Las
acciones y propuestas del gobierno frente a los estragos causados por
el invierno están bien intencionadas pero no van a la raíz del problema y
hasta pueden reforzar el modelo de desarrollo que nos ha conducido a
esta crisis planetaria.
Una crisis de civilización
Los efectos de los cambios del clima
sobre distintas regiones del planeta demuestran que nos encontramos en
una fase aguda y al mismo tiempo grave de una anunciada crisis de la
civilización humana, y particularmente de la llamada "civilización
occidental", que durante muchas generaciones ha impuesto una manera
particular de entender el mundo y de interactuar con sus dinámicas.
- Las nevadas de finales del año pasado y principios de éste han
superado la capacidad de adaptación de países como Rusia, que en otras
épocas se alió con el frío para vencer a los ejércitos de Napoleón y de
Hitler.
- En Estados Unidos, en Europa y en China, en donde los inviernos
fuertes son una expresión normal de la variabilidad climática, colapsan
los sistemas de transporte terrestre y aéreo, con graves perjuicios para
las economías y para el desarrollo de las actividades cotidianas. En
Japón la nieve hunde una flota pesquera.
- En el sur del continente suramericano, la ola de calor, que también
es una expresión normal de la variabilidad climática en esta época del
año, "revienta" la capacidad de las empresas generadoras de energía para responder a la demanda de los equipos de aire acondicionado.
- Miles de aves y otros animales mueren masiva y misteriosamente en distintas latitudes del planeta.
- Australia, Brasil, Sri Lanka y Polonia, en esquinas opuestas del
mundo, se unen a una lista creciente de países que, a diario, muestran
de manera dramática y con grandes pérdidas humanas y económicas, su
inadaptación frente a los cambios normales y anormales del clima.
Las noticias de muchos de estos procesos
actuales repiten textualmente lo ocurrido a finales de 2009 y
principios de 2010 en los mismos lugares. En 2008 los afectados por la
ola invernal pasaron de un millón en Colombia y en 2010 se duplicaron.
En 2003 una ola de calor causó de manera
directa o indirecta, la muerte de cerca de 50 mil personas en Europa.
Por lo visto, ese futuro que esperábamos como consecuencia del cambio
climático, ya se convirtió en una terrible realidad presente.
Esta crisis de civilización no es
solamente de paradigmas (con todo lo que ello implica en el mediano y
largo plazo), como lo fueron las que desencadenó la ‘revolución copernicana' que desplazó a la Tierra, y con ella al ser humano, desde el centro hacia una posición periférica en el Sistema Solar; o la ‘revolución darwiniana' que desplazó al ser humano del centro de la "Creación" y nos obligó a reconocernos como una especie más o una etapa más en la evolución de la vida en la Tierra.
Los efectos de esta crisis de civilización
posiblemente tienen más elementos en común con los que produjo la peste
en Europa en la Edad Media de lo que parece a primera vista. Puede que
el traslado de la Tierra desde el centro hacia la periferia del Sistema
Solar, no hubiera generado efectos inmediatos en las casas de la gente,
como sí lo están haciendo ahora el agua y el barro en miles de hogares y
otras edificaciones de Colombia, de Venezuela, de Brasil o de
Australia. Aunque, claro, Galileo podría exponer varios argumentos para
refutarme.
Estamos realmente ante una crisis de
paradigmas, que como las otras citadas, debería conducir a la especie
humana a reconsiderar su arrogancia, pero también ante una crisis con
efectos de cortísimo plazo, que obliga a los gobiernos y a las
sociedades a actuar con prontitud para intentar al menos proteger vidas
humanas y aliviar los traumatismos más inmediatos. Es una crisis de
paradigmas y cosmovisiones, y al mismo tiempo una gravísima crisis
ecológica y humanitaria.
Colombia y la crisis planetaria
Colombia, por supuesto, no escapa a los
efectos locales de esa crisis planetaria. En este momento el país vive
el peor de los desastres que lo han afectado en su historia, desde el
punto de vista de la extensión comprometida.
La incapacidad del territorio colombiano
para absorber los efectos de una temporada invernal muy fuerte, se
están manifestando desde la Guajira hasta Nariño y desde Norte de
Santander hasta el Chocó. En los Llanos Orientales, paradójicamente, se
advierte sobre el peligro de incendios forestales.
Nada de lo que está sucediendo en el
país en este momento es inédito: inundaciones con efectos desastrosos en
el Caribe, ruptura del Canal del Dique, deslizamientos en zonas urbanas
y rurales de la región andina. Todo eso ya ha ocurrido antes, pero lo
que sí es nuevo es que todo suceda al mismo tiempo y con una intensidad
tan desbordada.
Fracaso de dos sistemas
Nos sorprende, nos avergüenza y nos
frustra a quienes -en mi caso en condición de mero ciudadano- hemos
contribuido a la construcción del Sistema Nacional para la Prevención y
Atención de Desastres (que se comenzó a generar a partir del desastre de
Armero en 1985 y adquirió vida legal con la Ley 46 de 1988 y el
Decreto-Ley 919 de 1989) y a la construcción del Sistema Nacional
Ambiental (SINA, creado por la Ley 99 de 1993), que ese par de sistemas
no hayan sido capaces de reducir el avance de la vulnerabilidad del
territorio nacional frente a las dinámicas normales de la naturaleza,
mucho menos ante las relativamente excepcionales.
El mero hecho de que los dos sistemas
sean distintos y no uno sólo, ya arroja pistas sobre las razones del
fracaso. Lo mismo se puede decir de los demás sistemas que, con buen
fundamento teórico, pero con muy poca eficacia, se han creado en
Colombia para atender otros campos y actividades del desarrollo: no han
sido capaces de reducir la vulnerabilidad del país frente a las
múltiples dinámicas naturales y humanas que, por esa misma
vulnerabilidad, se vuelven amenazas. La gestión ambiental y la gestión
del riesgo han pretendido, definitivamente sin éxito, imprimirle una
dirección menos nociva al desarrollo económico.
El caso de las CAR
En este momento el Gobierno nacional
plantea adelantar una reforma de las Corporaciones Autónomas Regionales
que sin duda resulta necesaria, pero no suficiente. No toda la culpa del
actual desastre ambiental se les puede achacar a las CARs, aunque estas
instituciones tampoco pueden liberarse de responsabilidades.
Es necesario entender la complejidad del
problema, para que una intención loable del Gobierno no termine en
nuevas frustraciones ni, sobre todo, en nuevos y más graves desastres. En el caso de la crisis ambiental, también es necesario buscar al ahogado -o al ahogador- aguas arriba.
Durante el gobierno anterior se
presentaron varias situaciones en las cuales las CARs se vieron
obligadas a resistir presiones del nivel nacional y a oponerse a órdenes
directas del propio presidente Uribe, para otorgar licencias
ambientales en territorios ambientalmente estratégicos.
- Así por ejemplo,
la directora (enfatizo en el género) de CORTOLIMA, se opuso de manera
firme, en contra de las instrucciones de Uribe, a otorgar la licencia
ambiental para la explotación minera en la La Colosa (Cajamarca).
- La directora de
CORALINA no solamente se ha opuesto a la decisión del gobierno nacional
de dedicar 50 hectáreas para una cancha de golf en la isla de San Andrés
(que sólo tiene 27 kilómetros cuadrados de área), sino que hoy sigue
solicitando que la Empresa Nacional de Hidrocarburos excluya el Área
Marina Protegida Seaflower en el Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina (declarada además Reserva de la Biosfera), del bloque
de exploración sísmica para hidrocarburos que -bajo el nombre de Ronda
Colombia 2010- sacó a licitación pública la Agencia Nacional de
Hidrocarburos, adscrita al Ministerio de Minas, a mediados del año
pasado. Gran subasta a la cual nos referiremos al final de este
artículo.
La reforma del SINA -y no solamente de
las corporaciones- debe garantizar que al más alto nivel del Estado no
se tomen decisiones que atenten contra la seguridad ecológica y social
de las comunidades y de los ecosistemas colombianos.
Las últimas noticias indican que por
ahora ha quedado descartado o por lo menos aplazado un proyecto de
decreto legislativo mediante el cual el Gobierno nacional buscaba
eliminar las actuales Corporaciones Autónomas Regionales basado en la
emergencia ecológica. Afortunadamente, porque dicho decreto, con
seguridad, hubiera generado más problemas y amenazas, que verdaderas
soluciones. Pero además, el decreto que finalmente se expidió puede
tener vicios de inconstitucionalidad que conduzcan a su caída,
especialmente porque no todas las medidas que en él se adoptan parecen
tener la necesaria conexidad con las razones por las cuales se declaró el Estado de Emergencia con base en el artículo 215 de la Constitución.
Medidas de emergencia
El Gobierno nacional se está movilizando
con la presteza necesaria para atender la emergencia disparada por el
fenómeno de La Niña, desastre que para la mayor parte del país se hizo
evidente a finales de octubre y principios de noviembre, pero que ya se
avizoraba claramente desde el mes de abril del año pasado.
Se han tomado medidas para conseguir
recursos excepcionalmente altos que se encuentran en el rango de los
varios billones (millones de millones) de pesos. Se han creado distintos
tipos de subsidios para atender a los damnificados, se han asignado
recursos para la reconstrucción de escuelas y se han tomado otras
medidas de importancia innegable.
Interpretando al conjunto de la
sociedad, el Gobierno ha expresado como prioritaria la necesidad de
garantizar que no se roben esos recursos, y para ello ha tomado una
serie de medidas importantes, que esperamos resulten eficaces.
Criterios equivocados
Yo, por supuesto, comparto esa preocupación del Gobierno y de la sociedad, pero me preocupa, además, cómo y con qué criterios y prioridades se van a invertir los recursos que se salven del robo.
Hasta este momento, más allá de las
medidas sectoriales o puntales, no he visto ningún documento oficial que
establezca el enfoque territorial y social con que va a llevarse a cabo
la reconstrucción de la zona afectada por el desastre, salvo el
artículo central de la revista Semana que comenzó a circular el sábado 8 de enero.
En ese artículo se vislumbran algunas
pistas: nos presentan el perfil y la visión de los banqueros,
industriales y demás empresarios que van a dirigir la reconstrucción, y
nos dicen, por ejemplo, que "esta es la hora de pensar en grande en
la infraestructura del país, que lleva décadas de atraso. Por eso, en
esta fase hay que hacer túneles, viaductos, dobles calzadas, líneas
férreas y mejores aeropuertos, que permitan tener una economía más
competitiva para el comercio y más atractiva para la inversión
extranjera". En otras palabras, colocar como centro de la
reconstrucción el fortalecimiento del modelo de desarrollo que a nivel
planetario está conduciendo a la catástrofe.
Claro: afirma también el artículo que el gobierno es consciente de la necesidad de "proteger las laderas de los ríos" y que "las viviendas de alto riesgo se trasladen para anticiparse a una catástrofe".
En grandísima medida, tanto los ríos como las comunidades han sido
violentados, precisamente, por la materialización de ese modelo de
desarrollo que hoy se exacerba para conjurar el desastre.
Con muy buen criterio, el economista
Luis Jorge Garay propuso a finales del año pasado fusionar la política
de desplazados por distintas violencias y la de damnificados por el
invierno, entre otras razones porque en muchos casos son los mismos,
tanto en el Caribe, como en el Pacífico y en la región Andina.
Borrando con el codo
El Gobierno ha creado un "
Fondo de Reconstrucción y Adaptación Climática"
que en la región Caribe estará a cargo del doctor Hernán Martínez,
prestigioso ejecutivo y ex ministro de Minas y Energía del gobierno de
Uribe. Los mapas de abajo, preparados por el economista Guillermo Rudas
[1]
con base en información del Instituto Colombiano de Geología y Minería
(INGEOMINAS), revelan los efectos prácticos de la concepción del
territorio y del desarrollo de quien tendrá en sus manos la
reconstrucción y la adaptación al cambio climático de esa importante y
azotada región de Colombia:
En
los siguientes mapas del Ministerio de Vivienda, Ambiente y Desarrollo
Territorial se muestra la superposición de los títulos mineros
ya expedidos
sobre varios Parques Nacionales Naturales y otras zonas protegidas
(izquierda) y lo que sucedería si se conceden todos los títulos mineros
solicitados (derecha).
Ni qué decir del efecto de esos títulos
sobre las comunidades que habitan esos territorios ni de los ecosistemas
que resultan estratégicos para su supervivencia cotidiana. Si se
llegaran a expedir esos títulos, no va a quedar espacio libre ni para
sembrar una mata en más de media Colombia.
Para terminar, miremos el siguiente mapa
con el cual la Agencia Nacional de Hidrocarburos, dependiente del
Ministerio de Minas, sacó a licitación en junio del año pasado -en la
llamada Ronda Colombia 2010- 48 millones de hectáreas del territorio
colombiano para dedicarlas a la exploración y explotación petrolera, que
equivalen a 10 veces el tamaño de Costa Rica y a 1.231 veces el área
construida de la ciudad de Bogotá.
Fuente: http://www.rondacolombia2010.com/index_lang.php
Así, como en un hecho sin precedentes, mediante el decreto 141 de 2011 (uno
de los expedidos en virtud de la emergencia) el Gobierno acusa de
manera genérica a las directivas de las CARs de negligencia, de omisión
de deberes y de otras conductas que bien podrían constituir delitos
tipificados en el Código Penal ¿se adelantará algún procedimiento para
sancionar o por lo menos para investigar a los responsables de la
expedición de títulos mineros en áreas protegidas y en ecosistemas
vitales para la viabilidad ecológica del país, particularmente en
condiciones de cambio climático?
¿Con qué criterios, entonces, se va a
emprender la reconstrucción de la región Caribe y del resto del país?
¿Con qué enfoques y prioridades se van a "adaptar" al cambio
climático el territorio nacional, sus ecosistemas, sus instituciones y
sus comunidades? La pregunta queda planteada. Habrá que responderla con
hechos.
