La
emergencia invernal hace aún más necesario replantear el modelo de
ocupación del suelo en la ciudad. Radiografía autorizada y precisa de lo
que está pasando, lo que no debe pasar y lo que sí debe pasar con la
revisión del POT, con la zona norte, con Usme, con los terrenos
inundables, con los municipios vecinos, con la densificación y con los
programas de renovación urbana.
Un precio creado por la sociedad
Las imágenes dramáticas de las inundaciones en el occidente de Bogotá remiten, de nuevo, a la discusión sobre el ordenamiento territorial y sobre las políticas de vivienda social en la ciudad. Aunque las viviendas que se encuentran inundadas en esta ocasión fueron construidas por el sector formal - algunas de ellas a través del banco de tierras distrital (Metrovivienda)- cuando el invierno arrecia la preocupación tiene que dirigirse, en primer término, a los barrios informales que ocupan zonas de riesgo o que están construidos con materiales inadecuados.
Para algunos el ordenamiento del territorio es un simple asunto técnico que reglamenta los usos del suelo y proyecta las infraestructuras e intervenciones públicas y privadas, cuando en realidad es un acuerdo político que expresa y recoge una de las tensiones críticas de la vida urbana: la disputa por las mejores condiciones de localización relativa dentro de la ciudad.
Ahí es donde adquiere su precio una mercancía como el suelo, que no es producida por el ser humano y, por tanto, no incorpora trabajo. La localización es creada socialmente- y también el precio del suelo, llamado “plusvalía”. No hay nada en el precio de este bien que no sea creado por la colectividad: cada terreno remite a su relación con los demás, de manera que su localización relativa depende de las múltiples acciones de los distintos actores de la ciudad [1].
Uno de esos actores es el Estado, autorizado por la ley para definir la distribución de los usos del suelo y con la capacidad de movilizar recursos colectivos para invertir en infraestructuras y equipamientos. Hasta ahora en las ciudades colombianas, incluida Bogotá, ha dominado una lógica que valoriza el suelo de propiedad privada mediante la asignación de usos y normas de edificabilidad sin contraprestación alguna; esta lógica refuerza la desigualdad, porque los dueños del suelo, favorecidos por las normas y la inversión pública, imponen precios altos al conjunto de la sociedad.
Los anteriores planteamientos conceptuales se traducen en instrumentos y reglamentos complejos y dispersos, que escapan al control -o aún a la comprensión- del ciudadano corriente. En lo que sigue intento describir algunos de ellos.
1. La revisión del plan de ordenamiento territorial (POT)
La administración Moreno emprendió una modificación, que legalmente tenía que ser de carácter excepcional, y que es factible siempre y cuando se sustenten técnicamente los motivos en que se fundamenta. Uno de los motivos invocados fue el ajuste de las normas del POT a “factores de riesgo” y al cambio climático. Pero la sustentación resulta insuficiente y haría falta un análisis más riguroso sobre la expansión al occidente y al norte de la ciudad y sobre el manejo del río Bogotá que, por ahora, no han sido consideradas. Estas decisiones no serán fáciles porque afectan expectativas de urbanización, ya que pueden implicar incluso la reversión de planes ya aprobados o en proceso de aprobación. Las resistencias serán fuertes y no se descartan demandas contra el Distrito.
No obstante es de esperar que los estragos del invierno en todo el país cambien la visión sobre usos del suelo por parte de los técnicos, los políticos, los jueces, las entidades de control y la ciudadanía en general, de tal manera que los costos se reduzcan y el Estado pueda concentrar sus recursos escasos en atender las causas verdaderas del problema.
Por lo demás, el proyecto de modificación impulsado por la administración Moreno no se ocupa de articular las normas de uso y edificabilidad con el sistema integrado de transporte público ni de actualizar las directrices sobre densificación para ponerse a tono con las dinámicas socio-demográficas. Poco avanza en las políticas de renovación urbana, a pesar de su evidente debilidad e inoperancia y mucho menos en la disponibilidad de suelo accesible a los hogares de bajos ingresos.
2. El Norte: reserva forestal, protección hídrica y plusvalía no cobrada
La Zona Norte ha sido la reserva de suelo para los usos rentables y por tanto, donde mayores precios se presentan por las expectativas de urbanización. Desde el año 2000, cuando fue formulado el primer POT, esta zona ha estado sometida a fuertes discusiones referentes a la reserva forestal, a las zonas de protección hídrica alrededor de los humedales y a la contención de la urbanización. En julio de 2011, después de once años de dilaciones, se declaró la reserva forestal del norte que ahora está pendiente de un plan de manejo que precise los usos y establezca los instrumentos que aseguren los objetivos de conservación. El área de protección del recurso hídrico fue uno de los puntos no concertados entre la CAR y el Distrito en el trámite de modificación excepcional del POT, que ahora deberá decidir el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la par con algunas áreas de riesgo por inundación donde el Distrito pretende formular planes parciales. Es decir que volvimos al punto de partida.
Por lo demás, la zona norte es un ejemplo del uso de la planeación para valorizar el suelo de propiedad privada, como lo muestran varias decisiones del alcalde Moreno:
- Se negó a establecer porcentajes obligatorios de vivienda social prioritaria (VIP, de menos de 70 salarios mínimos) con el argumento de que los usos rentables garantizarían recaudos tributarios mayores. Lo hizo solo por vía de excepción y con una serie de condiciones que dejan la decisión en manos del propietario del suelo.
- Cuando se adoptó la contribución de valorización para financiar parte de las obras viales necesarias para autorizar la construcción de la zona, se amplió el área de influencia, incluso hasta la calle 72, con la consecuente reducción del impacto sobre los terrenos del norte que se van a ver beneficiados con la urbanización [2]. El esquema de financiación del resto de las vías y del alcantarillado aún no se conoce.
- Adicionalmente, hace unos días la administración expidió un decreto donde crea un instrumento denominado “intercambio de suelos por derechos de edificabilidad adicional”, que no está contemplado ni en la ley ni en el POT, para adquirir suelo con destino a las vías y espacio públicos de la zona Norte. Con este instrumento, implícitamente, se cambia la destinación de la participación en plusvalía pues – según decisión del Concejo del año 2003- el 70 por ciento del recaudo debe destinarse a la producción de suelo para vivienda de menos de 50 salarios mínimos, que, claramente, no se construirá en la zona norte. Este cambio es aún más grave si uno recuerda que, tal como se planteó en 2003, el grueso de la participación en plusvalías se iba a recaudar en esta zona norte donde, por múltiples razones, aún no se ha aprobado ningún plan parcial.
3. Usme: proyectos truncados y viviendas en el aire
Mientras tanto el plan zonal de Usme fue diseñado en la administración Mockus para desarrollar programas de autogestión, con vivienda progresiva, atendiendo así el problema de la escasez de vivienda accesible para los más pobres.
En esta zona, donde no están presentes los intereses inmobiliarios del norte, se logró una reducción significativa de los precios del suelo mediante los instrumentos del POT y de la Ley 388. Pero el logro se vio desdibujado por una disminución importante del porcentaje de suelo destinado a programas de autogestión, y, aún más, por el abandono de este tipo de programas.
Por el contrario se intentó emular el programa nacional de macro-proyectos, al ofrecer en venta suelo semi-urbanizado. Resultado: cuatro convocatorias donde no se presentó ningún comprador interesado. Años de esfuerzo y la inversión en algunas vías por ahora perdidos, sin contar con el lucro cesante de la planta El Dorado. Como si esto fuera poco en julio de 2011 el Ministerio de Ambiente hizo conocer la cartografía de una reserva olvidada por todos, la de cuenca alta del río Bogotá, que obliga a detener cualquier proceso de urbanización hasta tanto el Ministerio tome una decisión sobre el plan zonal y el plan parcial ya aprobado.
4. Terrenos inundables y municipios vecinos
Hasta hace poco los constructores sostenían que el suelo en Bogotá se había agotado, pese a existir unas 5.000 hectáreas con tratamiento de desarrollo. Hoy en día, entre las áreas inundables, las áreas que tendrán que ser destinadas a recibir el agua cuando el nivel del río aumente y la reserva cuenca alta, el agotamiento del suelo urbanizable se ha vuelto más cercano y esto obliga a replantear de veras el ordenamiento de nuestro territorio. Aún queda suelo, pero su uso será cada vez más disputado y, por tanto, menos accesible para vivienda social. Por tanto la escalada de los precios va a agravarse, si al tiempo con el reordenamiento que impone el cambio climático no se evita la retención de los terrenos a la espera de los usos más rentables.
Algunas de las medidas tienen que ver con la ocupación del suelo alrededor de Bogotá, ocupación que no puede reducirse a la conurbación que aumentaría la gran mancha de aceite que hoy sufre la Sabana. En esta perspectiva habría que tener en cuenta al menos dos factores: la construcción de un sistema de transporte regional y la organización de una autoridad regional. Ambos están aún lejos de ser una realidad.
Así se vuelve urgente actuar sobre los lotes de engorde que aprovechan los vacíos de la reglamentación y el escaso impacto de instrumentos como la sobretasa del impuesto predial. La administración de Samuel Moreno comenzó la utilización de un instrumento por el que hay que apostar: la declaratoria de desarrollo prioritario, sujeta a venta forzosa en pública subasta. Se presentaron muchos problemas en su aplicación y apenas han salido a subasta menos de 10 hectáreas. Pero sin duda hay que seguir con él para incidir sobre la totalidad del suelo reservado para usos más rentables, al tiempo que se adoptan medidas y programas eficaces para la producción de vivienda social prioritaria.
5. La densificación y la renovación urbana
Dado el panorama descrito, el grueso del crecimiento seguirá resultando de la densificación, como viene ocurriendo, de una forma tan desorganizada como ocurre con la expansión urbana. Se dice que Bogotá es una ciudad muy densa y, comparativamente es cierto, pero sobre todo es una densidad mal distribuida. Densidades insostenibles en los barrios populares de origen informal y bajas densidades en las zonas rentables.
Mientras la Empresa de Acueducto se concentraba en la expansión descuidó la reposición de redes, sobre todo las de alcantarillado. Al mismo tiempo la administración asignaba edificabilidades generosas sin exigencia de cesiones para vías o espacio público ni pagos compensatorios. El ejemplo más diciente puede ser la promocionada Torre Bacatá, donde se otorgó una licencia para 60 pisos con usos comerciales, de servicio y vivienda sin aportar nada a la ciudad, más que congestión y saturación de las redes de servicios. ¿Quién pagará por esos impactos?
Mientras hay 1.800 hectáreas con tratamiento de renovación urbana sujetas a plan parcial y sin reglas de juego claras ni estables, en casi 10.000 hectáreas es posible demoler una casa y construir un edificio sin ninguna exigencia de aporte de suelo o pago por financiación de obras. Hay propuestas en ese sentido en la modificación del POT en curso, que tienen que ser reforzadas.
Además, la renovación ha sido entendida como un proceso de destrucción y sustitución de los espacios existentes para promover la llegada de usos más rentables. Es la modalidad que promueve la Empresa de Renovación Urbana y que, si bien afortunadamente ha tenido pocos avances, hasta ahora ha utilizado la expropiación, o su etapa previa de enajenación negociada- para propiciar negocios inmobiliarios con valorización del suelo y expulsión de población, como ocurrió en Manzana 5 o en Estación central. Y es el tipo de renovación urbana que esperan los agentes privados sea promovida por la administración: altas edificabilidades, reglas de juego más claras para facilitar el desarrollo de los proyectos y expropiación a favor de terceros. Consolidación y renovación siguen la lógica de favorecer el encarecimiento del suelo y reforzar la exclusión.
En conclusión
La ley 388 puso a disposición de los gobiernos municipales una serie de herramientas para lograr mejores condiciones de vida a través del ordenamiento del territorio y la redistribución de las rentas de suelo o plusvalías. El punto de partida era el manejo de las normas de ocupación, uso y edificación y, a partir de ahí, los porcentajes obligatorios de suelo para vivienda de interés social, la declaratoria de desarrollo prioritario sujeta a venta forzosa en pública subasta, las obligaciones urbanísticas en sistemas de distribución equitativa de cargas y beneficios, los bancos de tierra, la transferencia de derechos de construcción, la participación en plusvalías o la contribución de valorización.
Bogotá ha puesto a prueba casi todas con escasos resultados. Mientras la norma siga siendo un factor de desorden y no exista seguimiento y control de esos varios instrumentos, la degradación ambiental y la exclusión social seguirán en aumento. La situación de emergencia que vive la ciudad obliga a soluciones de urgencia, que empiezan por un replanteamiento profundo de la expansión y la densificación, la reorientación de la renovación urbana y un cambio en las reglas de juego de la financiación urbana y en las políticas de vivienda social.
* Abogada y urbanista, profesora e investigadora del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia.
http://razonpublica.com/index.php/regiones-temas-31/2615-maria-mercedes-maldonado.html
Un precio creado por la sociedad
Las imágenes dramáticas de las inundaciones en el occidente de Bogotá remiten, de nuevo, a la discusión sobre el ordenamiento territorial y sobre las políticas de vivienda social en la ciudad. Aunque las viviendas que se encuentran inundadas en esta ocasión fueron construidas por el sector formal - algunas de ellas a través del banco de tierras distrital (Metrovivienda)- cuando el invierno arrecia la preocupación tiene que dirigirse, en primer término, a los barrios informales que ocupan zonas de riesgo o que están construidos con materiales inadecuados.
Para algunos el ordenamiento del territorio es un simple asunto técnico que reglamenta los usos del suelo y proyecta las infraestructuras e intervenciones públicas y privadas, cuando en realidad es un acuerdo político que expresa y recoge una de las tensiones críticas de la vida urbana: la disputa por las mejores condiciones de localización relativa dentro de la ciudad.
Ahí es donde adquiere su precio una mercancía como el suelo, que no es producida por el ser humano y, por tanto, no incorpora trabajo. La localización es creada socialmente- y también el precio del suelo, llamado “plusvalía”. No hay nada en el precio de este bien que no sea creado por la colectividad: cada terreno remite a su relación con los demás, de manera que su localización relativa depende de las múltiples acciones de los distintos actores de la ciudad [1].
Uno de esos actores es el Estado, autorizado por la ley para definir la distribución de los usos del suelo y con la capacidad de movilizar recursos colectivos para invertir en infraestructuras y equipamientos. Hasta ahora en las ciudades colombianas, incluida Bogotá, ha dominado una lógica que valoriza el suelo de propiedad privada mediante la asignación de usos y normas de edificabilidad sin contraprestación alguna; esta lógica refuerza la desigualdad, porque los dueños del suelo, favorecidos por las normas y la inversión pública, imponen precios altos al conjunto de la sociedad.
Los anteriores planteamientos conceptuales se traducen en instrumentos y reglamentos complejos y dispersos, que escapan al control -o aún a la comprensión- del ciudadano corriente. En lo que sigue intento describir algunos de ellos.
1. La revisión del plan de ordenamiento territorial (POT)
La administración Moreno emprendió una modificación, que legalmente tenía que ser de carácter excepcional, y que es factible siempre y cuando se sustenten técnicamente los motivos en que se fundamenta. Uno de los motivos invocados fue el ajuste de las normas del POT a “factores de riesgo” y al cambio climático. Pero la sustentación resulta insuficiente y haría falta un análisis más riguroso sobre la expansión al occidente y al norte de la ciudad y sobre el manejo del río Bogotá que, por ahora, no han sido consideradas. Estas decisiones no serán fáciles porque afectan expectativas de urbanización, ya que pueden implicar incluso la reversión de planes ya aprobados o en proceso de aprobación. Las resistencias serán fuertes y no se descartan demandas contra el Distrito.
No obstante es de esperar que los estragos del invierno en todo el país cambien la visión sobre usos del suelo por parte de los técnicos, los políticos, los jueces, las entidades de control y la ciudadanía en general, de tal manera que los costos se reduzcan y el Estado pueda concentrar sus recursos escasos en atender las causas verdaderas del problema.
Por lo demás, el proyecto de modificación impulsado por la administración Moreno no se ocupa de articular las normas de uso y edificabilidad con el sistema integrado de transporte público ni de actualizar las directrices sobre densificación para ponerse a tono con las dinámicas socio-demográficas. Poco avanza en las políticas de renovación urbana, a pesar de su evidente debilidad e inoperancia y mucho menos en la disponibilidad de suelo accesible a los hogares de bajos ingresos.
2. El Norte: reserva forestal, protección hídrica y plusvalía no cobrada
La Zona Norte ha sido la reserva de suelo para los usos rentables y por tanto, donde mayores precios se presentan por las expectativas de urbanización. Desde el año 2000, cuando fue formulado el primer POT, esta zona ha estado sometida a fuertes discusiones referentes a la reserva forestal, a las zonas de protección hídrica alrededor de los humedales y a la contención de la urbanización. En julio de 2011, después de once años de dilaciones, se declaró la reserva forestal del norte que ahora está pendiente de un plan de manejo que precise los usos y establezca los instrumentos que aseguren los objetivos de conservación. El área de protección del recurso hídrico fue uno de los puntos no concertados entre la CAR y el Distrito en el trámite de modificación excepcional del POT, que ahora deberá decidir el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la par con algunas áreas de riesgo por inundación donde el Distrito pretende formular planes parciales. Es decir que volvimos al punto de partida.
Por lo demás, la zona norte es un ejemplo del uso de la planeación para valorizar el suelo de propiedad privada, como lo muestran varias decisiones del alcalde Moreno:
- Se negó a establecer porcentajes obligatorios de vivienda social prioritaria (VIP, de menos de 70 salarios mínimos) con el argumento de que los usos rentables garantizarían recaudos tributarios mayores. Lo hizo solo por vía de excepción y con una serie de condiciones que dejan la decisión en manos del propietario del suelo.
- Cuando se adoptó la contribución de valorización para financiar parte de las obras viales necesarias para autorizar la construcción de la zona, se amplió el área de influencia, incluso hasta la calle 72, con la consecuente reducción del impacto sobre los terrenos del norte que se van a ver beneficiados con la urbanización [2]. El esquema de financiación del resto de las vías y del alcantarillado aún no se conoce.
- Adicionalmente, hace unos días la administración expidió un decreto donde crea un instrumento denominado “intercambio de suelos por derechos de edificabilidad adicional”, que no está contemplado ni en la ley ni en el POT, para adquirir suelo con destino a las vías y espacio públicos de la zona Norte. Con este instrumento, implícitamente, se cambia la destinación de la participación en plusvalía pues – según decisión del Concejo del año 2003- el 70 por ciento del recaudo debe destinarse a la producción de suelo para vivienda de menos de 50 salarios mínimos, que, claramente, no se construirá en la zona norte. Este cambio es aún más grave si uno recuerda que, tal como se planteó en 2003, el grueso de la participación en plusvalías se iba a recaudar en esta zona norte donde, por múltiples razones, aún no se ha aprobado ningún plan parcial.
3. Usme: proyectos truncados y viviendas en el aire
Mientras tanto el plan zonal de Usme fue diseñado en la administración Mockus para desarrollar programas de autogestión, con vivienda progresiva, atendiendo así el problema de la escasez de vivienda accesible para los más pobres.
En esta zona, donde no están presentes los intereses inmobiliarios del norte, se logró una reducción significativa de los precios del suelo mediante los instrumentos del POT y de la Ley 388. Pero el logro se vio desdibujado por una disminución importante del porcentaje de suelo destinado a programas de autogestión, y, aún más, por el abandono de este tipo de programas.
Por el contrario se intentó emular el programa nacional de macro-proyectos, al ofrecer en venta suelo semi-urbanizado. Resultado: cuatro convocatorias donde no se presentó ningún comprador interesado. Años de esfuerzo y la inversión en algunas vías por ahora perdidos, sin contar con el lucro cesante de la planta El Dorado. Como si esto fuera poco en julio de 2011 el Ministerio de Ambiente hizo conocer la cartografía de una reserva olvidada por todos, la de cuenca alta del río Bogotá, que obliga a detener cualquier proceso de urbanización hasta tanto el Ministerio tome una decisión sobre el plan zonal y el plan parcial ya aprobado.
4. Terrenos inundables y municipios vecinos
Hasta hace poco los constructores sostenían que el suelo en Bogotá se había agotado, pese a existir unas 5.000 hectáreas con tratamiento de desarrollo. Hoy en día, entre las áreas inundables, las áreas que tendrán que ser destinadas a recibir el agua cuando el nivel del río aumente y la reserva cuenca alta, el agotamiento del suelo urbanizable se ha vuelto más cercano y esto obliga a replantear de veras el ordenamiento de nuestro territorio. Aún queda suelo, pero su uso será cada vez más disputado y, por tanto, menos accesible para vivienda social. Por tanto la escalada de los precios va a agravarse, si al tiempo con el reordenamiento que impone el cambio climático no se evita la retención de los terrenos a la espera de los usos más rentables.
Algunas de las medidas tienen que ver con la ocupación del suelo alrededor de Bogotá, ocupación que no puede reducirse a la conurbación que aumentaría la gran mancha de aceite que hoy sufre la Sabana. En esta perspectiva habría que tener en cuenta al menos dos factores: la construcción de un sistema de transporte regional y la organización de una autoridad regional. Ambos están aún lejos de ser una realidad.
Así se vuelve urgente actuar sobre los lotes de engorde que aprovechan los vacíos de la reglamentación y el escaso impacto de instrumentos como la sobretasa del impuesto predial. La administración de Samuel Moreno comenzó la utilización de un instrumento por el que hay que apostar: la declaratoria de desarrollo prioritario, sujeta a venta forzosa en pública subasta. Se presentaron muchos problemas en su aplicación y apenas han salido a subasta menos de 10 hectáreas. Pero sin duda hay que seguir con él para incidir sobre la totalidad del suelo reservado para usos más rentables, al tiempo que se adoptan medidas y programas eficaces para la producción de vivienda social prioritaria.
5. La densificación y la renovación urbana
Dado el panorama descrito, el grueso del crecimiento seguirá resultando de la densificación, como viene ocurriendo, de una forma tan desorganizada como ocurre con la expansión urbana. Se dice que Bogotá es una ciudad muy densa y, comparativamente es cierto, pero sobre todo es una densidad mal distribuida. Densidades insostenibles en los barrios populares de origen informal y bajas densidades en las zonas rentables.
Mientras la Empresa de Acueducto se concentraba en la expansión descuidó la reposición de redes, sobre todo las de alcantarillado. Al mismo tiempo la administración asignaba edificabilidades generosas sin exigencia de cesiones para vías o espacio público ni pagos compensatorios. El ejemplo más diciente puede ser la promocionada Torre Bacatá, donde se otorgó una licencia para 60 pisos con usos comerciales, de servicio y vivienda sin aportar nada a la ciudad, más que congestión y saturación de las redes de servicios. ¿Quién pagará por esos impactos?
Mientras hay 1.800 hectáreas con tratamiento de renovación urbana sujetas a plan parcial y sin reglas de juego claras ni estables, en casi 10.000 hectáreas es posible demoler una casa y construir un edificio sin ninguna exigencia de aporte de suelo o pago por financiación de obras. Hay propuestas en ese sentido en la modificación del POT en curso, que tienen que ser reforzadas.
Además, la renovación ha sido entendida como un proceso de destrucción y sustitución de los espacios existentes para promover la llegada de usos más rentables. Es la modalidad que promueve la Empresa de Renovación Urbana y que, si bien afortunadamente ha tenido pocos avances, hasta ahora ha utilizado la expropiación, o su etapa previa de enajenación negociada- para propiciar negocios inmobiliarios con valorización del suelo y expulsión de población, como ocurrió en Manzana 5 o en Estación central. Y es el tipo de renovación urbana que esperan los agentes privados sea promovida por la administración: altas edificabilidades, reglas de juego más claras para facilitar el desarrollo de los proyectos y expropiación a favor de terceros. Consolidación y renovación siguen la lógica de favorecer el encarecimiento del suelo y reforzar la exclusión.
En conclusión
La ley 388 puso a disposición de los gobiernos municipales una serie de herramientas para lograr mejores condiciones de vida a través del ordenamiento del territorio y la redistribución de las rentas de suelo o plusvalías. El punto de partida era el manejo de las normas de ocupación, uso y edificación y, a partir de ahí, los porcentajes obligatorios de suelo para vivienda de interés social, la declaratoria de desarrollo prioritario sujeta a venta forzosa en pública subasta, las obligaciones urbanísticas en sistemas de distribución equitativa de cargas y beneficios, los bancos de tierra, la transferencia de derechos de construcción, la participación en plusvalías o la contribución de valorización.
Bogotá ha puesto a prueba casi todas con escasos resultados. Mientras la norma siga siendo un factor de desorden y no exista seguimiento y control de esos varios instrumentos, la degradación ambiental y la exclusión social seguirán en aumento. La situación de emergencia que vive la ciudad obliga a soluciones de urgencia, que empiezan por un replanteamiento profundo de la expansión y la densificación, la reorientación de la renovación urbana y un cambio en las reglas de juego de la financiación urbana y en las políticas de vivienda social.
* Abogada y urbanista, profesora e investigadora del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia.
http://razonpublica.com/index.php/regiones-temas-31/2615-maria-mercedes-maldonado.html
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