zonas de humedales, hacer una fuerte labor de reforestación y revegetalización para aminorar el impacto de las escorrentías y evitar la erosión que colmata ríos y quebradas, y rescatar las rondas de estos ríos y quebradas.
Se alegará que estas acciones requieren cuantiosos recursos, y es cierto. Pero, ¿cuánto cuestan las inundaciones en bienes materiales? ¿Cuánto en vidas humanas?
El punto central reside en que una acción en este sentido no es solo responsabilidad de los entes territoriales, las autoridades urbanas y las Corporaciones Autónomas Regionales. Se requiere una política nacional ambiental de fondo –ausente en la última década– que le dé verdadero sentido a la conservación de las cuencas, lo que supone financiar los planes de manejo y ordenamiento de las mismas, y la realización de un ambicioso plan de reforestación y de recuperación de humedales.
Frente a ello el déficit de financiación es dramático, agravado hoy por las urgencias de los damnificados.
Por ejemplo, en un reciente documento que hemos presentado al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, a la alta consejera Sandra Bessudo y al senador Juan Lozano, decimos que en razón de las circunstancias presupuestales de los entes territoriales no existe claridad ni seguridad sobre la financiación de 78 planes de ordenación y manejo de cuencas aprobados, los cuales requieren aproximadamente $4,6 billones para los próximos 10 años. También consideramos urgente que el Gobierno Nacional formule un plan de reforestación que se aplique en los bordes de las principales vías y en las cuencas de los ríos que las atraviesan si queremos de verdad evitar, en el mediano plazo, que se sigan presentando las catástrofes recurrentes en el sistema de transporte.
Es urgente una política nacional, adecuadamente concertada con los entes territoriales y las autoridades ambientales, para enfrentar el problema que los propios humanos, en muy buena medida, hemos causado.
Lo demás, como se dice coloquialmente, son paños de agua tibia.
Juan Antonio Nieto, Secretario Distrital de Ambiente
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