Brigitte Baptiste
Con el anuncio de la nueva estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) reaparece en escena el tema de los mercados verdes. Se trata de un tipo de iniciativa que impulsa el uso sostenible de la biodiversidad y potencia los factores de competitividad más obvios de nuestro país, por encima del oro y el petróleo, ya que son pocos quienes compiten con nuestra megadiversidad (fundamentalmente Brasil, por su tamaño), y si muchos con los recursos minero-energéticos. La pregunta, sin embargo, es cuál es el papel que debe jugar la institucionalidad en el desarrollo de este tipo de mercados, después de casi dos décadas de promover la producción más limpia (hay un CONPES para ello) o el consumo de productos orgánicos o ecológicos (vía certificación, por ejemplo).
El propósito de un sistema específico de mercadeo basado en la biodiversidad no es otro que el de generar rentabilidad financiera a partir de nuevas líneas de producción basadas en la variadísima oferta de fauna, flora y microorganismos de nuestro país; a veces incluyendo temas como los paisajes y su aporte al ecoturismo. En ese sentido, es igualmente válido promover la venta de mermelada de uva de anís o de carne de chigüiro, que sombreros de cañaflecha (vueltiaos) o extractos de plantas medicinales destilados por cooperativas rurales y certificados por Invima (que casi nunca lo hace…). Y por supuesto, material genético, si logramos deshacernos de la paranoia de la biopiratería, que ha tenido efectos nefastos en la investigación en el país. En síntesis, crear una economía de mercado para la biodiversidad, que contribuya a valorarla al menos monetariamente, y por tanto, a generar ingresos que podrían usarse proporcionalmente para la conservación, vía impuestos, tasas o inversiones directas de los productores.
Es precisamente este último postulado el que impulsa al “sector” ambiental a promover el biocomercio, como parte de una política pública que fomenta la búsqueda de recursos frescos del sector privado para pagar por la preservación de los ecosistemas, al menos parcialmente: transferir a los agentes de las cadenas productivas parte de los costos de la conservación. Es sensato.
Siendo una actividad cuya lógica pertenece al comercio, pareciera obvio que fuesen los comerciantes los más interesados en este universo de oportunidades, pero esto no está sucediendo efectivamente. Dirán estos que se trata de actividades riesgosas, de largo aliento, que requieren innovación tecnológica, etc. Motivos para pedir subsidios. Motivos para pedir inversión de recursos públicos en actividades de fortalecimiento gremial, capacitación, investigación, promoción. Actividades para el SENA, COLCIENCIAS, las Cámaras de Comercio, Mincomercio, Proexport. ¿Pero puede el sector ambiental ser juez y parte de una estrategia de aprovechamiento de un recurso? ¿Qué diríamos si de los limitadísimos recursos del MADS se destinaran dineros para subsidiar actividades petroleras con el argumento de que se requiere encontrar caminos de extracción más sostenibles? ¿Deberían utilizarse los recursos públicos ambientales para pagar por la reconversión ecológica de las actividades ganaderas o agropecuarias destructivas? Lo cierto es que si muchas actividades productivas no sostenibles han sido subsidiadas fuertemente por el Estado, ¿por qué no las ambientalmente sensibles? ¿Ecoingreso seguro? ¿O es mejor dejar de gastar recursos de otros sectores subsidiando actividades no sostenibles, como los sistemas arroceros que acaban transfiriendo a las compañías de agroquímicos los impuestos de los colombianos?
Parecería que la prescripción de una política de biocomercio requiere de una estrategia fiscal o crediticia específicamente estructurada para permitirle a los agentes privados cumplir con las normas y políticas de la sostenibilidad, no solamente para adherirse a sus principios como mecanismo de publicidad: lo que está en juego no es la rentabilidad sino la supervivencia.
La responsabilidad ecológica es de todos los colombianos, y existen mecanismos para promoverla y hacer que sea realidad el principio constitucional que la consagra, sin necesidad de que nos cobren por ella.
http://www.lasillavacia.com/elblogueo/blogverde/28115/biocomercio-eco-ingreso-seguro
Con el anuncio de la nueva estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) reaparece en escena el tema de los mercados verdes. Se trata de un tipo de iniciativa que impulsa el uso sostenible de la biodiversidad y potencia los factores de competitividad más obvios de nuestro país, por encima del oro y el petróleo, ya que son pocos quienes compiten con nuestra megadiversidad (fundamentalmente Brasil, por su tamaño), y si muchos con los recursos minero-energéticos. La pregunta, sin embargo, es cuál es el papel que debe jugar la institucionalidad en el desarrollo de este tipo de mercados, después de casi dos décadas de promover la producción más limpia (hay un CONPES para ello) o el consumo de productos orgánicos o ecológicos (vía certificación, por ejemplo).
El propósito de un sistema específico de mercadeo basado en la biodiversidad no es otro que el de generar rentabilidad financiera a partir de nuevas líneas de producción basadas en la variadísima oferta de fauna, flora y microorganismos de nuestro país; a veces incluyendo temas como los paisajes y su aporte al ecoturismo. En ese sentido, es igualmente válido promover la venta de mermelada de uva de anís o de carne de chigüiro, que sombreros de cañaflecha (vueltiaos) o extractos de plantas medicinales destilados por cooperativas rurales y certificados por Invima (que casi nunca lo hace…). Y por supuesto, material genético, si logramos deshacernos de la paranoia de la biopiratería, que ha tenido efectos nefastos en la investigación en el país. En síntesis, crear una economía de mercado para la biodiversidad, que contribuya a valorarla al menos monetariamente, y por tanto, a generar ingresos que podrían usarse proporcionalmente para la conservación, vía impuestos, tasas o inversiones directas de los productores.
Es precisamente este último postulado el que impulsa al “sector” ambiental a promover el biocomercio, como parte de una política pública que fomenta la búsqueda de recursos frescos del sector privado para pagar por la preservación de los ecosistemas, al menos parcialmente: transferir a los agentes de las cadenas productivas parte de los costos de la conservación. Es sensato.
Siendo una actividad cuya lógica pertenece al comercio, pareciera obvio que fuesen los comerciantes los más interesados en este universo de oportunidades, pero esto no está sucediendo efectivamente. Dirán estos que se trata de actividades riesgosas, de largo aliento, que requieren innovación tecnológica, etc. Motivos para pedir subsidios. Motivos para pedir inversión de recursos públicos en actividades de fortalecimiento gremial, capacitación, investigación, promoción. Actividades para el SENA, COLCIENCIAS, las Cámaras de Comercio, Mincomercio, Proexport. ¿Pero puede el sector ambiental ser juez y parte de una estrategia de aprovechamiento de un recurso? ¿Qué diríamos si de los limitadísimos recursos del MADS se destinaran dineros para subsidiar actividades petroleras con el argumento de que se requiere encontrar caminos de extracción más sostenibles? ¿Deberían utilizarse los recursos públicos ambientales para pagar por la reconversión ecológica de las actividades ganaderas o agropecuarias destructivas? Lo cierto es que si muchas actividades productivas no sostenibles han sido subsidiadas fuertemente por el Estado, ¿por qué no las ambientalmente sensibles? ¿Ecoingreso seguro? ¿O es mejor dejar de gastar recursos de otros sectores subsidiando actividades no sostenibles, como los sistemas arroceros que acaban transfiriendo a las compañías de agroquímicos los impuestos de los colombianos?
Parecería que la prescripción de una política de biocomercio requiere de una estrategia fiscal o crediticia específicamente estructurada para permitirle a los agentes privados cumplir con las normas y políticas de la sostenibilidad, no solamente para adherirse a sus principios como mecanismo de publicidad: lo que está en juego no es la rentabilidad sino la supervivencia.
La responsabilidad ecológica es de todos los colombianos, y existen mecanismos para promoverla y hacer que sea realidad el principio constitucional que la consagra, sin necesidad de que nos cobren por ella.
http://www.lasillavacia.com/elblogueo/blogverde/28115/biocomercio-eco-ingreso-seguro
No hay comentarios:
Publicar un comentario