La entrega del manejo del agua al sector privado se ha estudiado poco. Expertos dicen que si bien el modelo ofrece eficiencia, puede ir en contra de la equidad y el carácter público del recurso.
Nohra León, geógrafa e investigadora del Instituto de Estudios Ambientales (IDEA), de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, considera que una de las grandes dificultades en la gestión y regulación del agua es la de asignarle un valor, debido a que es una sustancia natural, no renovable, que no debería ser vista como un producto del mercado.
No obstante, la experta explica que se han diseñado mercados hipotéticos para tratar de establecer un precio que responda al uso racional del recurso, pues debido a su carácter de bien público es susceptible a la degradación por exceso de uso.
Para el economista Luis Diego Vélez, de la Facultad de Minas de la UN en Medellín, el agua como recurso estratégico es objeto de diversos procesos que implican su trato como mercancía. La Ley 142 de 1994 permitió su manejo empresarial, y aunque no significa la privatización total, desconoce el carácter de derecho fundamental, como lo establecen varias resoluciones de las Naciones Unidas, argumenta el experto.
“A menudo, la raíz del conflicto es por el valor que los diferentes actores le atribuyen. ¿Es un bien cultural? ¿Un bien económico para obtener ganancias? ¿Un bien político para tener poder? En realidad puede ser la combinación de estos interrogantes, y se adecúa al momento y espacio en que se le quiera definir”, argumenta Vélez.
Si bien en Colombia la oferta superficial de agua es casi cien veces mayor que la demanda, las principales reservas se encuentran en regiones poco pobladas, como Orinoquia, Chocó y Amazonas, mientras que en la Zona Andina, donde se ubica el grueso de la población, solo se cuenta con el 15% de la oferta total, afirma el economista de la Sede Medellín.
Ese 15% tiene que ser repartido entre agricultura (54%), uso doméstico (29%), uso industrial (13%) y uso pecuario y otros servicios (4%), según proyecciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). En el papel, la prioridad es el consumo humano, pero en la práctica, ese derecho riñe con otros intereses que reflejan las maneras en que se presenta la privatización del líquido.
La profesora Nohra León expone como ejemplo los acuíferos de la Sabana de Bogotá, que por años fueron exprimidos por la industria privada de la floricultura. “En el IDEA denunciamos ante la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca el despilfarro en los cultivos que tomaban el agua subterránea. Esto ocurría mientras municipios de la Sabana sufrían desabastecimiento de agua potable. Uno se pregunta: ¿dónde queda la regulación, control y vigilancia oficial en estos casos?”.
Diana Tovar Pinilla, egresada de la Maestría en Ambiente y Desarrollo del IDEA, expone en su investigación que la Ley 365 del 2005 generó un debate nacional ante la posibilidad de instaurar lo que se denomina Sistema de Derechos Transferibles, el cual justifica el manejo del recurso en manos privadas para responder a criterios de eficiencia, optimización y sostenibilidad.
“Son diversas las críticas que se hacen por la implementación del sistema, como el hecho de no dar señales que reflejen la insuficiencia real del recurso, así como la imposibilidad de incorporar criterios de distribución equitativos, dejando por fuera a la población más vulnerable”, dice la investigadora.
En una encuesta a las corporaciones ambientales del país, Tovar determinó que “Colombia carece de información y tiene poca capacidad institucional para enfrentar el mercado del agua”. Por tanto, “el Estado debería mantener su carácter de bien público, como patrimonio de todos los ciudadanos, que garantice el desarrollo equitativo y sostenible”, concluye.
Para Jairo Sánchez, experto en economía ambiental del IDEA, el problema no es la privatización de algunas fases de la gestión del agua, sino entregarle toda la responsabilidad de la regulación al sector privado.
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