Según
el Observatorio del Comercio de Carbono (Carbon Trade Watch, en inglés)
el negocio del dióxido de carbono entre empresas ha provocado
agudización de conflictos territoriales, militarización de los espacios
civiles, violaciones sistemáticas de los derechos humanos y la
criminalización de las voces de protesta. Colombia impulsa ese mercado
desde 2002 y hoy en día es el cuarto país de Latinoamérica en número de
proyectos registrados ante la ONU y el decimoprimero del mundo, los
cuales se están desarrollando en los sectores de energía, forestal,
transporte y sus principales beneficiarios son empresas nacionales e
internacionales como ISAGEN, ARGOS S.A., CEMEX, Empresas Públicas de
Medellín, Cerrejón S.A. o Transmilenio.
ARGOS
tiene programas de reforestación con teca en los departamentos de Sucre
y Antioquia que han sido aprobados como Mecanismo de Desarrollo Limpio.
Recientemente, el lingüista y activista estadounidense Noam Chomsky afirmaba
que para poder seguir justificando intervenciones económicas y
militares desde Europa y Estados Unidos se necesitaban durante los años
90 otros pretextos que los de la amenaza comunista. La lucha contra las
sustancias ilícitas durante esa década ofreció una buena alternativa
justificando decenas de intervenciones militares, políticas y económicas
en varios países de América Latina y Asia. A la vez se seguían buscando
otros escenarios que legitimaban mantener prácticas de intervención y
dominación. Las preocupaciones frente al cambio climático en este
sentido parecían una opción que podía contar con un respaldo a nivel
mundial y fue así como los años 90 estuvieron enfocados en crear un
marco jurídico internacional al respecto.
El texto de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) fue aprobado en la sede
de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 9 de mayo de 1992. En 1993, la
Convención había recibido 166 firmas y entró en vigor el 21 de marzo de
1994. En 1997, la firma del Protocolo de Kyoto fue testigo de cómo 38
países industrializados se comprometían a recortar las emisiones de
gases de efecto invernadero para el año 2012 en una media del 5,2%
respecto a los niveles de 1990.
Las críticas desde el mundo ecologista
remarcaban que este marco legal no atacaba las causas estructurales del
fenómeno del calentamiento global, sino que permitía crear nuevos
mercados como el de las emisiones de CO2 (dióxido de carbono). Además,
el discurso de ser una empresa CO2 neutral o verde constituía para las
grandes corporaciones una excelente estrategia para promocionarse ante
sus consumidores. A su vez, legitimaban nuevas intervenciones alrededor
del mundo por parte de empresas multinacionales, ejércitos extranjeros y
bancos y agencias multilaterales.
Destacan en este sentido documentos como el aprobado por el Estado Mayor del ejército canadiense en 2009 llamado “El contexto de la futura seguridad 2008-2030”
en donde referencia el papel del ejército en el contexto del cambio
climático: «En todo el mundo tendrán lugar fenómenos meteorológicos cada
vez más violentos y cada vez más vinculados al cambio climático que
exigirán intervenciones militares, desde misiones de socorro a las
víctimas de catástrofes naturales hasta operaciones de estabilización a
gran escala».
Comercialización de los gases y Mercado de Desarrollo Limpio
El nivel actual de concentración de dióxido de carbono es el más alto de los últimos 420.000 años y, probablemente, de los
últimos 20 millones de años. El CO2 es el gas que más ha contribuido al
efecto invernadero y proviene principalmente de la quema de
combustibles fósiles, pero también se genera a partir de la
producción de cemento y el cambio en el uso de los suelos. La Agencia
Internacional de Energía estima que las emisiones en 2010 subieron a un
récord histórico de 30,6 gigatoneladas.
La firma del
Protocolo de Kyoto en vez de obligar a las empresas a reducir sus
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) abrió la puerta para
comercializar este tipo de gases en dos grandes formatos: el sistema de
“tope y trueque” (cap and trade) y el sistema de “compensaciones”.
El “tope y
trueque” es un mecanismo que permite a gobiernos u organismos
intergubernamentales como la Comisión Europea distribuir licencias para contaminar (o “permisos de emisión”) entre las grandes industrias. En lugar de cambiar su comportamiento, la industria contaminante puede después negociar estos permisos con otra que podría realizar cambios “equivalentes” de forma más barata.
El mecanismo
de compensaciones no implica la reducción de las emisiones en el
origen, si no que las empresas —y, a veces, los organismos financieros
internacionales, gobiernos y particulares— financian “proyectos de
ahorro de emisiones” fuera del territorio donde se deberían reducir.
El principal programa de este tipo es el
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) administrado por las Naciones
Unidas. El mercado regulado por las Naciones Unidas es un mercado de
Certificados de Emisiones Reducidas (CER) donde los proyectos han de ser
aprobados por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés, creada a partir del
Protocolo de Kyoto). A través de este mecanismo, una
empresa energética europea, por ejemplo, puede reducir sus emisiones
comprando los bonos generados a partir de un MDL que se esté
desarrollando en Colombia.
El mecanismo de la UNFCCC para algunas de
las empresas que quieren compensar sus emisiones es demasiado costoso y
burocrático por lo que se han creado varios mercados paralelos. Estos
mercados de emisiones de carácter voluntario comercializan Emisiones
Reducidas Verificadas (VER) y no Certificadas como las de la UNFCCC. La
verificación corre por cuenta de organizaciones no gubernamentales que
buscan posicionarse como referentes para las empresas que quieren
comprar los bonos. Entre los mercados voluntarios existentes se
encuentran los mercados de Montreal en Canadá, el de Santiago de Chile y
de Tianjin en China, entre otros.
La financiación de los proyectos de MDL y
otros proyectos de compensaciones en gran parte corre por parte de
instituciones financieras como el Banco Mundial o el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), como también por parte de las
empresas que se dedican al consumo de las fuentes energéticas fósiles —y
por ende las que más CO2 producen— como son las mineras, petroleras o
energéticas, entre otras. British Petroleum, Chevron o Xstrata, por
mencionar algunas, son empresas involucradas en este negocio que tienen
proyectos de MDL o financian a través de terceros estos proyectos.
Los proyectos de compensaciones hasta la
fecha han permitido la financiación, implementación y legitimación de
megaproyectos económicos desarrollados por empresas minero-energéticas y
organismos multilaterales de financiación en países del sur. La
necesidad de grandes extensiones de tierras para algunos de estos
megaproyectos ha llevado, entre otras, según el Observatorio del
Comercio de Carbono (Carbon Trade Watch, en inglés) a la agudización de
conflictos territoriales, la militarización de los espacios civiles,
violaciones sistemáticas de los derechos humanos y la criminalización de
las voces de protesta.
Política en Colombia frente al mercado de carbono
El gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010)
impulsó los mercados de carbono en Colombia creando un marco legislativo
desde 2002 y promocionando entre las empresas minero-energéticas el
gran potencial que podía tener Colombia en este aspecto. La Ley 788 del
27 de diciembre de 2002 daba unos incentivos tributarios en proyectos de
reducción de emisiones de carbono a través de sus artículos 18 y 95
promoviendo la participación en este mercado de las empresas de
reforestación y las hidroeléctricas.
El 25 de agosto de 2003 el Departamento
Nacional de Planeación y el Ministerio del Medio Ambiente publicaron el
documento CONPES 3242 —“Estrategia institucional para la venta de servicios ambientales de mitigación del cambio climático”—
que «busca promover la incursión competitiva de Colombia en el mercado
internacional de reducciones verificadas de emisiones de gases de efecto
invernadero»..Se designó como autoridad nacional frente a la
UNFCCC al Ministerio del Medio Ambiente que aprobó el primer proyecto
de MDL en 2006.
Las ganancias que generaron los proyectos
de Mecanismos de Desarrollo Limpio para el año 2010 en Colombia eran de
alrededor de 140 millones de dólares, cubriendo muchas veces los costos
de producción o implementación del proyecto. Los megaproyectos
presentados como Mecanismos de Desarrollo Limpio se están desarrollando
en los sectores de energía, forestal, transporte y sus principales
beneficiarios son empresas nacionales e internacionales, entre las que
se encuentran ISAGEN, ARGOS S.A., CEMEX, Empresas Públicas de Medellín,
Cerrejón S.A. y Transmilenio.
Por ejemplo, la empresa ARGOS S.A. ha
implementado un proyecto de reforestación en los Montes de María donde
fueron sembradas casi 3.000 hectáreas con teca en una zona en la que
organizaciones de derechos humanos denuncian que alrededor de 120.000
campesinos y campesinas dejaron sus fincas como resultado de la
violencia ejercida por estructuras paramilitares y la Fuerza Pública.
Los costos para implementar este proyecto fueron cubiertos por los
ingresos que presentaba el proyecto como MDL. Por un periodo de 25 años
ARGOSy la empresa que ayudó en la elaboración del proyecto, MGM, estarán
recibiendo 500.000 dolares al año por la supuesta captura de CO2 que
representa este proyecto.
Colombia es hoy en día el cuarto país de
Latinoamérica en número de proyectos MDL registrados ante la ONU y el
número 11 del mundo. Los países que más han impulsado este nuevo mercado
han sido Brasil, Corea del Sur, India y China que como potencias
económicas emergentes encontraron en los MDL una fácil financiación de
sus megaproyectos energéticos. A finales de 2010 el número de proyectos
de Mecanismo de Desarrollo Limpio aprobados por el Ministerio del Medio
Ambiente era de casi 180. El gobierno colombiano en el Plan Nacional de
Desarrollo se propone que para 2014 este número haya llegado por lo
menos hasta 300. Los proyectos luego de que hayan sido aprobados por el
Ministerio de Medio Ambiente se presentan ante las Naciones Unidas, que
tiene un proceso más extensivo de aprobación. Los proyectos de MDL
registrados ante las Naciones Unidas son en este momento 34.
Mercado voluntario en Colombia
La necesidad de implementar un mercado de
carbono con más velocidad y extenderlo a más sectores llevó a que desde
el año 2010 el Ministerio de Medio Ambiente empezara a explorar las
posibilidades para crear un mercado voluntario de carbono en conjunto
con el Banco Interamericano de Desarrollo, la Fundación Natura y el
Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible (CECODES).
n en CECODES —entre
ellas se encuentran Bavaria, AngloGoldAshanti, Cerrejón S.A., ARGOS
S.A., HOLCIM, ISAGEN, Fedepalma o Smurif Kappa— y este mercado permite a
esas grandes forestales, mineras y energéticas poder tener acceso a
beneficios económicos y presentarse hacia sus consumidores como una
empresa verde sin tener que depender de la aprobación de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC).
Para ello fueron creadas decenas empresas y
organizaciones que se dedican a realizar numerosos cálculos sobre la
huella de carbono de cada empresa y el impacto de mitigación que tienen
sus proyectos de compensación. En Colombia, la Fundación Natura, fundada
en 1984, es una de las principales organizaciones conservacionistas que
han sido acusadas de ser instrumentalizadas
por el sector extractivista para poder legitimar e implementar un
mercado voluntario de carbono a través de proyectos forestales que han
de generar Verificados de Emisiones Reducidas tanto para el mercado
nacional como para el mercado internacional. Otras empresas como Terra
Commodities y la empresa Ecoeficiencias —cuyo gerente general es Tomás
Uribe, hijo del ex presidente— se han dedicado al desarrollo de
proyectos o a la verificación y medición de emisiones y mitigaciones de
CO2 para empresas del sector privado que ven las posibilidades
económicas del mercado de carbono.
Una de las apuestas de CECODES, el Banco
Interamericano para el Desarrollo (BID) y el Ministerio de Medio
Ambiente es REDD (Reducción de Emisiones de la Deforestación y de la
Degradación Forestal), una propuesta que por primera vez fue mencionada
en 2005 en el marco de la XI Cumbre sobre cambio climático de las
Naciones Unidas, realizada en Montreal (Canadá), que busca frenar la
deforestación, poniéndole un precio monetario a los bosques naturales
existentes en el mundo. En Colombia la versión actualizada de la
propuesta, llamada REDD+, implicaría la comercialización de las reservas
forestales y la vinculación de proyectos de lucha contra los cultivos
de uso ilícito como el de familias guardabosques y proyectos productivos
al mercado de emisiones de CO2. Según el Plan Nacional de Desarrollo,
en materia de erradicación manual voluntaria, se continuará con «los
programas de proyectos productivos y familias guardabosques, señalando
la importancia y potencial que tienen los ecosistemas estratégicos donde
existe la problemática de los cultivos ilícitos para la implementación
de esquemas REDD y MDL para mitigar el cambio climático».
A pesar de que el mecanismo de REDD+
todavía no ha sido aprobado en la UNFCCC por las críticas desde
comunidades indígenas y organizaciones ambientalistas que argumentan que
no se pueden mercantilizar las reservas naturales de esta manera, el
Ministerio de Medio Ambiente, el BID y el CECODES han implementado
varios proyectos REDD, en espera de la futura aprobación de esta
propuesta en el marco de las Naciones Unidas. La Fundación Natura a
través de talleres y publicaciones cumple el papel de legitimar dichos
proyectos ante las comunidades y los consumidores y dinamizar su
implementación. La apuesta no tiene pérdidas, ya que en el caso que
REDD+ no pase en el marco de UNFCCC, los proyectos siempre se podrán
presentar en el Mercado Voluntario.
El mercado de carbono en Colombia, tanto a
través de los proyectos de Mecanismos de Desarrollo Limpio como REDD+, y
los proyectos en el mercado voluntario son mecanismos acusados de
usarse para legalizar la usurpación ilegal de tierras productivas, ya
que la mayor parte de los proyectos que se implementan en el marco de
MDL necesitan grandes extensiones de tierra, muchas veces en zonas que
han sido escenario de desplazamiento forzado.
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CASOS TIPO
Caso ARGOS: plantaciones de teca en los Montes de María (Sucre)
La empresa cementera ARGOS S.A. perteneciente al Sindicato Antioqueño—grupo económico que agrupa a las principales empresas antioqueñas— es una de las cinco empresas colombianas más valoradas en el año 2010.
ARGOS tiene un proyecto MDL en San Onofre (Sucre) de una plantación de
teca y otro que ha sido aprobado por la Fundación Natura y que entra al
mercado voluntario de carbono. Entre los dos proyectos, ARGOS
pretende sembrar más de 12.000 hectáreas en los Montes de María de este
árbol apreciado por su madera que sería comercializada en los mercados
internacionales. Según pobladores de la zona que viven cerca de las
4.000 hectáreas que calculan que ya han sido sembradas, la llegada de la
empresa ha estado acompañada de gente de Antioquía y Urabá, entre las
que se encuentran reinsertados de estructuras paramilitares a quienes se
les ha visto ir camuflados y con armas largas AK-47 patrullando en
medio de las plantaciones, identificándose como “los protectores de la
teca”. Según estos testimonios parece haber una relación directa entre
las plantaciones de teca y las estructuras paramilitares que operan en
la región, ya que las personas armadas no tienen una identificación
visible y usan armas de guerra y prendas militares a pesar de que no
pertenecen a la Fuerza Pública.
Caso ISAGEN: hidroeléctrica sobre el Rio Amoyá (Tolima)
La empresa energética ha construido una
pequeña hidroeléctrica sobre el río Amoya en el sur de Tolima que
funciona haciendo pasar el caudal del río por turbinas. El proyecto ha sido aprobado como Mecanismo de Desarrollo Limpio en enero de 2011.
Según la empresa, la comunidad se estaría beneficiando de diferentes
programas sociales desarrollados por ISAGEN que incluyen acceso a la
educación y mejoras en la salud y la infraestructura.
ASTRACATOL ha denunciado amenazas y riesgo para la integridad de Jailer González.
Además, el 30 de marzo de 2011 fueron asesinados dos integrantes de la
misma asociación en el municipio de Chaparral donde se está
desarrollando la hidroeléctrica sobre el río Amoya. La organización
campesina se ha opuesto a la construcción de las hidroeléctricas y aboga
por una política agraria de la que se pueda beneficiar el pequeño
campesinado.
Caso EMGESA: represa El Quimbo
La represa sobre el río Magdalena
desarrollada por EMGESA ha sido polémica desde sus inicios. Las
comunidades en esta parte del Huila se han organizado alrededor de la
organización ASOQUIMBO y argumentan que las afectaciones sociales y
ambientales de la represa sobre su territorio serán irreversibles.
ASOQUIMBO propone crear una Zona de Reserva Campesina en la zona
afectada por el proyecto El Quimbo para asegurar que su territorio a
corto y largo plazo sea protegido frente a este tipo de megaproyectos.
El Quimbo ha sido aprobado por el Ministerio del Medio Ambiente como MDL
y espera su aprobación por la UNFCCC. La directora del Programa
Climático de International Rivers, organización ambientalista
internacional, al comentar la documentación presentada por EMGESA ante
la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
solicitando la aprobación como MDL ante la UNFCCC, exigió que no se
otorgue el registro debido a sus impactos negativos sociales y
ambientales: «Si hay un riesgo grande de este tipo de catástrofes
naturales, entonces no es prudente construir una represa en la región y
ninguna cantidad de dinero de la venta de créditos de carbono puede
disminuir este riesgo y proteger un proyecto de tales calamidades. Una
decisión inteligente es no construir en las regiones propensas
sísmicamente».
Caso ISAGEN: represa Hidrosogamoso
http://notiagen.wordpress.com/2011/11/05/colombia-es-el-cuarto-pais-latinoamericano-en-proyectos-del-mercado-de-dioxido-de-carbono-de-la-onu/
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